El alcalde de Chicago firma una orden ejecutiva para poder investigar y juzgar las actuaciones de agentes del ICE

La ciudad de Chicago recopilará y conservará pruebas sobre las actuaciones de los agentes federales de inmigración, con el objetivo de remitirlas a la Fiscalía estatal y posibilitar acciones judiciales, según directrices de la alcaldía tras los recientes incidentes en Minnesota que derivaron en el fallecimiento de Renee Good y Alex Pretti. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, detalló durante una rueda de prensa transmitida por redes sociales que, como resultado de la nueva orden ejecutiva, el Departamento de Policía local documentará las intervenciones de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza. Según indicó Johnson, la ciudad impulsará este registro de las actividades federales tras la ola de críticas generadas por las operaciones del ICE en Minnesota, que incluyeron el caso de un niño de cinco años detenido.

De acuerdo con lo reportado por la agencia Europa Press, Johnson aclaró que la medida tiene como finalidad recopilar y resguardar información sobre la presencia de agentes federales para, bajo orden de la alcaldía, remitir esta evidencia a la autoridad judicial correspondiente, lo que podría derivar en eventuales cargos. El alcalde destacó que esta política sitúa a Chicago en una posición de preparación ante la posibilidad de nuevas acciones federales en materia de inmigración, sumándose a esfuerzos similares implementados en otras ciudades tras incidentes que han provocado una fuerte reacción social y política.

El reciente incremento de acciones antiinmigración en Minnesota, ordenadas desde la Casa Blanca con el argumento de un repunte de criminalidad, ha desencadenado protestas y denuncias en varios sectores del país. Europa Press consignó que la respuesta del gobierno municipal de Chicago se enmarca en un contexto de tensión derivado de anteriores intervenciones federales, como la movilización de más de 100 integrantes de la Guardia Nacional en Illinois por parte del presidente Donald Trump, medida justificada como estrategia de combate a la criminalidad y que fue cuestionada por amplios sectores. Este operativo, que también incluyó ciudades como Los Ángeles y Portland, fue finalmente levantado tras una resolución judicial que impidió la colaboración de las fuerzas armadas en redadas migratorias, explicó el mismo medio.

En la comparecencia, Johnson señaló que las fuerzas federales desplegadas por la administración Trump respondían a una estrategia de incremento del control migratorio, anticipando que esta presencia podría intensificarse en los próximos meses. El alcalde manifestó que Chicago se mantendrá atenta y tomará medidas coordinadas con otras ciudades del país frente a eventuales episodios similares, afirmando la voluntad de su gobierno de aprender de experiencias compartidas y continuar con acciones conjuntas en materia de protección de derechos civiles.

Durante la misma intervención, Johnson responsabilizó a algunos funcionarios federales de contribuir a la desconfianza y el temor en las comunidades inmigrantes. Dijo que “no les importa su estatus de ciudadanía. No les importa el debido proceso. Ni siquiera les importa la inmigración. Estos agentes federales están socavando la confianza en las fuerzas del orden”, citó Europa Press. El alcalde empleó las expresiones “corruptos” y “caos y destrucción” para describir el actuar de los agentes del ICE, y arremetió contra la administración Trump, calificándola como un “régimen autoritario” y presentando la nueva orden ejecutiva como un paso que ofrece “esperanza” a los habitantes de la ciudad y del país en el contexto de una movilización nacional frente a las políticas migratorias federales.

El medio Europa Press también informó que la intensidad de las recientes operaciones migratorias federales en Minnesota ha suscitado cuestionamientos tanto por su justificación, basada en el aumento de criminalidad, como por las consecuencias fatales de algunos procedimientos. Casos como la muerte de Renee Good y Alex Pretti, así como la detención de un menor de cinco años, han generado indignación y renovado el debate público sobre los límites y la vigilancia de los órganos federales de seguridad en relación con los derechos civiles.

La iniciativa de la alcaldía de Chicago se inscribe así en un panorama de crecientes tensiones entre gobiernos locales y federales, especialmente en grandes ciudades señaladas como prioritarias en la estrategia de la administración Trump sobre crimen e inmigración. Europa Press recordó que Trump, en su momento, comparó la situación de Chicago con la de Afganistán, y sostuvo de forma reiterada la necesidad de acciones extraordinarias para afrontar supuestas crisis de seguridad.

Finalmente, Johnson subrayó en su comparecencia que el actual esfuerzo compartido con otras ciudades busca que Chicago esté “preparada” ante cualquier despliegue federal futuro; y reafirmó la posición de su gobierno respecto a la defensa del debido proceso y la protección de las comunidades migrantes frente a acciones que, según sus palabras citadas por Europa Press, se apartan de prácticas legales y éticas aceptables en las fuerzas del orden de Estados Unidos.