
El análisis de Funcas atribuye el fuerte crecimiento de la población extranjera en situación irregular en España, especialmente al aumento de personas procedentes de países no comunitarios americanos en los últimos cinco lustros. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, este fenómeno se ha intensificado desde 2017, implicando que, a comienzos de 2025, la población extranjera sin autorización para residir legalmente alcanzaría aproximadamente 840.000 personas. Este dato equivaldría a un porcentaje del 17,2% de los residentes extranjeros extracomunitarios en territorio español, según las estimaciones del propio centro de estudios.
Funcas reportó que la cifra se ha incrementado casi un 685% durante los últimos ocho años, pues en 2017 estos migrantes sumaban 107.000. La metodología aplicada por el centro consiste en considerar como población extranjera regular a quienes disponen de permiso de residencia (en vigor o en tramitación de renovación), permiso de estudios o autorización derivada para familiares cercanos, o quienes tienen pendiente una resolución de solicitud de asilo. Al restar estos colectivos del total de extranjeros registrados oficialmente, se obtiene la estimación para la población en situación irregular.
Del total estimado, el informe de Funcas —difundido por Europa Press— señala que el 90,4% de quienes carecen de papeles proceden del continente americano, lo que representa unas 760.000 personas. Dentro de este grupo, los colombianos constituyen el principal colectivo con 290.000 personas, seguidos por los peruanos (110.000) y los hondureños (90.000). Además, se contabilizan unas 50.000 personas provenientes de África, 15.000 de Asia y 14.000 de países europeos no pertenecientes a la Unión.
El documento resalta que este incremento está estrechamente ligado a la llegada masiva de personas procedentes de nacionalidades no comunitarias desde el año 2017 —principalmente americanas—, lo que explica por qué el 91% de la población extranjera en situación irregular procede de países fuera de la Unión Europea.
Funcas subraya que estas estimaciones corresponden a una situación anterior a la entrada en vigor en mayo de 2025 de la reforma del Reglamento de Extranjería, que flexibiliza los requisitos para la regularización por arraigo. Según información recogida por Europa Press, la proyección de la entidad indica que, con la entrada en vigor de esta normativa, las cifras podrían presentar una reducción, aunque aclaran que todavía es temprano para conocer el impacto real.
El análisis de Funcas —difundido por Europa Press— añade que el Ejecutivo español estima que hasta 900.000 extranjeros podrían regularizarse en el trienio 2025-2027 mediante el nuevo sistema. Incluso así, el centro advierte que si los patrones actuales de movimiento y regularización que no dependen del arraigo se mantienen, la población migrante en situación irregular tendería a estabilizarse, sin experimentar descensos notables. Según palabras de María Miyar, directora de Estudios Sociales de Funcas, “este modelo asume que una proporción notable de los inmigrantes pasa por un largo periodo en la irregularidad antes de conseguir la regularización administrativa, de modo que se producen grandes aumentos de la población en esa situación cuando crecen con intensidad los flujos de entrada, como en la actualidad”.
La directora recordó que hasta 2005 España habría implementado procesos extraordinarios de regularización, destinados a colectivos irregulares próximos o superiores al millón de personas. A partir de ese momento, el sistema se basó en mecanismos de arraigo social, familiar, laboral y de formación, que funcionan como una “regularización extraordinaria continua”. El centro de estudios advierte que, aunque este recurso evitó que se acumularan volúmenes similares de personas sin papeles a los de antes de 2005, no ha servido para impedir aumentos importantes en los periodos de entrada masiva.
Funcas también critica la “escasa planificación” de la política migratoria, considerando que el Estado carece de una estrategia clara sobre el volumen o las características de las personas que reciben autorización para entrar o residir en el país. El análisis de la entidad sostiene que facilitar la regularización a través del arraigo podría mejorar la integración social de muchas personas migrantes, permitiéndoles acceder antes al trabajo legal y evitando su permanencia prolongada en la irregularidad. Pese a ello, la institución considera que esta vía no constituye una planificación real.
El documento de Funcas, tal como consignó Europa Press, recomienda la adopción de medidas integradas en una estrategia económica más amplia. Propone orientar la inmigración hacia actividades económicas con déficit de mano de obra y mayores exigencias de cualificación, lo que —en opinión de la entidad— permitiría fomentar procesos de llegada regulares y reduciría el tiempo que los trabajadores extranjeros permanecen sin regularizar su situación.
Esta estrategia, según el informe, contribuiría a mejorar la integración laboral y social de los inmigrantes en España, reduciría su grado de vulnerabilidad y aumentaría su autonomía económica, lo que a su vez elevaría su aporte al sostenimiento del sistema de bienestar. Además, el análisis pone de relieve que una política migratoria planificada ayudaría a prevenir la acumulación de grandes colectivos en situación irregular y permitiría responder a las necesidades reales del mercado laboral español.
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