Según declaraciones recientes de la ministra de Economía y Finanzas de Perú, Denisse Miralles, la reestructuración de Petroperú ha generado importantes obligaciones financieras para el Estado, que solo en 2025 ha debido afrontar el pago de más de 1.000 millones de dólares (836 millones de euros) en garantías de préstamos de la petrolera estatal en los que el país actuó como aval. De acuerdo con lo publicado por el medio local El Comercio, la funcionaria confirmó que el Gobierno peruano espera que Proinversión presente durante la próxima semana el plan para la promoción de los activos de la empresa, en un intento por captar inversión privada y mitigar la compleja situación económica de la compañía.
La iniciativa gubernamental busca identificar los principales bloques patrimoniales de Petroperú y diseñar una hoja de ruta específica para cada uno. Tal como reportó El Comercio, la ministra Miralles detalló que el plan incluirá las herramientas que se emplearán para incentivar la participación de capital privado, con el objetivo de reforzar la posición de la empresa y atraer socios financieros. La funcionaria remarcó en la entrevista que el decreto de urgencia emitido por el Ejecutivo era la única alternativa viable para proceder con la reestructuración de la compañía y dar respuesta a los compromisos financieros acumulados por la estatal.
Según informó El Comercio, Petroperú enfrenta actualmente una deuda acumulada de 5.000 millones de dólares (4.182 millones de euros), una carga que influye de forma directa en sus operaciones y que condiciona las decisiones estratégicas del Gobierno. Además, el periodo auditado hasta octubre arroja unas pérdidas netas de 1.611 millones de soles (410.000 millones de euros), lo que evidencia el deterioro financiero que arrastra la petrolera estatal y acentúa la urgencia por encontrar soluciones que eviten mayores riesgos para el erario público.
En línea con lo comunicado por la ministra, las gestiones para incorporar capital privado en la empresa avanzan, y está previsto que la firma de los primeros contratos de participación se concrete en junio, siempre después de identificar los activos que podrían resultar atractivos para potenciales inversores. De acuerdo con El Comercio, esta tarea está a cargo de Proinversión, la agencia estatal responsable de promover inversiones privadas en activos públicos para fomentar la eficiencia y la competitividad del sector.
La compleja situación financiera de Petroperú y las medidas adoptadas por el Gobierno forman parte de una estrategia más amplia para estabilizar la empresa y fortalecer el sector de hidrocarburos nacional. La intervención del Estado a través de garantías e instrumentos legales excepcionales refleja la magnitud de los desafíos que enfrenta la petrolera, y la determinación del Ejecutivo para proteger los intereses públicos y asegurar la viabilidad operativa de uno de los principales actores económicos del país, según lo detallado por El Comercio.
La atención se concentra ahora en la presentación del plan de promoción de activos, que definirá los pasos concretos para involucrar capital privado en la gestión y extracción de recursos petroleros, y que permitirá establecer las condiciones en las que se desarrollará la colaboración entre el Estado y los potenciales aliados financieros, con la expectativa de revertir la tendencia de pérdidas y reducir la exposición estatal al riesgo financiero, según las declaraciones reiteradas por la ministra Denisse Miralles al medio El Comercio.
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