El sector agrario anuncia una tractorada en Ariany para reclamar soluciones ante la PAC y el acuerdo UE-Mercosur

Los representantes del sector agrario de Baleares han expresado preocupación por la tendencia al alza en los costes de producción, así como por el cierre de diversas industrias agroalimentarias en la región. A estos factores se suma su denuncia de que el trabajo agrícola local genera múltiples beneficios medioambientales, como una huella de carbono menor en comparación con la de productos importados, puntos que consideran insuficientemente reconocidos por las autoridades. En este contexto, diversas organizaciones del sector han programado una manifestación el jueves 29 de enero en Ariany, Mallorca, con la finalidad de hacer visible el descontento existente y reclamar medidas de apoyo, según informó el comunicado conjunto de UPA-AIA Baleares, las Cooperativas Agroalimentarias de Baleares y Asaja-Baleares.

El medio explicó que durante la protesta, a la que planean asistir centenares de personas junto con decenas de tractores y maquinaria agrícola, se leerá un manifiesto con las principales demandas del sector agroalimentario. Los organizadores buscan evidenciar el malestar ante la situación que enfrentan los agricultores, quienes consideran que las perspectivas del sector agrario balear atraviesan un momento crítico, con problemas relacionados principalmente con la futura Política Agraria Común (PAC) y el Acuerdo Unión Europea-Mercosur.

Según publicaron las organizaciones convocantes, una de las mayores inquietudes radica en la evolución de la PAC a partir de 2027. Afirman que la actual deriva de esta política comunitaria permite que cada estado miembro de la Unión Europea diseñe sus propias reglas, lo que, a su entender, rompe la lógica de uniformidad inicial y da pie a situaciones de competencia desleal entre agricultores dependientes de reglas y apoyos distintos según su país. Han destacado, además, que el sector se enfrenta a una reducción en los presupuestos asignados, falta de transparencia en la financiación y el riesgo de que la PAC acabe integrada dentro de los presupuestos generales, lo que diluiría su carácter sectorial y, consideran, dificultaría una gestión eficaz y equitativa. También señalaron que el marco normativo es cada vez más complejo, presentando dificultades adicionales para la gestión diaria de las explotaciones agrarias.

Otro de los puntos centrales de las reivindicaciones recoge la inquietud respecto al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur. Según detalló el comunicado recogido por las agencias y reproducido por los medios locales, las organizaciones recalcaron que este tratado facilita la importación de productos agroalimentarios procedentes de países donde las exigencias sanitarias, ambientales, laborales y de bienestar animal difieren o resultan inferiores a las que impone la Unión Europea. Los portavoces del sector afirman que esta asimetría impacta directamente en sectores considerados estratégicos por su aporte económico y social, además de poner en cuestión la seguridad alimentaria, afectar al consumidor europeo y amenazar la continuidad de las explotaciones locales en Baleares.

En sus pronunciamientos, los representantes de UPA-AIA Baleares, Cooperativas Agroalimentarias de Baleares y Asaja-Baleares han recalcado que la pérdida de rentabilidad, unida tanto al incremento constante de los costes de producción como a la creciente carga burocrática, contribuyen al debilitamiento del tejido agroindustrial. Según publicaron los convocantes, a estos factores se añaden los desafíos derivados de la insularidad balear, que elevan los costes logísticos y encarecen los insumos necesarios para la agricultura local. Ante este panorama, el sector exige compensaciones que contemplen este sobrecoste específico, así como incentivos que fomenten la producción local y apoyos fiscales dirigidos a reducir la carga sobre los insumos agrarios.

El medio destacó que la demanda de un “apoyo decidido” a la industria agroalimentaria incluye la petición de medidas para frenar el cierre de empresas agroindustriales, así como la simplificación de la normativa aplicable al sector. Además, reclaman que se reconozcan oficialmente las externalidades positivas generadas por la agricultura mallorquina, como la reducción de emisiones, la conservación del paisaje rural y el valor añadido en el mantenimiento de tejidos sociales en el medio rural.

La organización de la protesta en Ariany se suma a las movilizaciones que se están produciendo en diferentes regiones europeas. El sector insiste en que sus peticiones buscan no solamente mejorar su competitividad frente a importaciones, sino también garantizar la viabilidad de las explotaciones y sostener el empleo rural en Baleares. Según comunicaron las asociaciones organizadoras, la convocatoria aspira a que las administraciones, tanto europeas como estatales y autonómicas, introduzcan cambios profundos en las políticas agrarias que respondan de manera efectiva a los problemas que plantea el sector en estos momentos.