La oposición venezolana denuncia "omisiones graves" en la amnistía propuesta por Delcy Rodríguez

La Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela (PUD) reiteró su denuncia sobre la exclusión de víctimas y la falta de garantías en el proceso amnistía propuesto por el Gobierno. De acuerdo con el comunicado difundido por la principal coalición opositora y reportado por el medio Europa Press, la agrupación advirtió que una amnistía incompleta o condicionada no puede considerarse auténtica, y remarcó la exigencia de liberación inmediata e incondicional de todas las personas consideradas presos políticos. Según expuso la PUD, el diseño actual del proyecto de ley omite la inclusión de amplios sectores de detenidos civiles y militares, no deroga la legislación represiva todavía vigente, ni habilita un retorno seguro para quienes se encuentran en el extranjero por motivos políticos. Asimismo, el planteamiento oficial no contempla el levantamiento de inhabilitaciones ni mecanismos para la reparación de las víctimas.

El texto, elaborado bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, ha provocado inquietud en el seno opositor por la manera en la que se dejaría la concesión de la amnistía en manos de órganos e instituciones estatales señalados como responsables de persecución. El pronunciamiento de la PUD, consignado por Europa Press, subrayó la preocupación que genera la dependencia del proceso respecto a estos organismos y cuestionó la legitimidad de cualquier reconciliación social cuya ejecución dependa de los actores implicados en detenciones previas. Según el comunicado, “no puede llamarse reconciliación a un proceso en el que la libertad de los perseguidos dependa de quienes ordenaron, ejecutaron o validaron su encarcelamiento”. Por ello, la coalición insistió en que cualquier instrumento jurídico para la amnistía debe garantizar la restauración total del orden constitucional y la recuperación plena de derechos fundamentales, generando confianza en la posibilidad de una transición política genuina.

La Plataforma Unitaria recordó los términos de su petición difundida el 30 de enero, donde recopiló las condiciones que considera indispensables para avanzar hacia una verdadera solución política. Según Europa Press, este documento sostiene, junto con la libertad inmediata de todos los presos políticos, el regreso de personas exiliadas, la anulación de inhabilitaciones políticas, el fin efectivo de la persecución judicial, y el desmantelamiento del aparato represivo. Adicionalmente, requiere la restitución de la libertad de prensa, la devolución de los partidos políticos intervenidos y garantías para la vigencia de la Constitución. La PUD argumentó que sin esos requisitos resultará imposible consolidar una transición política y una solución negociada en Venezuela.

La reacción de la oposición se produjo tras la aprobación por unanimidad, en la Asamblea Nacional, de una primera lectura sobre la ley de amnistía. Esta iniciativa, presentada con el fin de avanzar hacia una etapa de reconciliación tras una posible salida de Nicolás Maduro del poder, ha sido explicada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Según recogen medios como Europa Press, Rodríguez argumentó que el proyecto no se limitaba a listas de nombres para evitar exclusiones selectivas y que la norma tenía alcance desde 1999 hasta 2026, abarcando un amplio período histórico.

La ONG Foro Penal evaluó positivamente el inicio del trámite legislativo sobre la amnistía, aunque marcó como un punto pendiente la falta de acceso público al contenido completo del proyecto. Gonzalo Himiob, fundador de la organización, declaró a Europa Press que solo se conocía la exposición de motivos de la ley al momento de la votación; además, reclamó la divulgación inmediata del texto íntegro. Para Himiob, la participación y el respaldo de la sociedad civil resultan esenciales para que la amnistía tenga efectos duraderos, asegurando que “sin el respaldo y sin los aportes de la sociedad civil, la amnistía tendrá las patas muy cortas”.

El anuncio oficial realizado por Delcy Rodríguez incluyó, en paralelo, la propuesta de clausurar El Helicoide—instalación gestionada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)— y reconvertirla en un espacio cultural y deportivo. Esta medida ha llamado la atención de organizaciones de Derechos Humanos, que, según detalló Europa Press, continúan señalando la presencia de un marco legal punitivo vigente que afecta a ONG y limita el ejercicio de sus actividades. Adicionalmente, las asociaciones advierten que el proyecto de amnistía no prevé la cobertura de delitos cometidos durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, manteniendo fuera del alcance legal situaciones previas y actuales que afectan a numerosos actores políticos y sociales.

Mientras tanto, la Asamblea Nacional, con el respaldo unánime de las bancadas presentes, condujo la primera votación del proyecto sobre el que Jorge Rodríguez subrayó que su amplitud temporal buscaba dar respuesta a los hechos políticos entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de enero de 2026. El presidente del parlamento recalcó, según Europa Press, la importancia de evitar selectividades y exclusiones mediante “listados de nombres”, defendiendo el carácter abarcativo de la normativa.

Europa Press reportó que, hasta el momento, la legislación solo ha avanzado en la primera de las dos instancias requeridas para su aprobación definitiva, permaneciendo abierto el debate acerca de las condiciones y la transparencia del proceso. El reclamo opositor y las reservas de la sociedad civil inciden directamente sobre la legitimidad, alcance y posible implementación de la esperada medida de amnistía, en un contexto donde distintos sectores consideran indispensables mayores garantías para la protección de derechos y el restablecimiento del orden democrático en Venezuela.