
Una fotografía de un sobre sellado por la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela y recibido el 4 de febrero de 2020 respalda la afirmación de que Víctor de Aldama, empresario investigado en el 'caso hidrocarburos', obtuvo documentos de la petrolera PDVSA entregados directamente por Delcy Rodríguez. Según Europa Press, estos documentos supuestamente incluyen información relevante sobre aportaciones opacas relacionadas con el PSOE y la Internacional Socialista, aspecto que habría salido a la luz durante el interrogatorio judicial a Aldama.
Durante su comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional, Aldama aseguró que el contenido del sobre se refería a cuestiones vinculadas al sector de los hidrocarburos, aunque precisó que no guardaba relación con Villafuel, la empresa central en la investigación por presunta corrupción. El empresario evitó entrar en detalles sobre la documentación recibida y emplazó a la Fiscalía Anticorrupción a alcanzar un acuerdo si se requería más información sobre ese aspecto concreto, según fuentes presentes en el interrogatorio citadas por Europa Press.
El medio también reportó que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya había documentado la existencia y custodia de este material. Aldama habría confiado la documentación a su colaborador Luis Alberto Escolano, quien, tras recibir el sobre, le envió una fotografía evidenciando su autenticidad mediante el sello oficial de la vicepresidencia venezolana. De acuerdo a los investigadores, dicho material prueba la recepción de los documentos por parte de Aldama en la fecha mencionada.
En otra parte de su declaración, Aldama afirmó que sostuvo una reunión con Ángel Víctor Torres, ex presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y con Koldo García, antiguo asesor ministerial de Transportes, para explorar oportunidades sobre la posible obtención de depósitos fiscales en las islas. Según el empresario, asistió acompañado de Manuel Salles —también investigado en la causa—, aunque aclaró que estos encuentros no estuvieron relacionados con Villafuel y que la iniciativa sobre los depósitos no prosperó.
Ante las preguntas sobre su participación en el llamado 'caso Koldo', Aldama sostuvo ante el juez y ante la prensa su rol como comisionista, pero negó cualquier irregularidad en la percepción de comisiones, y subrayó que Villafuel no recibió ningún trato de favor, ya que la obtención de la licencia demoró casi dos años. Concretó que percibió 110.000 euros de la empresa MTM 180, especificando que su labor no abarcó la administración ni la propiedad de ninguna de las compañías investigadas. "Yo no tengo ningún tema de IVA, no soy administrador de ninguna de las compañías que se mencionan, no soy dueño de Villafuel, no soy dueño de las comercializadoras. Y he dejado muy claro en la declaración cuál era mi papel", expuso ante los medios, según consignó Europa Press.
Las preguntas judiciales también indagaron sobre la relación de Aldama con Claudio Rivas. Aldama reconoció que ambos fueron socios, pero exclusivamente en temas de restauración e inmobiliaria, y no en actividades vinculadas con el sector de hidrocarburos. En ese contexto, señaló que la empresaria Carmen Pano le entregó entre 40.000 y 50.000 euros destinados al exministro José Luis Ábalos y a Koldo García, enfatizando que él no transfirió esas sumas directamente. Criticó el testimonio de Pano en el que ésta aseguró haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en octubre de 2020 por encargo de Aldama, señalando que "esta señora nunca ha entregado 90.000 euros en la sede de Ferraz porque yo se los haya dado". Pano había reiterado su versión durante su declaración judicial en marzo del año pasado, según publicó Europa Press, afirmando que la entrega se realizó en dos partes en la sede citada.
En referencia a la cantidad de un millón de euros identificados por la UCO como parte de una presunta operación para influir en el exministro Ábalos, Aldama explicó que los agentes incluyeron el valor de una vivienda ubicada en La Alcaidesa (Cádiz), tasada en más de 600.000 euros, además de comisiones recibidas de la empresa Have Got Time, sumando así la cifra mencionada por los investigadores.
Europa Press indicó que en los últimos días la Audiencia Nacional también citó a declarar a otros implicados: Juan Ignacio Díaz Bidart y Marc Pons, exjefes de gabinete de las exministras Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente; Manuel García, director general de Política Energética y Minas; Manuel Salles, administrador de una empresa; así como a Álvaro Gallego, cuyo nombre apareció ligado a la retirada de 108.500 euros en metálico. Claudio Rivas, señalado junto a Aldama por la UCO como uno de los responsables de la trama, se abstuvo de declarar esta semana.
De acuerdo con el informe más reciente de la UCO consignado por Europa Press, la red investigada habría logrado acceder a altos cargos de, al menos, tres ministerios: Transportes, Industria, Comercio y Turismo, y Transición Ecológica y Reto Demográfico, mediante la intermediación de Aldama, quien, según los agentes, tenía acceso directo al entorno de José Luis Ábalos. Las sospechas de los investigadores apuntaron a que la finalidad de este acceso era influir en la concesión de la autorización administrativa necesaria para la actividad mayorista de Villafuel en el mercado de hidrocarburos, supuestamente sin cumplir los requisitos legales y a cambio de contraprestaciones económicas.
Finalmente, estaba previsto que Manuel Salles compareciera también como investigado en la misma jornada, pero tuvo que posponer su declaración debido a motivos de salud. El juez sí tomó declaración, además de a Aldama, a Manuel García, responsable de Política Energética y Minas, continuando de este modo las diligencias instructivas abiertas por la Audiencia Nacional a partir de los informes remitidos por la Guardia Civil y las testificales de los implicados, confirmó Europa Press.
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