La denuncia ante la Fiscalía de Odio y Discriminación interpuesta por Jaume Asens, eurodiputado de los Comuns, desencadenó la apertura de diligencias de investigación contra el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol. Según informó Europa Press, este procedimiento se centra en el desalojo de personas sin techo ocurrido el 17 de diciembre de 2025 en el instituto B9 de Badalona. El caso tomó impulso a raíz de la acusación de Asens, que sostiene que podrían haberse cometido delitos de odio, denegación del servicio público por motivos discriminatorios, desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación.
De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la Fiscalía Provincial de Barcelona inició la investigación después de recibir múltiples denuncias relacionadas con el operativo policial ejecutado aquel día. En la intervención, los Mossos d’Esquadra participaron activamente en la expulsión de los ocupantes del B9, un lugar donde residían hasta 400 personas en situación de vulnerabilidad. Varias de estas personas ya habían abandonado el edificio en los días previos a la intervención, pero otras 170 se quedaron sin techo tras el desalojo, consignó el medio en su reporte.
Europa Press detalló que el ayuntamiento de Badalona sostuvo su posición frente a la denuncia de los Comuns, calificándola como una acción sin base técnica ni jurídica. Desde el consistorio remarcaron que el desalojo del B9 se ejecutó cumpliendo de forma íntegra y estricta la resolución judicial, defendiendo la legalidad del procedimiento. El propio ayuntamiento, citado por Europa Press, afirmó que la actuación se realizó "de manera escrupulosa" y se ajustó a lo dispuesto por la autoridad competente.
El medio recogió además que el consistorio subrayó la colaboración con los Servicios Sociales de la Generalitat antes, durante y después del operativo. Argumentaron que desde el inicio del proceso trabajaron para garantizar la atención a las personas sin hogar desalojadas, incluidas aquellas que posteriormente establecieron un asentamiento bajo la C-31, hacia donde se dirigieron varios de los afectados por el desalojo del B9. El ayuntamiento reiteró a Europa Press su compromiso de continuar ofreciendo apoyo a este colectivo en coordinación con las autoridades autonómicas.
Durante el procedimiento, la Fiscalía analizará si hubo irregularidades administrativas o penales en la ejecución del desalojo y si el protocolo se llevó a cabo respetando los derechos de las personas desalojadas. Las diligencias incoadas buscan determinar la posible comisión de delitos vinculados a la actuación municipal y a la intervención policial, tomando en cuenta la condición de vulnerabilidad de los individuos afectados.
Las consecuencias inmediatas del operativo han sido objeto de críticas y de atención mediática, dado el alto número de personas que perdieron su alojamiento. Las voces que han impulsado las denuncias mantienen que la actuación pudo tener un carácter discriminatorio, y piden que se esclarezcan las circunstancias y se depuren responsabilidades si correspondiera. Según el reporte de Europa Press, la investigación de la Fiscalía aún se encuentra en sus primeras fases y abarcará el análisis de toda la documentación y testimonios relevantes aportados a raíz de los hechos del 17 de diciembre.
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