Birmania cumple el domingo cinco años del golpe de Estado en medio del conflicto y una crisis humanitaria

El desplazamiento forzado de alrededor de 3,6 millones de personas y la necesidad urgente de asistencia humanitaria para casi un tercio de la población han marcado la realidad de Birmania tras el golpe militar de 2021, expresó la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), según consignó el medio original. En el contexto de estos datos, el país del sudeste asiático conmemora cinco años desde que la junta militar, liderada por el general Min Aung Hlaing, derrocara al gobierno civil, generando un escenario de violencia persistente y crisis humanitaria agravada.

De acuerdo con la información publicada, la cifra de muertos producto del conflicto es difícil de precisar; sin embargo, la organización de seguimiento de conflictos ACLED estima que los combates desde 2019 han provocado cerca de 90.000 fallecidos. Por otro lado, la Asociación de Asistencia de Presos Políticos (AAPP) indicó que casi 7.800 civiles han perdido la vida y cerca de 30.400 personas permanecen detenidas por órdenes del régimen instaurado tras el golpe, datos a los que también hace referencia la fuente. El control del país sigue siendo disputado: la junta militar afirma que ha reforzado su mandato luego de haberse adjudicado una victoria contundente en recientes elecciones, aunque diversos sectores y observadores cuestionan la transparencia y legitimidad del proceso.

Tal como reportó la fuente, el frágil escenario político se intensifica por la resistencia armada que une a históricos grupos insurgentes étnicos con fuerzas de autodefensa populares surgidas tras el golpe. Organizaciones como el Ejército de Independencia Kachin (KIA), el Ejército Arakan (AA) y el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar (MNDAA), junto a grupos locales de autodefensa denominados Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF), han complicado las operaciones militares de la junta, especialmente en regiones como Kachin, Rajine, Shan, Sagaing y Magwe. La resistencia mantiene presión constante sobre el régimen, generando una profunda fragmentación territorial y política en Birmania.

El medio original también reseñó que la represión por parte de las autoridades implica detenciones masivas, reclutamientos forzados y la restricción de libertades civiles. El gobierno depuesto permanece en el exilio y su principal figura, la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, sigue encarcelada pese a los esfuerzos diplomáticos internacionales, incluidos los de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), que no han logrado avances sustantivos. Estados miembros de la ONU y organizaciones humanitarias han advertido sobre el deterioro de la situación y la falta de acceso a la ayuda en amplias zonas del país.

En el plano judicial internacional, el medio original recordó la existencia de un caso por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), motivado por las acciones sistemáticas del Ejército birmano contra la minoría rohingya en 2017, que resultaron en la expulsión de centenares de miles de personas a Bangladesh. Además, en noviembre de 2024, la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) solicitó una orden de arresto contra el general Hlaing por presuntos crímenes de lesa humanidad, aunque aún no se emitió una decisión pública al respecto.

El impacto de la crisis prolongada ha generado efectos colaterales que, según Human Rights Watch (HRW) y la fuente, se manifiestan en la proliferación de redes de tráfico de personas, explotación laboral, producción irregular de recursos y drogas, y en el funcionamiento de centros de estafa digital a lo largo de la frontera con Tailandia. Estas instalaciones, gestionadas por organizaciones criminales internacionales con liderazgo chino, operan sobre la base del trabajo forzado y la tortura, y forman parte de una industria ilegal regional de grandes dimensiones económicas.

La respuesta del régimen a la resistencia armada incluyó un creciente uso de fuerza militar, con ataques aéreos y el despliegue de drones. Joe Freeman, investigador de Amnistía Internacional enfocado en Birmania, expresó que "los ataques aéreos y con drones militares alcanzaron nuevos máximos en 2025, a medida que la junta ha intensificado su ya brutal campaña contra las zonas de la oposición", según citó el medio original. Freeman también sostuvo que los cinco años transcurridos representan un ejemplo de la estrategia militar del Ejército birmano para mantener el control a través de la violencia y la intimidación a la ciudadanía.

El secretario general de la ONU, António Guterres, reflejó su "profunda preocupación" por el empeoramiento de la crisis y sus derivaciones regionales, consignó la fuente. En un comunicado divulgado por su portavoz adjunto, Guterres destacó el recrudecimiento del sufrimiento de la población y la persistencia de la impunidad, con transgresiones al Derecho Internacional y ataques dirigidos contra la población civil. Guterres señaló también el aumento de la criminalidad transnacional, la inseguridad alimentaria y la volatilidad económica, puntos que, según la ONU, agravan el escenario de emergencia en el país. Solicitó la colaboración regional e internacional y exhortó a las partes a ejercer contención, respetar la legalidad internacional, y facilitar el acceso a la ayuda humanitaria.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, consideró que las últimas elecciones organizadas por la junta acentuaron el nivel de violencia e intensificaron la polarización social. A través del medio original, Turk afirmó que "después de que los militares arrebataron el poder al gobierno elegido democráticamente, Birmania perdió media década de paz y desarrollo". El Alto Comisionado subrayó el aumento de la desesperanza de la población y recordó que el Gobierno militar se ha caracterizado por la represión de la disidencia, los arrestos arbitrarios y el recorte de las libertades. Criticó que, con el intento de legitimar su mandato por la vía electoral, la junta ahonda la violencia y se aleja de cualquier modelo de gobernanza civil.

El país enfrenta, además, dificultades para responder a desastres naturales. El sismo registrado en marzo de 2023 causó más de 5.500 fallecimientos y expuso las limitaciones del gobierno militar para gestionar crisis de gran magnitud, según detalló la fuente. El impacto del conflicto se agrava en la población desplazada y en las comunidades afectadas por la destrucción de sus medios de vida y la falta de servicios básicos, en un entorno marcado por la persistente inseguridad y la ausencia de mecanismos eficaces de protección.

En este periodo de cinco años, el panorama birmano sigue determinado por la confrontación entre la junta militar y la resistencia armada, en medio de un colapso económico, emergencia humanitaria y el aumento de la criminalidad transnacional, mientras las vías de diálogo político y apoyo internacional no alcanzan todavía resultados para revertir la situación descrita por fuentes de Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos.