El monto reclamado por el Gobierno de Estados Unidos a Marta Alicia Ramírez Veliz por supuestamente incumplir una orden final de deportación asciende a 941.114 dólares, cifra que podría incrementarse con los intereses, y que representa una de las sanciones económicas más elevadas contra un inmigrante en los registros recientes. Según publicó el medio especializado Politico, el Departamento de Justicia exige esta suma como resultado de lo que considera un desacato deliberado de Ramírez Veliz a abandonar el país conforme a los procedimientos migratorios.
Esta demanda, presentada por el Gobierno de Donald Trump y citada por Politico, configura un caso singular en el contexto de las políticas de deportación implementadas durante su administración, dado que los montos de las sanciones civiles rara vez alcanzan este nivel. Tal como reportó EFE, la acción fue formalizada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Richmond, Virginia, y se basa en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que autoriza multas diarias de 998 dólares para quienes no acaten órdenes finales de expulsión.
La cronología del caso comienza en julio de 2019, cuando un juez de inmigración dispuso la deportación de Ramírez Veliz, situándola como sujeta a abandono obligatorio del territorio estadounidense. La afectada apeló ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), pero el recurso fue rechazado el 23 de septiembre de 2022, manteniendo vigente la obligación de salida. De acuerdo con los documentos judiciales, la acumulación de la multa se deriva de la supuesta negativa o incumplimiento de abandonar el país en el plazo señalado.
En abril del año anterior, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), según detalló Politico, formalizó una notificación a Ramírez Veliz sobre la intención de imponer la multa, concediéndole un plazo de 30 días para presentar descargos que justificaran la no procedencia del cobro. La demanda sostiene que no recibió respuesta de la implicada, lo que motivó al Gobierno de Trump a solicitar judicialmente la ejecución de la sanción financiera.
Durante la administración de Donald Trump, el ICE obtuvo autorización para imponer sanciones económicas que alcanzaban los 500.000 dólares, pero registros de la época consignados por Politico muestran que la cifra que ahora se reclama a Ramírez Veliz supera ampliamente los antecedentes. Charles Moore, abogado de la organización Public Justice, indicó al citado medio que no existen noticias previas de una multa semejante. “No, no habíamos oído hablar de nada cercano al millón de dólares”, afirmó Moore, atribuyendo al caso de Ramírez Veliz un carácter atípico según los patrones habituales de sanciones en materia migratoria.
El Departamento de Justicia argumenta en la demanda que Ramírez Veliz adeuda la suma impuesta debido al supuesto incumplimiento voluntario de abandonar el territorio estadounidense antes del 24 de abril de 2025, fecha señalada como límite en el recurso legal presentado. El fundamento radica en la interpretación del apartado de la Ley de Inmigración y Nacionalidad aplicado sobre los extranjeros sujetos a órdenes de remoción definitiva.
Político señaló que la utilización de sanciones pecuniarias extremas formó parte de una estrategia endurecida contra la inmigración ilegal durante el mandato de Trump, aunque en la práctica los cobros rara vez alcanzaban los montos citados en este caso. EFE resaltó que la demanda civil notificada al tribunal federal representa además un intento de convertir las penalizaciones económicas en mecanismos coactivos para asegurar la salida efectiva de quienes han agotado los recursos legales.
La trama procesal que involucra a Ramírez Veliz sigue en curso en la jurisdicción federal de Virginia, quedando pendiente la decisión del tribunal sobre la responsabilidad financiera solicitada por el Departamento de Justicia. Según consignó Politico, el desenlace de este caso podría repercutir no solo en la vida de la afectada, sino también en la política de aplicación de multas migratorias por el gobierno federal.
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