El Parlamento de Venezuela aprueba la ley de hidrocarburos: "Es un paso histórico" para el país

Los cambios introducidos en la legislación venezolana sobre hidrocarburos implican la modificación de treinta y cinco artículos, lo que permite el ingreso del sector privado en la explotación petrolera nacional. Según consignó el medio de comunicación español Europa Press, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, destacó durante un acto oficial que este conjunto de reformas responde al propósito de canalizar los beneficios del sector energético hacia los servicios públicos y la atención social, especialmente en áreas donde, según las autoridades, han impactado las sanciones internacionales, como energía, agua, educación, salud y vivienda. En ese contexto, la noticia central es la aprobación, el jueves, de la reforma legislativa que habilita una apertura al capital extranjero en la principal industria venezolana.

Según detalló Europa Press, la Asamblea Nacional de Venezuela sancionó la reforma de la ley de hidrocarburos, impulsando un proceso de apertura económica tras el ataque estadounidense a la capital, Caracas, y la posterior detención del mandatario Nicolás Maduro. A raíz de estos acontecimientos, las relaciones políticas con Estados Unidos se encuentran en proceso de restablecimiento, condición que facilita el desarrollo de esta nueva legislación.

Durante la ceremonia en la que se entregó la ley sancionada, Delcy Rodríguez enfatizó la importancia que otorga el Ejecutivo a la unidad nacional y al respeto de la soberanía. En sus declaraciones recogidas por Europa Press, la presidenta encargada sostuvo que “las venezolanas y venezolanos estamos felices de estar acá, de haber firmado esta ley para que entren en plena vigencia, entregada hoy de las manos de los diputados y diputadas de Venezuela, para que esas grandes reservas petroleras sean, definitivamente y para siempre, la felicidad de nuestro pueblo”.

Los detalles de la reforma fueron explicados por la propia Rodríguez, quien precisó que el objetivo es incrementar la participación del capital extranjero a través de un marco legal que preserve la propiedad de los yacimientos a favor de la República. Este ajuste normativo, según la funcionaria, busca además subsanar el descenso de la producción petrolera causado en parte por las restricciones impuestas desde el extranjero.

El medio Europa Press informó que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, entregó formalmente el texto reformado. Durante el acto, el titular del Parlamento expuso que el gran objetivo de la legislación es dejar de ser únicamente “la principal reserva” para transformarse en “uno de los principales productores” mundiales. Rodríguez sostuvo que los mecanismos que sustenta la ley “ya fueron probados y han permitido que la producción petrolera cerrara en diciembre del año pasado en 1,2 millones de barriles de petróleo”. Añadió que “este es el marco que va a permitir el despegue definitivo de la producción petrolera y la prosperidad del pueblo, del país”, haciendo hincapié en el respeto a la soberanía estipulada en la Constitución y el mantenimiento de la propiedad nacional sobre los recursos naturales.

En paralelo al desarrollo legislativo local, el mismo jueves, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos difundió una nueva disposición regulatoria. Según Europa Press, mediante una licencia, las entidades estadounidenses pueden ahora participar en todo tipo de operaciones previamente prohibidas por el marco de sanciones sobre Venezuela. La licencia permite involucrar al gobierno venezolano y a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en actividades como extracción, exportación, reexportación, venta, almacenamiento, refinado y transporte de crudo venezolano.

El documento, según reportó Europa Press basándose en información de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, excluye la participación de personas o entidades afincadas en Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba, así como empresas que dependan directa o indirectamente de estos países. Tampoco se consideran autorizadas las transacciones con entidades venezolanas o estadounidenses vinculadas o controladas, de manera directa o indirecta, por ciudadanos de la República Popular China o sociedades mixtas que incluyan a estos actores.

Las medidas puestas en práctica por el Departamento del Tesoro no solo refieren al crudo, sino que consideran todos los aspectos relacionados con el ciclo de producción, comercialización e infraestructura petrolera. El medio europeo destacó que la cartera dirigida por Scott Bessent limita estrictamente la autorización a actores estadounidenses y sus contrapartes, impidiendo la entrada de intereses de países prohibidos o de empresas chinas en joint ventures con firmas venezolanas o estadounidenses.

El contexto de esta reforma involucra a la vez intereses nacionales, la necesidad de financiamiento externo y un cambio en la política petrolera tras la crisis institucional interna y la presión internacional. Las autoridades venezolanas sostienen que la nueva legislación no sólo incrementará la producción y los ingresos, sino que deberá traducirse en crecimiento en salud, educación y viviendas, sectores que, en palabras de Delcy Rodríguez, vieron afectados sus servicios durante el periodo de sanciones.

El medio Europa Press indicó que tanto el Ejecutivo como el Parlamento resaltaron el carácter histórico de este proceso, ya que la apertura de la industria petrolera, durante décadas reservada al Estado, representa un giro respecto a la práctica tradicional desde la nacionalización del sector en 1976. Las reservas de hidrocarburos venezolanas figuran entre las más grandes del mundo, y el gobierno busca aprovechar esa ventaja para diversificar la economía y mejorar los indicadores sociales.

Mientras que las autoridades insisten en que la reforma respeta la independencia nacional y el control público sobre los recursos, la normativa recientemente aprobada también marca el inicio de nuevas pautas en la relación entre Venezuela y Washington. El levantamiento parcial de sanciones estadounidenses surge como respuesta a una coyuntura que combina factores políticos, económicos y sociales, cuyo desenlace dependerá del desarrollo de estas nuevas directrices legales y comerciales.