Juventud propone impedir la entrada de menores en espectáculos taurinos y caza, como le pide la ONU

El Gobierno ultima nuevas restricciones para salvaguardar a menores ante escenarios violentos con animales, respondiendo así a una demanda reiterada de Naciones Unidas y reforzando la protección legal y el bienestar de la infancia y la adolescencia en España

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El Ministerio de Juventud e Infancia expuso hace varias semanas ante otros ministerios la propuesta de reforma que busca modificar la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), integrando la prohibición de la asistencia y participación de menores en eventos en los que se ejerza violencia contra los animales, como los espectáculos taurinos o la caza. El medio Europa Press detalló que la medida responde directamente a las recomendaciones reiteradas de Naciones Unidas, que han instado a España en repetidas ocasiones a impedir la presencia de personas menores de edad en este tipo de actividades.

El planteamiento impulsado desde el área que dirige Sira Rego propone una ampliación del marco legal de protección para la infancia, con nuevas restricciones sobre el acceso de menores a situaciones potencialmente dañinas para su bienestar físico y psicológico. Europa Press informó que el texto completo de la reforma ya está a disposición de los ministerios pertinentes para recibir sus aportaciones finales, y que su aprobación únicamente depende de los últimos ajustes por parte del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes antes de la remisión al Consejo de Ministros.

Durante el reciente examen de España frente al Comité de los Derechos del Niño (CDN) de Naciones Unidas, en Ginebra, varios miembros del organismo cuestionaron a la delegación española en torno a la reclamación de impedir la participación de menores en eventos como las corridas de toros y la caza. Según relató Europa Press, la ministra Sira Rego trasladó al Comité la incorporación de esta prohibición en el borrador de ampliación de la LOPIVI, lo que —según indicó la titular— constituye el cumplimiento de la demanda que la ONU mantiene desde 2018 con el Estado español en materia de derechos de la infancia.

Entre los argumentos recogidos en la exposición de motivos, el departamento de Juventud detalla que las actividades violentas suponen riesgos para la vida, la integridad física y mental de los menores. El ministerio señala que la exposición temprana a escenarios de violencia puede crear un efecto de desensibilización ante el sufrimiento de terceros, perjudicando el desarrollo de la empatía y normalizando patrones de violencia como forma de entretenimiento. Europa Press explica que el propio ministerio advierte sobre las posibles repercusiones en la percepción que los menores pueden formar respecto a la resolución de conflictos y el uso de la fuerza, con consecuencias duraderas en su salud emocional.

La propuesta de ampliación de la LOPIVI introduce otras medidas dirigidas a reforzar la prevención de violencias contra la infancia, así como el acompañamiento y la reparación a menores víctimas. Por un lado, el texto incluye la obligatoriedad de escuchar a niños, niñas y adolescentes en los procedimientos judiciales que les afecten, suprimiendo la edad mínima de doce años que se aplica actualmente.

El borrador extiende también el plazo de prescripción de los delitos sexuales cometidos contra menores, modificando el punto de partida del cómputo de la prescripción: en lugar de comenzar a contar desde los treinta y cinco años de la víctima, se retrasa hasta que la persona cumpla cuarenta y cinco años, según señaló Juventud. Europa Press indicó, asimismo, que la reforma contempla la ampliación del listado de delitos que inhabilitan para ejercer profesiones, oficios y actividades que implican contacto habitual con menores, al incluir la violencia de género dentro de este conjunto.

Un aspecto novedoso recogido por el nuevo texto normativo será el reconocimiento formal de la violencia institucional. Según explicó Sira Rego y reportó Europa Press, esta incorporación permitirá que cualquier omisión, retardo o práctica por parte de las instituciones que ponga en peligro la protección de la infancia pueda ser identificada, investigada y reparada dentro del marco legal estatal.

Europa Press publicó las palabras de la ministra Sira Rego en redes sociales, en las que destacó que con esta propuesta se avanza en la garantía efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que su presentación ante el Comité de los Derechos del Niño pone a España en la senda de cumplir con las exigencias internacionales en la materia. La ministra reiteró que la reforma está lista y depende únicamente de las últimas aportaciones administrativas antes de su debate y previsiblemente su aprobación en el Consejo de Ministros.