La preocupación por la llegada de productos alimentarios provenientes de fuera de la Unión Europea ha sido uno de los ejes centrales del reclamo de los representantes agrícolas, quienes subrayaron los peligros para la seguridad alimentaria si la situación persiste. El presidente de COAG-IR, José Miguel Marín, manifestó el temor de que los supermercados ofrezcan alimentos sin las garantías sanitarias que exige la producción nacional y advirtió del daño que esto podría provocar tanto a los consumidores como a las familias que dependen del sector. Según informó el medio, miles de agricultores y ganaderos se congregaron en una treintena de provincias bajo la convocatoria de las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA para exigir soluciones urgentes ante los recortes previstos en la Política Agrícola Común (PAC) y la liberalización del comercio con terceros países acordada en el pacto UE-Mercosur.
El presidente de COAG-IR expresó ante los medios que la defensa del consumidor pasa por impedir que se introduzcan productos que no cumplan con los estándares de salubridad vigentes en España. Declaró: “somos los defensores del interés de los consumidores, de que no los engañen, de que no les traigan a los lineales productos llenos de mierda y que no puedan seguir alimentándose con la salubridad alimentaria que tenemos”, citó el medio. Marín advirtió que el sector agrario rechaza los recortes en el suministro de agua, la reducción de ayudas de la PAC y cualquier política que amenace la continuidad de las miles de familias vinculadas a la agricultura y la ganadería.
Las organizaciones agrarias calificaron la jornada de protesta como un éxito cuya participación superó ampliamente las expectativas iniciales. Según publicó la fuente, al lugar acudieron más vehículos de los esperados: se anticipaba entre 2.000 y 2.500, cifra que fue ampliamente sobrepasada. Marín subrayó que este tipo de movilizaciones surgen de la urgencia por respuestas concretas de las administraciones públicas a todos los niveles, un reclamo que consideran aún insatisfecho tras numerosas protestas previas por parte del sector.
El mismo portavoz lanzó críticas a la gestión de la Unión Europea, señalando que, desde su perspectiva, las autoridades comunitarias han desestimado el valor estratégico de la producción primaria de alimentos. Según Marín, la creciente dependencia de importaciones socava la autonomía alimentaria y perjudica la economía rural local. El dirigente advirtió que el sector no aceptará que se pase por alto la producción nacional en beneficio de acuerdos que faciliten la llegada de productos foráneos en condiciones desventajosas para el productor español.
Marcos Alarcón, secretario general de UPA, remarcó la masiva respuesta de agricultores y ganaderos durante la jornada y señaló que las demandas principales giran en torno a acuerdos comerciales equitativos, un presupuesto suficiente para la PAC, y garantías tanto en el acceso como en el precio del agua. De acuerdo con el medio, Alarcón reclamó también una moratoria en el acceso al agua subterránea y más medidas que permitan el acceso de jóvenes al sector, sumando estos puntos a la defensa del trasvase Tajo-Segura, que considera fundamental para la agricultura en el sureste español.
Según consignó el medio, Alarcón solicitó que las administraciones respondan al desafío que plantea la grave incertidumbre sobre el futuro de la actividad agraria tanto en la Región de Murcia como en el conjunto de España y Europa.
Desde Asaja, Alfonso Gálvez calificó las políticas comunitarias de dañinas para los intereses del campo español y denunció la falta de consideración por parte de la Unión Europea a las necesidades del sector, a la vez que éstas tampoco recogerían adecuadamente las recomendaciones del Parlamento Europeo. Gálvez atribuyó parte del fenómeno a la entrada masiva de productos procedentes de países como Marruecos, Egipto o Sudáfrica, competencia a la que describe como desleal por no cumplir los mismos estándares de producción ni afrontar los mismos costes.
El dirigente de Asaja explicó que la agricultura murciana representa un componente fundamental del abasto alimentario tanto en España como en el resto de la Unión Europea y que la deriva actual de las políticas comerciales pone en peligro tanto la viabilidad de las explotaciones como la garantía de alimentos de calidad y seguros para la población. Gálvez puntualizó la importancia de garantizar el agua de riego en la zona del sureste, condicionado por el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, y de establecer políticas que favorezcan el relevo generacional, elemento que consideran clave para asegurar el suministro alimentario a largo plazo.
Según detalló la fuente, la reivindicación central de los manifestantes consistió en reclamar protección efectiva para el sector agrario nacional ante la liberalización de importaciones y la reducción de apoyo económico a través de la PAC. Los participantes expresaron que las actuales circunstancias ponen en riesgo tanto el sustento de las familias agricultoras y ganaderas como la estabilidad del suministro de productos agroalimentarios nacionales, contexto que motiva la exigencia de intervenciones urgentes por parte de las autoridades españolas y europeas.
Los portavoces remarcaron que, para el sector, la dilatación en la toma de decisiones o el mantenimiento del statu quo sólo prolonga los riesgos y la incertidumbre sobre el futuro de la agricultura y la ganadería españolas, dos actividades que consideran estratégicas para la economía y la sociedad.
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