La ONU afirma que sus 'cascos azules' siguen en Jonglei tras la orden de evacuación del Ejército

La intensificación de la vigilancia ante la posible escalada de operaciones militares en Jonglei ha puesto en alerta a organismos internacionales, debido al riesgo que enfrentan miles de habitantes de esa región de Sudán del Sur y la presencia de discursos de odio que alientan tensiones étnicas. Según detalló Europa Press, la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) ha comunicado su preocupación por el aumento de amenazas de hostilidades a gran escala y el impacto que esto puede acarrear para la población civil.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la Organización de Naciones Unidas ha confirmado que sus fuerzas de paz permanecen desplegadas en el estado de Jonglei, a pesar de la reciente orden militar emitida por el Ejército sursudanés que insta a la evacuación no solo de los ‘cascos azules’ sino de civiles y organizaciones humanitarias, en al menos tres condados, ante el anuncio de una ofensiva militar inminente. Las autoridades sursudanesas indicaron que la operación, denominada ‘Paz Duradera’, busca actuar en zonas bajo control de grupos opositores, en un contexto marcado por intensos enfrentamientos desde la firma del acuerdo de paz en 2018.

El portavoz del Ejército sursudanés, Lul Ruai Koang, declaró recientemente, según consignó Europa Press, que los habitantes de Nyirol, Uror y Akobo disponían de 48 horas para abandonar sus comunidades y trasladarse a regiones controladas por el gobierno, atendiendo a cuestiones de seguridad. La orden se dirige especialmente a áreas bajo dominio del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO). Además de la retirada de civiles, la documentación oficial incluye la exigencia de que las fuerzas de Naciones Unidas y las entidades de apoyo humanitario se replieguen temporalmente de estos territorios.

Una portavoz de la UNMISS explicó a Europa Press que la misión había tomado nota del comunicado emitido por el portavoz de las Fuerzas de Defensa Popular de Sudán del Sur sobre la situación en Jonglei y la consiguiente orden de evacuación. La misma fuente confirmó la presencia activa de soldados de paz en Akobo, prestando una función protectora en la medida de sus posibilidades y manteniendo canales de comunicación con las autoridades y comunidades locales. No se informó sobre la situación exacta de las fuerzas en Nyirol y Uror en ese momento.

Stéphane Dujarric, portavoz de la Secretaría General de las Naciones Unidas, subrayó en una comparecencia citada por Europa Press que existe una creciente inquietud internacional “por las amenazas sobre operaciones militares a gran escala en Jonglei que podrían poner en riesgo a cientos de miles de civiles”, y advirtió sobre la proliferación de “discurso de odio” que agrava las tensiones étnicas en la zona. Dujarric transmitió la postura de la UNMISS, instando a todas las partes enfrentadas a cesar las hostilidades y evitar cualquier acción o amenaza que promueva miedo, violencia o discriminación, así como a proteger al personal y las instalaciones de la ONU. Afirmó que las fuerzas de paz continúan colaborando para prevenir el conflicto e impulsar el proceso de paz mediante una participación imparcial, haciendo hincapié en la importancia de no entorpecer estos esfuerzos a través de campañas de desinformación ni acciones hostiles.

La misma situación se ve agravada por recientes avances del Ejército en la región. El medio Radio Tamazuj informó sobre la captura por parte de las fuerzas gubernamentales de las localidades de Tiam y Wek, cercanas a Yuai, ciudad que a principios de enero pasó a manos del SPLM-IO dirigido por Riek Machar, exlíder rebelde y vicepresidente primero, actualmente bajo arresto domiciliario. Este avance forma parte de un conflicto de fondo entre comunidades nuer, con las que se identifica Machar, y la etnia dinka, a la que pertenece el presidente Salva Kiir.

Un alto cargo militar, el general Johnson Olony, pidió recientemente a las tropas gubernamentales evitar mostrar indulgencia durante la ofensiva en Jonglei, instruyéndolas explícitamente a no perdonar vidas ni propiedades, según relató Europa Press. El general Olony ocupa la jefatura adjunta del Ejército para el Desarme y la Movilización y lidera además la División Agwelek, una agrupación de milicianos no totalmente integrada en las fuerzas armadas oficiales y compuesta por varios miles de efectivos. Esta estructura fragmentada contribuye a la intensidad y la autonomía de acciones armadas, distanciándose en ocasiones de la línea marcada por el mando central.

Las declaraciones de Olony motivaron una reacción de la ONU, que, a través de sus portavoces, expresó su preocupación por el uso de lenguaje que incita a la violencia y subrayó el rechazo institucional a la retórica violenta, máxime tras el desplazamiento reciente de unas 18.000 personas por los enfrentamientos. Graham Maitland, responsable de la misión de Naciones Unidas en el país africano, abogó por que los dirigentes sursudaneses prioricen el bienestar de la población y respeten los términos del acuerdo de paz. Maitland destacó que retomar el consenso en la toma de decisiones y avanzar hacia el cierre pacífico del periodo de transición, mediante un diálogo que incluya a todas las partes, resultan esenciales en este escenario.

El origen inmediato de la escalada actual se remonta a febrero de 2025, de acuerdo con Europa Press, cuando el llamado Ejército Blanco lanzó una ofensiva sobre el Ejército sursudanés en la localidad de Nasir, en el estado de Alto Nilo, cerca de la frontera etíope. Aunque inicialmente tomaron el control de la ciudad, los militares recuperaron la zona al mes siguiente. Tras estos hechos, las autoridades decidieron colocar a Machar en arresto domiciliario bajo acusaciones de conspirar contra la seguridad nacional, lo que el SPLM-IO consideró una ruptura del pacto de paz y advirtió sobre el peligro de una guerra de mayor envergadura si su líder permanecía detenido.

Durante el periodo que siguió, la formación opositora experimentó divisiones internas, principalmente después del inicio del juicio contra Machar por cargos de asesinato, traición, conspiración, financiación del terrorismo, sabotaje estatal y crímenes de lesa humanidad, vinculados a la violencia reciente en Alto Nilo. La inestabilidad se extendió a otras regiones, con nuevos enfrentamientos protagonizados por el SPLM-IO y el Frente de Salvación Nacional en Ecuatoria Occidental. Aunque el gobierno manifestó haber mantenido el control, el repunte de la violencia reflejó el riesgo persistente de reanudación del conflicto armado en el país.

Este contexto de crisis se produce tras la decisión del presidente Salva Kiir en septiembre de 2024 de aprobar una enmienda constitucional que extiende por dos años el periodo de transición política. Dicha medida fue objetada por la comunidad internacional, que exhortó al ejecutivo sursudanés a acelerar la implementación de los compromisos pendientes del acuerdo de paz de 2018, incluido la celebración de elecciones aún no convocadas, según reportó Europa Press.