
Australia ya registró un intento reciente de modificar el sistema de gobierno a través de mecanismos de participación popular, el cual no logró prosperar. Según consignó el medio The Guardian, el referéndum llevado a cabo en 2023 sobre los derechos de los pueblos indígenas fue rechazado pese al apoyo del propio primer ministro Anthony Albanese, lo que pone en evidencia las dificultades de este tipo de consultas en el país. En este contexto, la posibilidad de someter a referéndum el régimen monárquico se mantiene fuera de la agenda gubernamental, a pesar de los debates reactivados por la detención del expríncipe británico Andrés Mountbatten-Windsor.
De acuerdo con The Guardian, tras la detención de Andrés de Inglaterra, quien fue arrestado y posteriormente liberado en el marco de investigaciones vinculadas con sus relaciones con Jeffrey Epstein —empresario fallecido y condenado por delitos sexuales—, se reabrió la discusión pública sobre el estatus de la monarquía británica como jefatura de Estado en Australia. No obstante, el primer ministro Albanese declaró que “ya hemos tenido un referéndum en esta legislatura. Los referéndum son difíciles en Australia”, tomando distancia de un posible nuevo proceso plebiscitario sobre la forma de gobierno.
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Albanese, identificado como republicano, reafirmó su postura personal favorable a que Australia cuente con un jefe de Estado propio, aunque también sostuvo que su relación con Carlos III es buena. Según detalló The Guardian, Albanese expresó que esa relación “no quita que siga creyendo que debe haber un jefe de Estado australiano”. El jefe del Gobierno subrayó que, pese a su preferencia republicana, el contexto político y social actual, sumado a las recientes experiencias, hacen inviable abrir en este momento un proceso para decidir sobre la continuidad de la monarquía o la instauración de una república.
Australia fue colonia británica durante más de un siglo, alcanzando la independencia efectiva en 1901. Desde entonces, mantiene a la monarquía británica como jefatura de Estado. El último gran intento de cambiar este sistema fue en 1999, cuando se celebró un referéndum para proponer la sustitución de la reina Isabel II por una figura presidencial electa por el Parlamento australiano. Aquella consulta tampoco prosperó.
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La detención reciente de Andrés de Inglaterra motivó que diversos sectores sociales y políticos pusieran sobre la mesa, nuevamente, la cuestión republicana. Sin embargo, el antecedente inmediato del referéndum sobre los derechos indígenas, cuyo resultado negativo reflejó los desafíos de conseguir el respaldo necesario para modificaciones constitucionales, refuerza la postura del Gobierno de no retomar en el corto plazo el debate sobre la monarquía.
Albanese reiteró esta posición en declaraciones recogidas por The Guardian, donde enfatizó: “Soy republicano, pero ya hemos tenido un referéndum en esta legislatura. Los referéndum son difíciles en Australia”.
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Desde la perspectiva del Gobierno, la prioridad reside en mantener la estabilidad institucional y no desgastar recursos políticos en consultas populares que, a la luz de resultados recientes, presentan escasas posibilidades de éxito en Australia. Las referencias al intento fallido de modificar la Constitución para reconocer los derechos indígenas ilustran la resistencia de la ciudadanía australiana a cambios de gran calado mediante referéndum.
El arresto y posterior liberación del expríncipe Andrés, ocurrido en el marco de un proceso judicial internacional, ha elevado la presión mediática y ciudadana para replantear el vínculo de Australia con la monarquía británica. Sin embargo, de acuerdo al primer ministro, el debate deberá esperar nuevas circunstancias políticas que permitan generar consensos más amplios entre la ciudadanía y las fuerzas representadas en el Parlamento.
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El medio The Guardian recordó también que la idea de un jefe de Estado australiano no es nueva para la sociedad y el ámbito político del país, pero sigue encontrando obstáculos prácticos y simbólicos, acentuados por la historia colonial, la tradición institucional y la falta de un impulso suficiente tras los últimos procesos plebiscitarios.
Por el momento, la postura gubernamental descarta la posibilidad de promulgar un referéndum sobre la monarquía, al tiempo que remarca las recientes experiencias en consultas populares, las dificultades para lograr consenso y la prioridad de otras agendas políticas y sociales.
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