Las declaraciones del Ministerio de Exteriores de Bangladesh insisten en que Birmania ha mantenido de forma sistemática una política orientada a negar a la comunidad rohingya no solo la ciudadanía, sino también otros derechos fundamentales, sometiéndola a un proceso progresivo de eliminación de garantías constitucionales y exclusión social. A partir de estos señalamientos, la cancillería bengalí responsabilizó de modo directo a las autoridades birmanas de buscar manipular el proceso internacional por genocidio que se dirime ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), según informó el medio Europa Press.
El gobierno de Bangladesh atribuye a Birmania una estrategia de intoxicación del expediente judicial en que se investiga la presunta comisión de genocidio y otros crímenes contra la minoría rohingya. Según detalló Europa Press, la postura oficial bengalí sostiene que las autoridades birmanas intentan construir una “narrativa migratoria” dirigida a desviar la atención internacional de las atrocidades denunciadas, recurriendo a una versión que cataloga erróneamente a los rohingya como “bengalíes”. Esta calificación, afirma la parte bengalí, busca presentar a los rohingya como inmigrantes ilegales y apunta a reforzar argumentos de seguridad interna, en lugar de reconocer la dimensión étnica e histórica de esta población y la violencia sistemática que ha padecido.
Como detalló Europa Press, el proceso iniciado en la Corte Internacional de Justicia fue impulsado originalmente por Gambia, que acusó a Birmania de implementar a partir de agosto de 2017 una campaña de exterminio contra la comunidad rohingya. El expediente presentado denunció expulsiones masivas forzadas hacia territorio bengalí, donde actualmente se encuentran cientos de miles de refugiados, para quienes la huida se produjo en el contexto de una “operación de limpieza” llevada adelante por el Ejército birmano. Según las denuncias consignadas por Europa Press, esta ofensiva incluyó ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual de carácter sistemático y destrucción generalizada de viviendas y otros bienes civiles.
El Ministerio de Exteriores de Bangladesh desestimó los argumentos birmanos que rechazan el carácter étnico rohingya y los vinculan con migraciones recientes, enfatizando su presencia histórica en el estado de Arakán —actual Rakhine— desde tiempos previos a la integración al antiguo Reino de Barman en el año 1785. Documentos coloniales, estudios demográficos y relatos históricos independientes, citados por la cancillería, refuerzan la arraigada pertenencia de este grupo a la región, en contraposición con la categorización como “bengalíes” defendida por Birmania en su presentación ante la CIJ, según reportó Europa Press.
De acuerdo a la información brindada por Europa Press, Bangladesh puntualizó que la insistencia de Birmania en situar a los rohingya como una población de inmigrantes ilegales forma parte de una política sistemática de exclusión. El Ministerio remarcó que dicha política incluye la negación continuada de la igualdad de derechos y de la inclusión de los rohingya como ciudadanos reconocidos de pleno derecho por parte del Estado birmano. A esta situación, añade que la fase final del proceso de marginación se manifestó en la expulsión masiva de esta comunidad hacia los campamentos del sur de Bangladesh, donde viven en condición de apátridas.
Según consignó Europa Press, el Ministerio de Exteriores de Bangladesh concluyó que describir a los rohingya como “bengalíes” constituye un elemento central de la estrategia estatal birmana para suprimir la identidad legítima de este grupo, privándolo de derechos humanos y ciudadanía. Esta acusación se integra al expediente internacional aún en evaluación de la Corte Internacional de Justicia, con consecuencias para el reconocimiento de los derechos de la minoría y la posible calificación judicial de los hechos denunciados como crímenes de genocidio.
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