El primer balance oficial de las protestas en Irán indica que de los fallecidos, 690 fueron clasificados como “terroristas, amotinados y aquellos que atacaron bases militares”, según declaraciones del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, citadas por la agencia EFE. Estos datos se suman a cifras comunicadas previamente por la Fundación de Veteranos y Mártires de Irán, dependiente del Gobierno, que confirmó un total de 3.117 víctimas mortales en los disturbios. El informe deja dudas sobre la identidad y circunstancias de las 2.427 muertes restantes, compostas por civiles y efectivos de fuerzas de seguridad, ya que el organismo estatal no desglosó mayor información.
De acuerdo con lo publicado por EFE, la Fundación de Veteranos y Mártires precisó que una parte significativa de los fallecidos eran transeúntes que perdieron la vida por disparos. Añadió además que algunos manifestantes murieron tras ser atacados por lo que describieron como “agentes terroristas organizados entre la multitud”. No obstante, la organización no añadió detalles adicionales que permitan esclarecer las circunstancias exactas de estos decesos.
Las cifras proporcionadas por el Gobierno han sido sometidas a escrutinio por diversas organizaciones de derechos humanos radicadas fuera de Irán. Según consignó EFE, estos grupos sostienen que el número real de muertes supera lo admitido oficialmente. Iran Human Rights (IHR), con sede en Oslo, reportó 3.428 personas fallecidas, mientras que la organización HRANA, con base en Estados Unidos, estimó 4.519 muertes.
Durante las protestas, las autoridades iraníes han atribuido la responsabilidad principal de la violencia y de las muertes a supuestos mercenarios infiltrados que habrían recibido apoyo de Estados Unidos e Israel. Por el contrario, según detalla EFE, los organismos de derechos humanos responsabilizan al Estado iraní de una represión de gran magnitud aplicada contra los manifestantes.
Amnistía Internacional, citada por EFE, ha calificado los episodios de represión como una “masacre”. Entre las acusaciones vertidas contra las fuerzas de seguridad figura el uso de armas de fuego desde los tejados de edificios, mezquitas y comisarías contra personas desarmadas. La organización también destacó una sobrecarga en los centros médicos, los cuales, ante la magnitud de las manifestaciones y la respuesta estatal, no lograron gestionar adecuadamente la cantidad de cadáveres que ingresaron.
El inicio de las movilizaciones se registró a finales de diciembre y tuvo como origen la protesta de comerciantes en Teherán por la devaluación del rial, tal como informó EFE. Posteriormente, las demandas evolucionaron hacia el llamado al cese de la República Islámica, extendiéndose protestas por diferentes ciudades del país. El jueves 8 y el viernes 9 de enero, la ola de manifestaciones alcanzó su pico, con movilizaciones prácticamente en toda la geografía iraní.
Las distintas versiones sobre la procedencia y causa de las muertes han generado un debate entre el Gobierno y los organismos internacionales, mientras la controversia sobre la cifra real de víctimas persiste. El medio EFE relató que la falta de información detallada, tanto en los listados oficiales como en la clasificación de las víctimas, complica la verificación independiente de los hechos.
En este contexto, fuentes de derechos humanos en el extranjero continúan reclamando una investigación imparcial sobre los hechos y el trato a las víctimas. Las discrepancias entre los datos difundidos por la Fundación de Veteranos y Mártires de Irán, los informes oficiales y los números estimados desde el exterior subrayan la distancia entre las narrativas estatales e internacionales, mientras familiares de víctimas, organizaciones no gubernamentales y analistas internacionales pugnan por esclarecer lo ocurrido.
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