Panamá descarta la concesión de los dos puertos de la china CK Hutchison a una misma empresa

El fallo del Tribunal Supremo de Panamá que anuló el contrato de concesión con Panama Ports Company (PPC), subsidiaria de CK Hutchison Ports de Hong Kong, ha generado un debate sobre el futuro de la administración portuaria en el canal y la relación del país con China. Según publicó Europa Press, el presidente panameño José Raúl Mulino declaró que, tras la anulación, el Gobierno no permitirá que una sola empresa gestione ambos terminales, por lo que la gestión de los dos puertos se dividirá entre distintas partes.

Durante una rueda de prensa semanal, Mulino indicó que la transición en la administración de los puertos actualmente operados por PPC se realizará una vez que el fallo del Tribunal Supremo entre en vigor. El mandatario subrayó que Panamá analizará el modelo de gestión que adoptará para ambos terminales, con el objetivo de garantizar la soberanía y la transparencia en la administración de los activos que bordean el canal interoceánico. Mulino enfatizó la importancia y la complejidad de este proceso para el país, al describir el traspaso de los puertos de la administración de una firma privada a la administración panameña como una cuestión trascendental.

Según reportó Europa Press, PPC inició un proceso de arbitraje internacional en respuesta a la anulación de su concesión. Para la empresa, la decisión de activar este mecanismo internacional se justifica en “una campaña dirigida contra su contrato de concesión”, la cual se habría intensificado a lo largo del último año mediante acciones que, según alegan, han provocado daños a la compañía. Un representante de PPC señaló ante Europa Press que el arbitraje se solicitó después de que se aplicaran una serie de medidas abruptas que derivaron en “daños graves y adicionales” para la empresa.

Europa Press informó que el contrato original entre el Estado panameño y PPC se firmó en 1997, correspondiendo a una concesión para administrar los dos principales terminales portuarios de acceso al canal. Posteriormente, dicho contrato fue prorrogado. Sin embargo, la Corte Suprema lo declaró inconstitucional la semana previa al anuncio del arbitraje internacional, dando origen a una cadena de reacciones tanto en Panamá como en China.

La Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado de China criticó fuertemente la decisión judicial panameña. Según trasladó la oficina por vía oficial, la sentencia del tribunal panameño fue calificada como “jurídicamente absurda, lógicamente defectuosa y absolutamente ridícula”. Esta declaración fue rechazada por el presidente Mulino, quien defendió la independencia y la legitimidad del sistema judicial panameño, recordando que la resolución de la Corte es única y definitiva: “La decisión de la Corte es única, es definitiva, es final, y toca acatarla. Si hubiera sido otra decisión, igual la hubiésemos acatado. Y a lo mejor entonces, si para China hubiera sido la mejor Corte Suprema del mundo”, afirmó Mulino durante la conferencia citada por Europa Press.

Por otra parte, el presidente panameño ratificó que PPC, como empresa afectada por la decisión judicial, mantiene pleno derecho a recurrir a instancias de arbitraje conforme a los tratados internacionales existentes. Sin embargo, descartó cualquier campaña de hostigamiento por parte del Estado panameño en contra de la compañía china y sostuvo que el traspaso a gestión estatal debe realizarse conforme a derecho y bajo un marco de diálogo.

Mulino reiteró la postura soberana de Panamá frente a las presiones externas, manifestando que el país “no se va a dejar amenazar por ningún país sobre la tierra”, declaración que recogió Europa Press. Según el jefe de Estado, el objetivo central es que los activos portuarios del canal sirvan a los intereses nacionales, manteniendo relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo.

El Gobierno ya ha anticipado que, después del periodo de transición tras la ejecución del fallo judicial, fijará los lineamientos para la nueva administración portuaria y analizará esquemas que permitan repartir la gestión de los terminales entre diferentes empresas o entidades, según confirmó Europa Press. La decisión de evitar que una sola compañía controle ambos puertos reviste importancia estratégica, dadas las implicaciones en materia de competencia, seguridad y autonomía del canal.

El futuro de los empleos y los contratos asociados a las operaciones de PPC forma parte de las cuestiones que el Ejecutivo deberá abordar durante la transición, aunque, conforme a lo recogido por Europa Press, los detalles sobre el esquema de administración que se adoptará permanecen en revisión. El caso también abre una nueva etapa en la relación entre Panamá y China, especialmente respecto a inversiones y proyectos de infraestructura que se han dado tras el establecimiento de vínculos diplomáticos formales entre ambos países.

La resolución judicial marca un precedente relevante para la política portuaria panameña, pues redefine el alcance de las concesiones extranjeras en las áreas estratégicas del canal y limita la posibilidad de que empresas internacionales puedan operar más de un puerto principal de manera simultánea. Además, el proceso abierto por el arbitraje internacional podría determinar responsabilidades financieras para el Estado o la empresa, dependiendo del resultado final. Europa Press consignó que ambos procesos, tanto la organización de la transición como el arbitraje internacional, continúan en desarrollo mientras el Gobierno panameño busca definir su nueva política de administración portuaria.