La Premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi inicia una huelga de hambre para protestar por su detención

La fundación que lleva el nombre de Narges Mohammadi informó que la activista ha mantenido apenas un contacto telefónico corto con su hermano desde su detención y que familiares y allegados se encuentran sometidos a presión constante de las fuerzas de seguridad para que eviten referirse públicamente a su caso. Esta situación se suma a la huelga de hambre que inició el lunes pasado para manifestar su rechazo a lo que considera una detención ilegal, así como a las “pésimas condiciones” del centro penitenciario y a la prohibición de acceso a sus abogados y su familia. Según detalló la Fundación Narges Mohammadi en sus redes sociales, la Nobel de la Paz iraní permanece recluida sin comunicación directa y bajo vigilancia, mientras organizaciones internacionales mantienen la atención puesta en el desarrollo de su estado de salud y en sus demandas.

De acuerdo con la información publicada por la Fundación y recogida por medios internacionales, Mohammadi emprendió esta huelga de hambre tras ser arrestada el 12 de diciembre durante una ceremonia de homenaje al abogado Josrou Alikordi, quien falleció unas semanas antes en circunstancias no esclarecidas. En el transcurso del acto, autoridades judiciales de la ciudad de Mashhad confirmaron la aprehensión de cerca de 40 asistentes, entre ellos la galardonada activista, de destacada trayectoria en la defensa de los derechos humanos en Irán.

Tal como consignó la Fundación, Mohammadi lleva detenida desde el pasado diciembre en la cárcel de Mashhad, en el norte del país, y comenzó su protesta alimentaria como condena no solo a las condiciones “deplorables” de reclusión que denuncia, sino también a la falta de contacto humano y asistencial. La organización detalló que la Premio Nobel solo ha tenido una conversación breve con su hermano desde el arresto, subrayando que las autoridades han limitado el acceso a su familia directa y a cualquier interlocutor legal, mientras se intensifican las acciones de control y silencio sobre su entorno personal.

El medio que informó sobre el caso destacó que la represión en torno al caso de Mohammadi no se limita a su persona, señalando que amigos y parientes han recibido advertencias y presiones para no abordar la situación en foros públicos o ante la prensa. Esta política de aislamiento y coerción se presenta como parte de unas condiciones carcelarias que la activista también denuncia y que motivaron su decisión de iniciar la huelga de hambre, según la Fundación.

La situación de salud de Mohammadi reviste gravedad considerando sus antecedentes médicos. El medio internacional explicó que la defensora de los derechos humanos pasó la mayor parte de las últimas dos décadas en prisión, y su expediente incluye episodios de hospitalización y una intervención quirúrgica de urgencia en 2022. Especialmente relevante fue su liberación provisional en diciembre de 2024 por motivos médicos, una decisión de la Fiscalía de Teherán después de que su familia alertara sobre la prolongada negación del tratamiento médico que había empeorado su estado físico en meses previos.

El expediente judicial de Mohammadi contiene cinco condenas que totalizan 31 años de cárcel, impuestas en su mayoría por su actividad en oposición al código de vestimenta obligatorio en el país. Voces cercanas a la activista y organismos de derechos humanos coinciden en situarla como una de las figuras más relevantes en la lucha contra las políticas represivas en la República Islámica. Las acusaciones especificadas en los distintos procesos en su contra se centraron principalmente en su implicación en protestas contra el gobierno y campañas por la igualdad y los derechos de las mujeres.

Según reportó la Fundación Narges Mohammadi, la organización mantiene atención especial sobre la evolución de la huelga de hambre iniciada por la activista y hace un llamado a la comunidad internacional para que vigile de cerca tanto su situación legal como las circunstancias en las que se desarrolla su privación de libertad. La campaña de denuncia y presión internacional tiene como objetivo preservar su integridad física y obtener garantías sobre sus derechos como presa política.

La detención más reciente de Mohammadi coincide con la celebración en memoria de Josrou Alikordi, abogado que falleció en condiciones descritas como “extrañas”, lo que incrementó la tensión dentro de colectivos de derechos humanos y atrajo el escrutinio de observadores internacionales. La Fiscalía de Mashhad recalcó que los arrestos derivados de este evento abarcaron a decenas de ciudadanos, incrementando el foco sobre la situación de derechos civiles en el contexto iraní.

Además del aislamiento comunicado de manera formal en los informes de la Fundación, organizaciones internacionales han expresado preocupación por la escasa información oficial disponible y por el uso continuado de medidas restrictivas sobre la familia de Mohammadi. Varias entidades han instado al Estado iraní a revisar las condiciones de su reclusión y a permitir el acceso de observadores independientes para verificar en qué circunstancias permanece recluida la galardonada activista.

El historial jurídico de Mohammadi y su estado de salud han generado debate dentro y fuera del país. Reportes anteriores, recogidos por medios internacionales, indicaron que la activista sufrió múltiples infartos y que en diversas ocasiones sus allegados solicitaron atención médica urgente, la cual fue dificultada por las autoridades penitenciarias. La decisión de otorgarle libertad provisional en diciembre de 2024 se produjo solo tras insistentes peticiones y tras evidencias de deterioro físico, detalló la Fundación Narges Mohammadi en sus comunicaciones públicas.

Mientras tanto, las acciones de protesta de Mohammadi —su huelga de hambre y las reclamaciones a favor de derechos fundamentales— mantienen la atención sobre su figura y la política penitenciaria iraní. Diversos organismos y voces defensoras de derechos humanos siguen de cerca las reacciones del gobierno y examinan los procedimientos legales aplicados a su caso, que se ha convertido en un símbolo del activismo y la defensa de las libertades en Irán.

Tal como recogieron otras informaciones internacionales, el caso de Mohammadi ha servido como referencia para el análisis de la situación de los presos políticos en Irán y el tratamiento dado a las mujeres que encabezan protestas contra las normativas gubernamentales. El aislamiento, las limitaciones al acceso a la defensa legal y las presiones sobre el entorno familiar se han documentado en el pasado, y conforman un marco de preocupación que motiva una vigilancia constante por parte de organismos y organizaciones internacionales en relación con la activista premiada con el Nobel de la Paz.