La Justicia serbia ordena indemnizar a la familia de una de las víctimas del derrumbe de la estación de Novi Sad

El órgano judicial de Novi Sad dictamina que los allegados de una fallecida recibirán una cuantiosa compensación tras el colapso que costó 16 vidas, mientras la sentencia aún enfrenta recurso y el malestar social continúa creciendo en Serbia

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El proceso judicial vinculado al derrumbe de la estación de Novi Sad continúa generando repercusiones en Serbia, luego de que el Tribunal Superior de esa ciudad ordenara al Estado serbio y a la compañía estatal de ferrocarriles indemnizar a los familiares de una de las víctimas, mientras el caso permanece aún bajo revisión del Tribunal de Apelaciones. Según detalló el medio original, la indemnización asciende a 44 millones de dinares, equivalentes a aproximadamente 370.000 euros, como compensación por los daños morales sufridos tras el colapso ocurrido en noviembre de 2024, incidente que causó 16 muertes y desató manifestaciones antigubernamentales en el país.

El dictamen judicial, reportó la fuente, reconoce el impacto psicológico sufrido por los familiares y establece que dos de ellos recibirán 12 millones de dinares cada uno, es decir, cerca de 100.000 euros. Otros dos miembros de la familia deberán ser compensados con 10 millones de dinares cada uno, unos 85.000 euros. El pago deberá realizarse dentro de los 15 días posteriores a la publicación del fallo definitivo. El medio indicó que la sentencia, aunque contundente, ya ha sido remitida al Tribunal de Apelaciones de Novi Sad, por lo que todavía carece de firmeza y las compensaciones permanecen pendientes de una decisión final.

La tragedia, según consignó la fuente, no solo provocó consecuencias judiciales sino que acentuó el malestar social en Serbia. Tras el derrumbe de la marquesina en la estación de Novi Sad, ocurrido en noviembre de 2024, se sucedieron protestas multitudinarias en las calles. Grupos opositores y cientos de estudiantes se manifestaron exigiendo responsabilidad al Gobierno y la renuncia de las autoridades, atribuyendo el siniestro a negligencia oficial.

Por otro lado, el proceso penal correspondiente avanza de manera irregular. El medio detalló que la Fiscalía de Novi Sad procesó a trece personas, entre ellas Goran Vesic, exministro de Construcción, Infraestructura y Transporte, bajo cargos de graves delitos contra la seguridad pública en relación al deficiente estado del edificio que colapsó. Sin embargo, hace apenas un mes, la Justicia decidió archivar las acusaciones contra seis de los imputados, incluidos el propio exministro Vesic, al no hallar pruebas suficientes para establecer su implicación en los hechos según las figuras delictivas señaladas.

El episodio desencadenó una crisis política, ya que el movimiento de protesta consolidó la presión sobre el Ejecutivo liderado por Aleksandar Vucic. La fuente remarcó que los cuestionamientos alay Gobierno aumentaron durante las semanas siguientes al derrumbe, generando una situación que puso en entredicho la continuidad del presidente serbio. El Tribunal de Novi Sad ya había emitido fallos similares en fechas pasadas, estableciendo indemnizaciones en casos relacionados con el mismo accidente mortal.

El futuro inmediato de las compensaciones depende de la resolución final del Tribunal de Apelaciones, mientras las familias de las víctimas aguardan respuestas judiciales firmes. El medio informó que la tensión social se mantiene, a la espera de nuevos desarrollos en el ámbito legal y político que permitan cerrar el capítulo más reciente de desastres asociados a la gestión pública de infraestructuras en Serbia.