El portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Jonathan Fowler, señaló en una rueda de prensa desde Ginebra que muchos de los estudiantes que asisten al centro educativo de Qalandia provienen de familias sin acceso previo a la educación y con recursos económicos limitados. Esta advertencia añade urgencia al anuncio realizado por la UNRWA según el cual Israel prepara el cierre inminente de este establecimiento en Cisjordania, lo que pone en riesgo la continuidad educativa de cientos de jóvenes palestinos.
De acuerdo con la información proporcionada por la UNRWA, reportada este viernes, el centro educativo de Qalandia enfrenta la amenaza de ser clausurado en cuestión de días debido a un posible proceso de expropiación del terreno por parte de las autoridades israelíes. Fowler detalló que el cierre de este colegio privaría a los estudiantes de su derecho a la educación, en un territorio palestino ocupado donde las alternativas son escasas o inexistentes. Según el portavoz, esta situación representa también un problema de justicia social, ya que dicho centro constituye un recurso único para un segmento de la población que ha experimentado históricamente barreras de acceso a la enseñanza.
En ese contexto, el medio informó sobre la falta de opciones educativas alternativas para los menores que quedarán desplazados si el centro deja de operar. Fowler puntualizó: “Si cierra, no habrá una alternativa educativa para todos esos alumnos”. La preocupación recae principalmente en los estudiantes que han encontrado en esta escuela la única vía posible para recibir instrucción básica y continuar su desarrollo.
El anuncio emitido por la UNRWA tiene lugar pocos días después de que las autoridades de Israel ordenaran la demolición de la sede de la agencia en Jerusalén Este. Según detalló la UNRWA y confirmaron agencias de noticias internacionales, esta acción se enmarca en una ley aprobada en octubre de 2024 por el Parlamento israelí, la cual prohíbe las actividades de la agencia dentro del territorio. Este entorno legislativo y operativo ha dificultado la labor de las organizaciones humanitarias que prestan asistencia a la población palestina en la región.
La agencia subrayó que a inicios de enero realizó un llamamiento internacional para recaudar 1.260 millones de dólares (cerca de 1.000 millones de euros) con el propósito de financiar sus programas de apoyo y asistencia dirigida a aproximadamente 2,4 millones de palestinos en Gaza y Cisjordania. Estas necesidades surgen en medio de crecientes restricciones impuestas por el Gobierno israelí, que afectan tanto la ejecución de proyectos educativos como la distribución de ayuda humanitaria.
El cierre del colegio en Qalandia, advirtió Fowler según consignó la UNRWA, amenaza con dejar a cientos de alumnos sin opciones educativas en una de las zonas más afectadas por el conflicto. La preocupación de la agencia radica en el futuro de estos estudiantes, la gran mayoría de familias vulnerables, que dependen de la continuidad del funcionamiento de la escuela para su desarrollo personal y social. Las advertencias de expropiación y demolición de infraestructuras educativas y humanitarias por parte de Israel refuerzan las dificultades que enfrentan organismos internacionales para operar en Cisjordania y Jerusalén Este.
El medio añadió que el contexto de las advertencias de cierre, las restricciones legales y las recientes demoliciones se produce tras meses de tensiones y endurecimiento de las políticas israelíes hacia la labor de las organizaciones que operan en las zonas ocupadas. Estas acciones han reducido las posibilidades de atención y acompañamiento para la población palestina, especialmente para aquellos estudiantes y familias que dependen de la UNRWA como única red de apoyo escolar.
El desarrollo de estos acontecimientos ajusta la mirada internacional sobre la situación de la infancia y la juventud palestina, cuyas oportunidades educativas se ven comprometidas por la situación política y el avance de procedimientos legales como las expropiaciones. Según la UNRWA, la comunidad internacional enfrenta el desafío de responder a estas demandas en un contexto de recursos limitados, políticas restrictivas y crecientes necesidades humanitarias en la región.
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