Las organizaciones de consumidores han solicitado la creación de canales para reportar a la administración las numeraciones desde las que los usuarios reciben llamadas consideradas spam, con la finalidad de que dichas líneas sean incorporadas a listas de bloqueo gestionadas por las autoridades. Según informó Europa Press, la petición surge tras el cierre del plazo este miércoles, 28 de enero, para que las compañías de telecomunicaciones entregaran al Gobierno sus protocolos destinados a bloquear llamadas comerciales no solicitadas.
Tras esta presentación, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Transformación Digital, tiene la responsabilidad de analizar y validar los documentos recibidos por las operadoras. Facua-Consumidores en Acción, a través de un comunicado recogido por Europa Press, pidió a la Secretaría que agilice la emisión de resoluciones sobre cada uno de los protocolos presentados. La urgencia responde a la situación actual en la que, a pesar de la normativa vigente desde junio de 2023, la mayoría de los consumidores continúan recibiendo llamadas publicitarias sin su consentimiento.
De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la organización Facua considera que la implementación rápida de estos mecanismos resulta imprescindible debido a la persistencia de fraudes asociados al spam telefónico. Entre estos ilícitos, Facua señala prácticas como la suplantación de identidad, tanto de empresas de telecomunicaciones como de compañías energéticas, con el objetivo de ofrecer tarifas inexistentes o inventar incrementos de precios para fomentar el cambio de proveedor por parte del usuario.
El medio detalló que estas actividades fraudulentas son facilitadas por la falta de controles efectivos para detener el tráfico masivo de llamadas comerciales no autorizadas. Para enfrentar estas situaciones, la nueva Ley 10/2025, de 26 de diciembre, regula los servicios de atención al cliente y obliga a las empresas de telecomunicaciones a bloquear las comunicaciones comerciales no solicitadas, salvo en aquellos casos en los que el usuario haya dado su autorización explícita.
Europa Press reportó que Facua ha instado no solo a la rápida validación de los protocolos presentados por las telecos, sino también a la puesta en marcha de vías de diálogo permanente entre la administración y las organizaciones de consumidores. El objetivo de estas vías sería permitir que se informe ágilmente sobre números que realizan llamadas comerciales no autorizadas, simplificando su inclusión en las listas de bloqueo.
Por otro lado, la normativa que entró en vigor a finales de 2023 prevé en los próximos meses la implantación de un código numérico específico. Este código permitirá a los usuarios identificar de forma clara cuándo una llamada comercial es legal, es decir, cuando ha sido autorizada expresamente, puntualizó Europa Press.
El proceso seguirá, ahora, con la evaluación de los protocolos entregados por las operadoras, paso previo a que puedan activarse los mecanismos que impidan el tráfico no autorizado de llamadas comerciales. Facua subrayó que estas medidas carecerán de efectividad si no se garantiza la participación de las asociaciones de consumidores y la colaboración para identificar las líneas empleadas recurrentemente en acciones de spam o fraude.
La Ley 10/2025 establece un marco regulatorio estricto para la protección de los usuarios, con la introducción de controles y nuevas obligaciones para las empresas del sector. El impacto esperado es una reducción significativa de las molestias asociadas a llamadas publicitarias imprevistas, así como una mayor protección contra estafas telefónicas. Europa Press indicó que las distintas entidades sociales y las empresas del sector esperan que, tras la validación de los protocolos, la puesta en marcha de las nuevas herramientas permita reducir la incidencia del spam telefónico en España.
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