El PP ve una "responsabilidad directa" de Puente en la tragedia de Adamuz y no descarta la vía judicial

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, señaló la existencia de una relación directa entre la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y el reciente accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, que dejó víctimas mortales. Bravo planteó la posibilidad de que el PP recurra a los tribunales dependiendo de la información adicional que el partido pueda obtener. De acuerdo con Europa Press, las críticas del principal partido de la oposición se intensificaron después de la reunión del comité de dirección del PP, presidida por Alberto Núñez Feijóo, y se centraron en señalar tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como al Ministerio de Transportes por su gestión previa y posterior al accidente.

Según informó Europa Press, Bravo argumentó que existió una rotura en la vía que fue determinante en el accidente mortal, y subrayó que el mantenimiento de esas infraestructuras corresponde a la administración central. En su declaración, el dirigente resaltó que la circulación de trenes de alta velocidad en la línea Madrid-Andalucía, y en otras similares, se realizó sin comprobar suficientemente el estado de las vías ni considerar las continuas quejas planteadas por conductores y maquinistas, quienes habrían advertido reiteradamente de los riesgos. Bravo destacó que algunos de estos profesionales incluso redujeron la velocidad voluntariamente para priorizar la seguridad de los pasajeros, señalando una falta de diligencia en las labores del Ministerio de Transportes.

El medio Europa Press detalló, además, que el vicesecretario del PP pidió la dimisión inmediata del ministro Puente, a quien responsabilizó tanto por sus acciones como por falta de transparencia. Acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “mentir a las familias de las víctimas y a todos los españoles” al supuestamente ocultar información relevante sobre el caso. Bravo insistió en que el titular de Transportes debe “dar la cara” y afrontar las consecuencias de sus actos, además de cuestionar la permanencia de Puente en el Consejo de Ministros tras los hechos ocurridos en Adamuz.

La acusación de “falsedad” y de “propagación de bulos” fue uno de los ejes de la comparecencia de Bravo, quien aseveró que el dirigente socialista “no puede sentarse mañana en el Consejo de Ministros por respeto a las víctimas”. Europa Press consignó que el portavoz popular también utilizó los términos “zona cero de la corrupción” para referirse al Ministerio de Transportes, sugiriendo irregularidades dentro de la administración de Óscar Puente.

El PP no solo centró sus críticas en el ministro Puente sino también en el presidente del Gobierno. Bravo consideró que Pedro Sánchez debería asumir responsabilidades políticas y respaldó la postura de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que había reclamado la dimisión de Sánchez. El dirigente popular insistió en que el presidente del Gobierno es responsable por ser quien nombra a los ministros y quien, en su opinión, permitió prácticas irregulares, enchufismo y cobro de comisiones en su Ejecutivo.

Cuando se le preguntó por posibles acciones legales, Bravo recalcó que el PP seguirá avanzando en esa dirección conforme disponga de más datos, insistiendo en que están dispuestos a denunciar cualquier posible responsabilidad, sin excluir ninguna opción. Confirmó que el partido dejará que los técnicos trabajen en la investigación y evitó anticipar iniciativas judiciales concretas, pero sí reiteró que no descartan presentar querellas contra Puente o contra otros cargos de Adif si así lo exige la evolución de los acontecimientos.

La relación del Gobierno con la transparencia también fue puesta en entredicho. Europa Press reportó que Bravo criticó la posibilidad de que Pedro Sánchez evite comparecer ante el Senado, rechazando la postura de que una norma le exima de brindar explicaciones sobre el accidente cuando han fallecido 46 personas en sucesos ferroviarios recientes. Desde la perspectiva del PP, la gravedad de los acontecimientos requiere que el presidente informe al Parlamento y dé respuestas claras a la sociedad.

Por otra parte, Bravo describió el clima social tras la tragedia como uno de “shock” general, destacando que las consecuencias del accidente han repercutido en los servicios públicos, sobre todo en el sur y norte del país, afectados por suspensiones e interrupciones de los trenes. Señaló que esta situación es indicativa del deterioro de un servicio fundamental y lamentó que el Gobierno recurra al mismo “patrón” de actuación mostrado durante la crisis del apagón del 28 de abril, donde, según el PP, también se comunicaron medias verdades y se omitió información fundamental.

Europa Press difundió que, para el PP, la preocupación de la ciudadanía no solo se relaciona con las deficiencias del sistema ferroviario, sino fundamentalmente con las contradicciones y declaraciones que consideran falsas por parte del Ejecutivo, después del accidente de Adamuz, considerado el siniestro más grave en la historia del AVE en España. El partido de la oposición sostiene que ha habido una cadena de errores en la gestión del Ministerio de Transportes y pide responsabilidades tanto administrativas como judiciales ante las consecuencias del descarrilamiento.

El análisis interno del PP incluye el argumento de que las quejas constantes de los maquinistas, así como la decisión de algunos de ellos de disminuir la velocidad en determinados tramos, demuestran la existencia de un riesgo reconocido dentro del sector. Europa Press detalló que, para el partido, la administración central no solo ignoró esas advertencias, sino que permitió el funcionamiento de la línea de alta velocidad en unas condiciones que consideran insuficientemente seguras, y asocian la tragedia a una cadena de fallos que pudieron haberse evitado con una supervisión más estricta.

En síntesis, la posición del PP, recogida por Europa Press, se apoya sobre acusaciones de falta de diligencia, ausencia de respuestas satisfactorias a las víctimas y al conjunto de la sociedad, así como el reclamo de responsabilidades políticas y judiciales ante un suceso que marcó el sistema ferroviario español.