ERC pregunta al Gobierno en el Congreso por la prestación para el cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad grave

Una mujer de 58 años dedicada al cuidado de su hijo Juan se enfrenta a una incertidumbre sobre su futuro laboral y familiar al contemplar la proximidad del vigésimo sexto cumpleaños de su hijo, quien continuará necesitando atención continua pese a que la obligación de reincorporarse a su puesto de trabajo impedirá, en teoría, la continuación de una ayuda que garantiza dicha dedicación. A raíz de situaciones como esta, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) ha presentado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno, según informó Europa Press, acerca de la prestación existente para progenitores de menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves, el llamado CUME.

ERC manifestó su inquietud sobre si el marco regulatorio y su aplicación son adecuados y efectivos para proteger a las familias cuyos hijos requieren cuidados de larga duración o soporte intensivo. Según consignó Europa Press, la CUME busca mitigar el impacto económico y laboral en los progenitores que deben atender de manera constante y directa a sus hijos en contextos de gravedad clínica. El grupo parlamentario advirtió que la prestación, que debería facilitar esa labor de cuidados y preservar los derechos de quienes están al cargo, en la práctica a menudo no cumple con sus objetivos de protección social, de acuerdo con testimonios recabados a través de organizaciones como la Asociación de Familias en CUME (ASFACUME).

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, múltiples familias han señalado obstáculos que dificultan el acceso a la ayuda: entre ellos figuran exigencias documentales que no aparecen reflejadas en la normativa oficial, evaluaciones restrictivas por parte de las mutuas, criterios desiguales a la hora de valorar casos similares y resoluciones de suspensión o extinción de la prestación sin motivaciones administrativas claramente fundamentadas. Europa Press detalló que estas problemáticas no solamente repercuten en la seguridad económica del núcleo familiar, sino que acaban impactando directamente en la calidad de los cuidados que reciben los menores afectados por condiciones graves de salud, patologías crónicas o algún tipo de discapacidad severa.

El medio Europa Press especificó que otro punto de preocupación para ERC es la falta de adaptación de la actual regulación a la realidad clínica y familiar de los solicitantes. Señalan que la ley no contempla las diversas formas que adquieren las enfermedades, ni su evolución en el tiempo, ni la tipología de las familias y circunstancias laborales, lo que deja fuera de la cobertura a numerosos casos en los que el espíritu de la prestación debería aplicarse.

A partir del contacto con ASFACUME y tras analizar casos concretos, ERC detalló algunas situaciones que considera representativas de las carencias del sistema. Uno de los ejemplos alude al caso de una madre cuya prestación fue suspendida porque la mutua consideró que, tras cierto tiempo desde el diagnóstico, su hija de 13 años con diabetes tipo 1 ya se habría capacitado lo suficiente para gestionar sus propios cuidados. En otra situación recogida por Europa Press, la prestación a la familia de una niña de 6 años con enterocolitis necrotizante fue cancelada cuando la mutua dictaminó que la menor se encontraba recuperada, sin que existiera una evaluación médica externa que acreditara tal resolución.

Europa Press recogió también el testimonio de la madre de una adolescente con cardiopatía congénita, enfermedad que demanda supervisión y asistencia constante y permanente a lo largo de toda su vida. Según el informe, esta madre ha recibido comentarios de la mutua poniendo en duda la idoneidad de percibir la prestación, sin reconocer plenamente las necesidades de cuidados derivados de una dolencia irreversible y de alto nivel de dependencia.

ERC, a través de las preguntas presentadas, solicita al Gobierno explicaciones sobre estos casos y reclama ajustes normativos y administrativos. Se interroga al Ejecutivo acerca de las medidas que pretende adoptar para evitar interpretaciones restrictivas o dispares que menoscaben la función social de la CUME. De acuerdo con Europa Press, el grupo también pregunta por los mecanismos de seguimiento y control que contemplan para asegurar que la prestación llegue efectivamente a quienes han de cuidar a hijos en situación de especial vulnerabilidad.

Según reportó el medio citado, ERC hace hincapié en el hecho de que los procedimientos aplicados actualmente por distintas mutuas colaboradoras no siempre atienden al principio de equidad, dado que familias en condiciones idénticas pueden recibir soluciones opuestas dependiendo del intérprete o del territorio. Por ello, solicita información sobre si el Gobierno prevé unificar los criterios de evaluación, así como revisar las exigencias documentales y garantizar resoluciones motivadas y comunicadas de modo adecuado a las personas solicitantes.

A partir de la información de Europa Press, ERC insiste en que cualquier medida administrativa o modificación legal debe centrarse en preservar la estabilidad económica de las familias y el bienestar de los menores enfermos, asegurando que la protección social no quede supeditada a barreras burocráticas, trabas formales o falta de adaptación a la realidad de las enfermedades y las familias afectadas. El grupo reclama al Gobierno la revisión urgente de la normativa y de su aplicación, así como el establecimiento de mecanismos que velen por su cumplimiento efectivo en toda su extensión, reflejando la diversidad de situaciones a la que están expuestas las familias cuidadoras de niños con patologías graves.