Save the Children denuncia la destrucción de un centro de salud y el incendio de sus oficinas en Jonglei

La destrucción de vehículos y la retirada obligada de personal humanitario han afectado directamente a la prestación de servicios esenciales para la población de Jonglei, generando un impacto que, según organizaciones internacionales, deja desprotegidas a cientos de familias en el este de Sudán del Sur. De acuerdo con la información publicada por diversos organismos y la denuncia realizada por Save the Children, las operaciones de ayuda en las localidades de Walgak y Akobo han quedado suspendidas después de una serie de ataques armados, lo que agrava la crisis humanitaria en una región ya afectada por el conflicto.

Tal como reportó Save the Children en un comunicado recogido por medios internacionales, las acciones violentas incluyeron la destrucción de un centro de salud y el incendio, tras saqueo, de una de sus oficinas en el estado de Jonglei. El medio consignó que bandas armadas perpetraron estos ataques en la zona oriental del estado, que en el último mes ha experimentado un incremento de la violencia con más de 235.000 personas obligadas a abandonar sus hogares. La organización calificó el reciente aumento de agresiones contra infraestructuras humanitarias como un factor directo en la decisión de suspender indefinidamente sus actividades en Walgak y en el condado de Akobo, y de evacuar a sus 30 empleados del área, dejando sin acceso a servicios básicos a numerosos niños y familias dependientes de su intervención.

Los incidentes, según detalló Save the Children, no provocaron víctimas entre sus trabajadores ni entre habitantes locales, aunque el retiro del personal implica el cese inmediato de los programas de asistencia que incluían salud primaria y apoyo nutricional. La organización advirtió sobre el grave perjuicio que esta interrupción supone para las comunidades beneficiarias y reiteró su petición a las partes en conflicto para que cesen los ataques y respeten el Derecho Internacional Humanitario. “No hemos tenido más opción que suspender de forma indefinida nuestras operaciones en Walgak tras los repetidos ataques, pese al impacto que esto tendrá en muchas familias y niños que dependen de nosotros para los servicios esenciales”, expresó Chris Nyamandi, director de Save the Children en Sudán del Sur. Añadió que “cuando las instalaciones de ayuda son atacadas son los civiles, especialmente los niños, los que sufren las consecuencias. Estas acciones son inaceptables y deben parar”, enfatizando la obligación de las partes beligerantes de proteger tanto los bienes humanitarios como a los civiles.

La crisis de seguridad ha afectado también a otras organizaciones internacionales. Según consignó el medio, Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció recientemente la destrucción de su hospital en Lankien, en Jonglei, a consecuencia de un bombardeo del Ejército efectuado en el contexto de los enfrentamientos con el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO). El ataque provocó heridas leves a uno de los trabajadores humanitarios y destruyó el principal almacén de suministros críticos de la instalación médica. Antes de este evento, otra sede sanitaria de MSF en Pieri había sido asaltada y saqueada por individuos no identificados, lo que deja a la población de estas zonas sin acceso a medicinas y atención de salud basica.

El contexto de violencia y desplazamientos masivos también ha encendido alertas en agencias de Naciones Unidas. UNICEF advirtió recientemente, según publicó el medio, que más de 450.000 niños se encuentran en riesgo de padecer desnutrición aguda, en parte por la interrupción de programas de salud y alimentación causados por el conflicto y el desplazamiento forzoso. Esta cifra refleja el alcance de la emergencia humanitaria, agravada por la pérdida de cobertura de asistencia internacional en un momento crítico.

Las causas directas de la inseguridad se sitúan en los enfrentamientos armados entre el Ejército sursudanés y el SPLM-IO, grupo opositor liderado por el exvicepresidente Riek Machar, y su aliado, la milicia White Army. El jefe del Ejército, Paul Nang Majok, aseguró a la emisora local Radio Tamazuj que las fuerzas gubernamentales han logrado recuperar el control de la zona de Pieri Payam, definida como “el corazón de la insurgencia”. El gobierno había iniciado a finales de enero una ofensiva militar en Jonglei contra estos grupos y ordenado la evacuación de civiles, cascos azules de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) y personal humanitario, según información publicada por el medio.

El repunte del conflicto se remonta a febrero de 2025, cuando la milicia White Army lanzó una ofensiva contra el Ejército en la ciudad de Nasir, en el Alto Nilo, cerca de la frontera con Etiopía, ocupando temporalmente la localidad. Las autoridades respondieron acusando a Riek Machar y el SPLM-IO de conspirar contra la seguridad nacional, colocando al líder opositor bajo arresto domiciliario. El SPLM-IO denunció esa acción como una violación del acuerdo de paz de 2018, lo que ha conducido a un aumento de los combates en varios puntos del país, según la información divulgada por el medio fuente.

La actual crisis se inscribe además en un contexto político marcado por la decisión del presidente Salva Kiir, quien promulgó en septiembre de 2024 una enmienda a la Constitución para prolongar durante dos años el período de transición política. La comunidad internacional, reportó el medio, criticó la medida al estimar que supone un retroceso frente a los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz de 2018, especialmente en materia de celebración de elecciones y aplicación de las reformas pactadas.

Ante este panorama, Save the Children insistió en la necesidad urgente de garantizar acceso seguro y sin restricciones para los actores humanitarios y de respetar las obligaciones internacionales para la protección de civiles. Las acciones violentas contra organizaciones de ayuda ahondan la vulnerabilidad de comunidades ya afectadas y obstaculizan la recuperación del tejido social y sanitario en Jonglei y regiones adyacentes, consignó el medio.