
La Comisión Europea manifestó su respaldo a España tras la expulsión del embajador español en Managua y del titular de la segunda jefatura de la legación diplomática, medida tomada por el gobierno de Daniel Ortega sin argumentos públicos ni explicaciones detalladas. Según consignó Europa Press, el portavoz de Exteriores de la Comisión Europea calificó la decisión nicaragüense como “unilateral, injustificada e inaceptable” y pidió la reversión inmediata de esta situación, al advertir que solo profundizaría el aislamiento internacional de Nicaragua.
El portavoz comunitario, en declaraciones recogidas por Europa Press, explicó que la expulsión representa un obstáculo para la continuidad de la diplomacia y el diálogo, afirmando además que “la diplomacia y el diálogo deben continuar”. En esa línea, reiteró el compromiso de la Unión Europea con la población nicaragüense, así como la defensa de la democracia, los derechos humanos, el Estado de derecho y el libre funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.
La reacción se produjo después de que el fin de semana anterior, el embajador español Sergio Farré Salvá, quien había asumido el cargo el 2 de diciembre, recibiera una orden de salida en un plazo de veinticuatro horas. Esta decisión incluyó también al titular de la segunda jefatura diplomática de España en Managua, sin que el gobierno nicaragüense explicitara los motivos de la expulsión. Según publicó Europa Press, España respondió el domingo de manera “en estricta reciprocidad”, expulsando al embajador de Nicaragua en Madrid, Mauricio Carlo Gelli, así como a otro diplomático de la embajada nicaragüense en la capital española. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmó la medida, sin proporcionar más detalles sobre los argumentos presentados por el Ejecutivo de Ortega.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, al ser consultado sobre el incidente, declaró que corresponde al gobierno de Nicaragua explicar las razones de la expulsión. No obstante, remarcó que los diplomáticos de España cumplen sus funciones de acuerdo a la Convención de Viena, la cual rige las relaciones diplomáticas a nivel internacional. “Lo que sí le puedo decir es que el embajador de España en Nicaragua, como todos los embajadores españoles en el mundo, realizan sus funciones de manera escrupulosa en respeto de la Convención de Viena que rige las relaciones diplomáticas. Y por lo tanto, esa expulsión que se hizo de manera sumaria, dándole 24 horas, es absolutamente injusta”, afirmó el canciller español, según palabras reproducidas por Europa Press.
A pesar de las medidas adoptadas, el jefe de la diplomacia española subrayó el carácter fraterno de la relación entre ambos pueblos y señaló que España seguirá trabajando para construir las mejores relaciones posibles con la ciudadanía nicaragüense. Hizo hincapié en que el objetivo es procurar lo mejor para quienes viven en Nicaragua, según reportó Europa Press.
La Comisión Europea insistió en que la expulsión de los diplomáticos españoles constituye un paso que aleja a Nicaragua de la comunidad internacional, reafirmando la necesidad de sostener los canales de comunicación diplomática. El organismo europeo declaró, de acuerdo con Europa Press, que respalda plenamente la postura de España ante este episodio y reclamó, en línea con sus principios institucionales, el respeto al diálogo y a los mecanismos multilaterales en las relaciones entre Estados.
Así, el episodio diplomático entre España y Nicaragua se suma a una serie de medidas tomadas en los últimos años por el gobierno de Ortega que, según organismos europeos, han desembocado en una creciente distancia con la Unión Europea y otras instancias multilaterales. La postura de la Comisión Europea, articulada por el portavoz de Exteriores, recoge la preocupación europea acerca de la situación de derechos y libertades en Nicaragua, y sitúa en el centro de su pronunciamiento la defensa de marcos democráticos y legales como base para mantener relaciones diplomáticas funcionales.
España, a través de sus autoridades, reiteró la importancia del cumplimiento de las normas internacionales en el terreno diplomático y reivindicó la legitimidad de la labor desarrollada por su embajada y su personal en Managua. Por su parte, la Unión Europea apeló al gobierno de Nicaragua a revertir una medida que, desde la perspectiva de Bruselas, no solo tiene efectos en la relación bilateral con España, sino también en la posición del país centroamericano ante la comunidad internacional.