Junts no apoyará el decreto ómnibus por incluir la paralización de los desahucios

La formación encabezada por Miriam Nogueras ha confirmado que no respaldará la propuesta por contener medidas relativas a desalojos, mientras reclama mayor autonomía en la gestión ferroviaria y respalda ajustes positivos en pensiones y servicios para sectores vulnerables

Guardar

Durante su intervención en el pleno del Congreso, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, centró sus primeras palabras en los problemas del sistema ferroviario en Cataluña y la gestión estatal, exigiendo la transferencia total de competencias en materia ferroviaria a la Generalitat. Este llamado a la gestión íntegra desde Cataluña introdujo el posicionamiento de Junts sobre el Real Decreto-ley ómnibus en trámite, que, según informó el medio, contiene medidas como la suspensión de desalojos, el incremento en las pensiones y la garantía de energía y luz para los sectores más vulnerables.

El medio reportó que Junts no respalda la convalidación del decreto debido, principalmente, a la disposición sobre la paralización de los desahucios. Nogueras explicitó que su formación no ha definido si optará por la abstención o el voto en contra, pero dejó claro su rechazo a uno de los puntos centrales: la suspensión de los desalojos en casos de ocupación. Según afirmó ante la Cámara Baja, Junts avala el aumento a las pensiones, aunque remarcó su oposición a que los pequeños propietarios no cuenten con protección efectiva si se ven afectados por impagos o usurpaciones.

Nogueras enfatizó que la administración pública debe garantizar la protección social para los más vulnerables, pero dejó sentado que esta responsabilidad no puede recaer sobre los propietarios particulares. En palabras recogidas por el medio: “¿Ayudar a las personas vulnerables? Por supuesto que sí. Y eso es responsabilidad de la Administración, no del pequeño propietario. ¿Dar por buenas las ocupaciones y los impagos? Nunca”. Con esta postura, Junts buscó marcar diferencias sobre la gestión de la política social vinculada a la vivienda.

La formación que encabeza Nogueras también ha mostrado respaldo a otras medidas presentes en el decreto, como la revalorización de las pensiones y la prohibición de cortes de suministro energético a personas de colectivos vulnerables, según consignó la misma fuente. No obstante, el punto de quiebre se ubica en la regulación de los desalojos y la protección a la propiedad privada, aspecto que impide a Junts sumarse al apoyo del resto de medidas.

Respecto a la gestión ferroviaria, la portavoz insistió en que la Generalitat demuestra eficiencia en la administración de los ferrocarriles de Cataluña en contraposición a la gestión operada por entidades estatales como Renfe y Adif. “Los que gestionamos nosotros, los que gestionamos desde Cataluña, los ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, funcionan. ¿Qué trenes no funcionan? Los que gestionan ustedes, Renfe y Adif. No hay que inventar nada. Queremos a Renfe fuera de Cataluña. La solución es clara y ya la tenemos. 100% gestión catalana”, señaló Nogueras, según publicó la fuente.

El medio detalló que la intervención de Junts contempla una demanda reiterada: otorgar a Cataluña plenas competencias para administrar el conjunto de servicios ferroviarios, en busca de corregir los problemas y disfunciones que, según la formación, se producen bajo la gestión estatal. A lo largo de su discurso, Nogueras vinculó esta petición a la idea de que la proximidad en la gestión facilita respuestas más eficaces a los desafíos en el transporte público.

El decreto ómnibus ahora se encuentra en fase de convalidación en el Congreso, en un contexto en el que el apoyo o la abstención de formaciones como Junts puede resultar decisivo para su futuro. Según información recogida en el medio, las negociaciones alrededor de estos aspectos mantienen en vilo la posibilidad de que el Gobierno logre suficiente respaldo parlamentario. Sectores implicados, tanto del lado de los inquilinos y colectivos sociales como de propietarios y gestores ferroviarios, siguen de cerca las discusiones sobre la ampliación de derechos sociales y la descentralización de competencias reflejada en esta batería legislativa.