
Los abogados de Francisco de Borbón, hijo menor del duque de Sevilla y primo del rey Juan Carlos, especificaron que la empresa irlandesa ET Finntech, con la que actualmente se relaciona a su representado en una investigación judicial, se dedicó únicamente al desarrollo de software y nunca operó en el sector de las criptomonedas. El comunicado, emitido este 6 de febrero y citado por El País, subraya que la compañía no contaba con licencia para ofrecer servicios bancarios o de activos virtuales y no tenía intención de obtenerla, ya que su objeto social era distinto. De esta forma, el texto enviado a los medios sostiene la inocencia de Francisco de Borbón y cuestiona las informaciones divulgadas en días previos sobre su detención.
De acuerdo con la cobertura de El País, la detención de Francisco de Borbón von Hardenberg se efectuó por su supuesta implicación en una red de blanqueo de capitales asociada al uso de criptomonedas y vinculada a una trama internacional de narcotráfico. Esta operación judicial, que lidera la Audiencia Nacional desde 2024, vincula la investigación a Óscar Sánchez Gil, exresponsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). En el domicilio de Sánchez Gil, las autoridades descubrieron más de 20 millones de euros en efectivo ocultos tras las paredes, lo que derivó en la detención de varios sospechosos, incluido el hermano de Olivia de Borbón.
El País informó que en la estructura de la trama aparece la sociedad irlandesa ET Finetch Europe, presuntamente relacionada con Francisco de Borbón, en la que se habrían gestionado cerca de 20 millones de dólares en diferentes monedas virtuales. Horas después de su detención, el hijo del duque de Sevilla quedó en libertad bajo fianza de 50.000 euros y se le retiró el pasaporte para impedir su salida del país mientras se mantenga abierta la investigación judicial.
El comunicado desglosa tres puntos principales en defensa de Francisco de Borbón. Primero, resalta que la investigación contra él tiene carácter exclusivamente preliminar y que no existe imputación ni cargos formales en su contra por el momento. La defensa recalca que la ausencia de conclusiones definitivas desmiente la existencia de algún procedimiento irreversible.
En una segunda instancia, los abogados insisten en que su cliente ha proporcionado toda la información posible y ha cooperado plenamente con las autoridades encargadas del caso, remarcando la transparencia y la confianza en los procedimientos legales en curso. Detallan, según consignó El País, que “la colaboración se ha desarrollado en todo momento desde el máximo respeto al marco legal vigente y con plena confianza en que el procedimiento se llevará a cabo con el rigor, la objetividad y las garantías propias del Estado de Derecho”.
Tercero, el comunicado traslada una negativa rotunda a la existencia de cualquier tipo de vinculación con actividades ilícitas. La defensa sostiene tanto la integridad personal de Francisco de Borbón como la de su actividad profesional, rechazando cualquier insinuación que apunte a su implicación en delitos relacionados con el blanqueo de capitales o el narcotráfico.
Sobre el papel de la empresa irlandesa ET Finntech, los abogados puntualizaron que se constituyó con propósitos estrictamente orientados al software y recalcaron que operar en sectores como el bancario y las criptomonedas requiere autorización expresa de las autoridades regulatorias. Detallaron, según señaló El País, que la ausencia de licencia por parte de la entidad responde al hecho de que “no estaba concebida para ese fin y por tanto no solicitó ni obtuvo ninguna autorización para actuar en el sector regulado de las criptomonedas”.
La investigación contra Francisco de Borbón forma parte de una macrocausa iniciada en 2024 por la Audiencia Nacional que persigue una supuesta red de blanqueo de capitales vinculada al narcotráfico internacional. El principal investigado, Sánchez Gil, acumuló altas cantidades de dinero en efectivo, lo que disparó las alarmas de las autoridades y provocó una serie de detenciones en cadena y el análisis de sociedades que podrían actuar como intermediarias para ocultar el origen ilícito de los fondos.
La familia Borbón, con la muerte reciente del duque de Sevilla en mayo de 2025, vuelve a situarse en el foco mediático a raíz de esta investigación judicial. Francisco de Borbón, en calidad de fundador y directivo de la entidad tecnológica en Irlanda, figura como una de las piezas analizadas por la Audiencia Nacional para determinar si existieron operaciones de lavado de dinero, aunque hasta el momento no se han presentado cargos concretos. Según El País, la investigación se orienta a determinar el flujo real de los fondos y el rol específico de las diversas empresas y personas físicas implicadas.
En la comunicación oficial distribuida a los medios el 6 de febrero, la defensa de Francisco de Borbón apeló al principio de presunción de inocencia y recalcó la falta de evidencia que vincule a su representado con delito alguno. Además, señalaron que cualquier información sobre su implicación en actividades ilícitas resulta infundada, solicitando, según El País, que se respete tanto el curso del procedimiento judicial como la intimidad de su cliente hasta que existan determinaciones oficiales y definitivas por parte de la justicia.
La investigación promovida por la Audiencia Nacional sigue su curso, con énfasis en las operaciones de ET Finetch Europe y otras sociedades vinculadas al flujo de activos virtuales. El alcance de la red y la exactitud del papel que jugó cada uno de los investigados continuarán en análisis por las autoridades. Mientras tanto, Francisco de Borbón afirma contar con la documentación necesaria para acreditar la naturaleza lícita y tecnológica de la sociedad bajo su dirección y mantiene la estrategia de colaboración plena con la justicia.
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