Las compañías que logren un crecimiento en su plantilla de empleados con remuneraciones superiores al salario mínimo interprofesional (SMI) pueden optar a deducciones fiscales que alcanzan hasta la totalidad del incremento del SMI, de acuerdo con el borrador de incentivos elaborado por el Ministerio de Hacienda. Según detalló Europa Press, el incentivo dirigido a empresas establece una compensación fiscal gradual condicionada tanto al número de contrataciones como al nivel salarial ofrecido, con el objetivo de facilitar el aumento del SMI en 2026 y sumar a la patronal CEOE al pacto.
El plan del Gobierno, según publicó Europa Press a partir de la propuesta filtrada, prevé fijar el SMI en 1.221 euros mensuales, distribuidos en catorce pagas anuales, lo que representa una subida del 3,1% respecto al valor previsto para 2025. Para materializar este incremento sin desalentar la contratación, el Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, diseña una reducción progresiva en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. Esta deducción favorecería a las empresas que no solo mantengan, sino que amplíen su plantilla con empleos cuya retribución supere el SMI.
El alcance del beneficio fiscal depende de la magnitud de dicho aumento en el empleo. Las compañías de menos de 100 trabajadores accederían a la compensación si amplían su plantilla en al menos una persona contratada a tiempo completo durante un año. En el caso de las organizaciones que cuentan con al menos un centenar de trabajadores, la condición sería sumar dos nuevos empleados o elevar la plantilla en al menos un 1%. Según consignó Europa Press, la cuantía de la reducción fiscal es escalonada: si el crecimiento de la plantilla resulta inferior al 5%, la rebaja en el impuesto resulta menor, pero si el incremento iguala o supera el 15% del personal, puede alcanzar el 100% de la subida del SMI.
Europa Press detalló que para mantener el derecho a la deducción, las empresas beneficiadas por este incentivo estarán obligadas a preservar ese incremento de trabajadores durante los dos años siguientes al ejercicio fiscal en que se aplicó la reducción. El esquema busca asegurar una consolidación del aumento en el empleo y evitar ajustes que anulen el efecto de las nuevas contrataciones tras recibir la ventaja tributaria.
El Gobierno espera que este tipo de estímulos fiscales sirva como elemento persuasivo para involucrar a la CEOE y alcanzar un acuerdo en torno al alza del salario mínimo. Hasta ahora, los representantes empresariales se han mostrado reticentes ante las propuestas de aumentos del SMI sin medidas compensatorias que mitiguen el impacto en los costes laborales. Como publicó Europa Press, la reducción fiscal actúa como opción para que las empresas puedan absorber el sobrecoste derivado del nuevo SMI a través de ventajas impositivas condicionadas a la creación de empleo de calidad.
El borrador del Ministerio de Hacienda, al que accedió Europa Press, forma parte de un conjunto más amplio de negociaciones entre el Ejecutivo, sindicatos y patronal, en las que el consenso resulta clave para definir la evolución del SMI de cara a 2026. La medida no contempla requisitos en cuanto a los sectores o actividades de las compañías, sino que vincula la deducción directamente al número de empleados y al nivel retributivo. El modelo propone como referencia la plantilla media durante el periodo impositivo, para contar la variación en la cifra de empleados y evitar manipulaciones puntuales.
La propuesta trasladada a la CEOE integra el objetivo gubernamental de avanzar hacia una convergencia del salario mínimo con parámetros de otros países europeos, pero ajustándose a las realidades específicas del mercado laboral español. Según la información de Europa Press, el mecanismo prevé un seguimiento posterior de dos años, ratificando así el compromiso empresarial con la estabilidad en la generación de empleo.
El plan fiscal presentado por Hacienda refleja la búsqueda de apoyos para una reforma que afectará a millones de trabajadores y a la estructura de costes de las empresas, en los ámbitos de negociación colectiva y en la planificación de recursos humanos. Desde el Ejecutivo aseguran, según citó Europa Press, que la medida contribuye tanto al objetivo social de elevar las condiciones salariales mínimas como a la viabilidad económica de las empresas en un contexto de incremento de costes laborales.
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