El Gobierno busca elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1%, retroactivo desde el 1 de enero de este año, hasta los 1.221 euros mensuales, lo que implica un aumento de 37 euros por mes respecto al actual, y proyecta la exención de impuestos a quienes reciban este salario. Según informó Europa Press, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró que la negociación culminará mañana con la última reunión de la mesa de diálogo social, en la que espera cerrar un acuerdo respaldado por sindicatos y empresarios, tras varios meses de contactos.
Díaz comunicó a TVE, en declaraciones recogidas por Europa Press, que el Gobierno se compromete a la subida del SMI con una política de justicia fiscal: “La buena noticia es que el Gobierno de España va a subir el salario mínimo un 3,1% con justicia fiscal, sin pagar impuestos”, remarcó. Además, agradeció a los agentes sociales por el funcionamiento del diálogo, señalando que aunque la ley sólo obliga a consultar el SMI, el Ejecutivo ha apostado por una negociación real con las partes involucradas.
La ministra indicó que el proceso de negociación ha continuado durante meses pese a no ser un requisito legal. “Esa mesa lleva meses negociando a pesar de que el Gobierno sólo está obligado a consultar el SMI, no a negociarlo con sindicatos y empresarios”, declaró Díaz, según publicó Europa Press. Destacó que el acuerdo final se abordará mañana, tal como se acordó al cierre de la última reunión celebrada el lunes pasado.
La propuesta gubernamental lleva previendo un ajuste con efectos desde el primer día de 2024 y extendiéndose hasta el 31 de diciembre de 2026. Con la subida propuesta, el salario mínimo anual superará los 17.000 euros, detalló la ministra. La medida prevé que el incremento anual alcance los 518 euros respecto a la cuantía vigente.
Una de las novedades en discusión se relaciona con la iniciativa de incentivar fiscalmente a las empresas, principalmente a aquellas en las que la remuneración mínima tiene más presencia, con el objetivo de que estas firmas eleven los salarios más bajos, incluso por encima del próximo SMI. Esta cuestión se tratará en el encuentro definitivo previsto para la tarde del jueves, según consignó Europa Press.
Díaz sostuvo que el cierre del proceso de diálogo social ha contado con la cooperación de los agentes sociales y resaltó la importancia de su rol para que España llegue a consensos en materia laboral. Aseguró que el mecanismo de negociación colectiva en el país funciona y permite avanzar en acuerdos vinculados a la mejora de las condiciones laborales.
En su comparecencia, la vicepresidenta segunda fue crítica con el Partido Popular, atribuyéndole su oposición tanto a la subida del salario como a la caída del decreto ómnibus, el cual contemplaba una prórroga de la cuantía del SMI de 2025 hasta la aplicación del nuevo importe, además de prever la revalorización de las pensiones para el año 2026. “Menos mal que aquí no dependemos del Partido Popular, porque también votarían en contra”, afirmó la ministra según publicó Europa Press.
La propuesta gubernamental se presenta en un contexto marcado por la búsqueda de consenso entre ejecutivos, representantes sindicales y sector empresarial, con el objetivo de articular una subida que beneficie directamente a los trabajadores de menor ingreso y a la vez contemple incentivos para las empresas. La medida, además de fijar la cantidad del SMI para los próximos años, busca garantizar la retribución anual por encima de los 17.000 euros para quienes perciben este salario, conforme detalló Europa Press.
Para cerrar la negociación, las partes discutirán en la mesa convocada para el jueves los últimos aspectos técnicos de la propuesta del Gobierno y los detalles de su aplicación retroactiva y de los beneficios fiscales destinados a empresas con mayor afectación por el SMI. Europa Press anticipó que, de alcanzarse el consenso esperado, el acuerdo sería aplicable de inmediato, permitiendo la revisión en nóminas con efectos desde el inicio del año.
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