
Según anunció el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la adecuación y reorganización del Servicio de Inspección para encajar en el nuevo modelo de tribunales de instancia ha implicado la elaboración de instrucciones dirigidas a detallar qué tipo de información podrán solicitar los inspectores en sus visitas anuales, extraordinarias o telemáticas. Esta actualización administrativa responde a las dificultades reportadas por presidentes de la Audiencia Nacional, miembros del propio Servicio de Inspección y representantes de Tribunales Superiores de Justicia, quienes han señalado complejidades en el acceso a datos relevantes debido a la reciente reestructuración de la oficina judicial que, desde ahora, se configura como una unidad única con servicios compartidos para cada partido judicial y no por juzgado individualmente. El medio detalló que la solicitud de información abarcará estructura, organización y funcionamiento de los diferentes órganos judiciales, tanto en sede provincial como en los propios tribunales de instancia, así como la situación organizativa de las presidencias de Salas o Secciones.
En cuanto a la aplicación de nuevas tecnologías en el ámbito judicial, el CGPJ ha aprobado una instrucción que marca los límites y condiciones bajo los que jueces y magistrados pueden emplear herramientas de inteligencia artificial (IA) en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Según reportó el CGPJ mediante nota de prensa, la principal directriz es el cumplimiento estricto del principio de control humano, que exige que cualquier uso de la IA por parte de los miembros de la Judicatura resta siempre supervisado de manera efectiva, real y consciente por una persona, impidiendo así la delegación o automatización de tareas que son inherentes a la función de juzgar.
La instrucción presentada, la cual próximamente aparecerá publicada en el Boletín Oficial del Estado, establece un marco normativo claro, coherente y homogéneo alineado tanto con la regulación española como europea, tal como comunicó el CGPJ. El documento subraya la necesidad de fijar directrices precisas sobre el empleo de la inteligencia artificial, especialmente cuando se trata de tecnologías generativas, ya que el mal uso de estos sistemas podría atentar contra derechos y libertades fundamentales.
De acuerdo con lo dispuesto, solo podrán utilizarse sistemas de IA previamente facilitados por las administraciones competentes en Justicia y que cuenten con un control previo del propio Consejo, o bien aquellos puestos a disposición de manera directa por el CGPJ. No está autorizado el uso de herramientas que puedan sustituir, automatizar o delegar la responsabilidad del análisis de hechos, valoración de pruebas, interpretación normativa o resolución judicial. Tampoco se admitirá la utilización de resultados que influyan —sea de modo directo o indirecto— sobre la autonomía e independencia de jueces y magistrados ni sobre su criterio profesional, ni para tratar información personal especialmente protegida.
Tal como publicó el CGPJ, la instrucción admite algunos usos de estos sistemas, como la búsqueda y recuperación de información jurídica, la localización de antecedentes procesales o la elaboración inicial de esquemas, resúmenes y borradores de contenido interno, siempre y cuando estas tareas no afecten la toma de decisiones dentro del proceso. En el caso específico de los borradores de resoluciones judiciales generados con apoyo de IA, se establece que únicamente podrán considerarse como material de apoyo o asistencia. Esto implica que la revisión y validación final de dichos borradores será siempre tarea exclusiva y completa del juez o magistrado, quien deberá verificar de forma personal y crítica la idoneidad y legalidad del texto antes de poder darle cualquier empleo oficial.
La resolución subraya de manera explícita la prohibición de emplear IA para cualquier función que sustituya la participación humana en decisiones judiciales, así como la importancia de que ninguna tecnología condicione la independencia ni la libertad de juicio en la labor de los magistrados. El CGPJ recordó en su comunicado que el objetivo de este marco regulatorio es evitar cualquier impacto en la autonomía jurisdiccional y proteger la garantía de los derechos y libertades de las personas.
En lo concerniente a la adaptación del Servicio de Inspección a la nueva estructura organizativa judicial, la comunicación del CGPJ precisa que se hará hincapié en recabar información asociada a la forma en la que se desarrollan las labores estructurales y de funcionamiento de los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales, tribunales de instancia y el Tribunal Central de Instancia. También resulta objeto de atención el trabajo de las presidencias de las salas o secciones de estos órganos, de acuerdo con la nueva orientación organizativa instaurada por el CGPJ.
Esta serie de directrices, tanto en el uso de sistemas avanzados como en los procedimientos de inspección y control, refleja la voluntad del Consejo de mantener un equilibrio entre la modernización tecnológica del sistema judicial y la preservación de principios esenciales como la autonomía y la inembargabilidad de la función de juzgar, según informó el CGPJ en su nota de prensa. El órgano recalcó que la incorporación progresiva de tecnología no puede suplantar la esencial intervención humana en el proceso judicial ni comprometer la independencia que garantiza la tutela judicial efectiva en el marco del Estado de Derecho.
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