Petro carga contra la Justicia por suspender el decreto de emergencia económica: "No puede servir a banqueros"

Durante su estancia en Washington D.C., el presidente de Colombia, Gustavo Petro, destacó en un encuentro con la diáspora colombiana la situación generada tras la suspensión del decreto de emergencia económica, señalando directamente a la Corte Constitucional como responsable de beneficiar, en sus palabras, a sectores financieros privilegiados. Según informó el medio, el mandatario colombiano calificó de apresurada la decisión del tribunal al suspender dicha normativa, preguntándose por qué no se esperó a contar con datos económicos completos antes de tomar esa determinación. La Corte, según insistió Petro, debería orientar sus resoluciones a favor de la ciudadanía y no de intereses particulares del sistema bancario.

De acuerdo con lo publicado, Petro afirmó: “La Corte Constitucional no puede ser un servidor de los banqueros, sino del pueblo”, dejando clara su postura sobre el papel que, a su juicio, debe desempeñar el máximo órgano de la justicia constitucional en Colombia. El mandatario reprochó que el análisis del decreto no contara previamente con información económica sólida, considerando prematura la suspensión: “¿Por qué en vez de eso, de antemano, de una vez, sin análisis, prohibido por la Constitución hacer eso, los magistrados de la Corte Constitucional suspendieron, no derogaron, el decreto de los impuestos a los ricos?”. Petro sostuvo que esta actuación impidió continuar la recaudación de impuestos a los sectores más acaudalados, como estaba previsto en la medida.

El medio detalló que el decreto suspendido fue implementado tras la decisión del Congreso colombiano, a inicios de diciembre, de rechazar la reforma tributaria que se había presentado con el objetivo de recaudar 16.300 millones de pesos, una suma aproximada a 3.700 millones de euros. Ese monto tenía como finalidad cubrir necesidades del presupuesto nacional previsto para el año 2026. La alternativa gubernamental al rechazo parlamentario fue declarar la emergencia económica y aprobar un decreto específicamente enfocado en los impuestos para los sectores con mayores ingresos.

La suspensión temporal del decreto por parte de la Corte Constitucional tuvo un impacto directo sobre la estrategia fiscal del gobierno para responder ante la falta de los recursos proyectados que permitirían garantizar los compromisos estatales de gasto para los próximos años. Petro, según reportó el medio, señaló que la interrupción del cobro de impuestos a los ricos obstaculiza el cumplimiento de estos objetivos presupuestarios, lo que podría traducirse en restricciones para la financiación de programas sociales y otras partidas prioritarias.

Además, durante su intervención en Washington D.C., Gustavo Petro también se refirió a la labor del Banco de la República, el banco central colombiano. A su entender, la junta directiva de esta entidad tomó una decisión errónea al incrementar la tasa de interés hasta el 10,25%. El presidente denunció que la medida adoptada se realizó de manera acelerada y sin un análisis completo de los datos económicos reales: “Son irrespetuosos, no respetan al pueblo”, expresó Petro, según consignó el medio.

Según las actas divulgadas tras la última junta sobre política monetaria, celebrada una semana antes del evento, el Banco de la República anticipó que mantendría el ciclo de incremento de tasas de interés, después de una subida inicial de 100 puntos básicos. Esta política busca mitigar las presiones inflacionarias derivadas, en buena parte, del aumento del salario mínimo para 2026, que se estableció por encima del 23%.

El medio agregó que la decisión del banco central tiene como meta principal contener el impacto en el costo de vida que podría acarrear el ajuste al salario mínimo. El entorno económico colombiano se ha caracterizado en los meses recientes por discusiones intensas respecto al equilibrio entre el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias, el control de la inflación y la justicia tributaria, temas sobre los cuales el presidente Petro volvió a dejar claro su desacuerdo con la visión tanto del sistema judicial como del banco central.

El debate sobre la función de las instituciones nacionales frente a la equidad social y el acceso a recursos fiscales continúa presente en la agenda pública colombiana, especialmente tras la controversia que provocó la suspensión del decreto y la política monetaria del Banco de la República. La administración de Petro mantiene su posicionamiento en defensa de mayores gravámenes a las personas y empresas con mayor capacidad económica, argumentando la necesidad de equilibrar el sistema tributario y respaldar la financiación de programas destinados al bienestar general.