MSF denuncia niveles récord de ataques contra la atención médica en los conflictos armados

Apenas unos meses antes de que se cumpla el décimo aniversario de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU relativa a la protección de las instalaciones y del personal médico en contextos de guerra, un informe publicado por Médicos Sin Fronteras (MSF) advierte que los ataques mortales contra la atención médica han alcanzado cifras sin precedentes. Según detalló el medio MSF, el análisis sostiene que esta tendencia se intensifica mientras las partes en conflicto rehúyen sus compromisos del Derecho Internacional Humanitario, generando efectos devastadores sobre hospitales, trabajadores de la salud y pacientes.

De acuerdo con el informe “La atención médica en el punto de mira”, revelado por MSF y recogido por la misma organización, el Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) registró durante 2025 un total de 1.348 ataques a instalaciones de salud, con un saldo de 1.981 personas muertas. Esta cifra duplica la del año previo, cuando se documentaron 944 incidentes similares. MSF indica que el país más afectado fue Sudán, donde perdieron la vida 1.620 trabajadores médicos, humanitarios y pacientes, seguido por Birmania con 148 fallecidos, Palestina con 125, Siria con 41, Ucrania con 19 y Sudán del Sur con 16 decesos.

El medio MSF reportó además que la destrucción de infraestructuras esenciales y la interrupción de tratamientos médicos derivadas de estos ataques han dejado a miles de pacientes sin acceso a servicios sanitarios fundamentales. El informe subraya que las consecuencias trascienden la pérdida de vidas, ya que muchos centros de salud resultan inoperantes, privando así a comunidades enteras de atención médica vital.

Según consignó el medio MSF, existe una evolución en las justificaciones empleadas por las partes implicadas en los conflictos: las antiguas explicaciones que apelaban a “ataques por error” se ven progresivamente sustituidas por declaraciones basadas en la "pérdida de protección" de instalaciones médicas y humanitarias bajo el Derecho Internacional Humanitario. Erik Laan, experto en incidencia política de MSF, explica que estas modificaciones en el discurso suelen implicar una priorización de los objetivos militares frente al deber de proteger a la población civil y reducir el daño a los civiles. Estas tendencias encuentran respaldo en los datos estadísticos y en manifestaciones públicas de responsables gubernamentales y mandos militares.

Respecto a la interpretación de las normas, Laan señaló al medio MSF que en ocasiones los ataques surgen de una comprensión equivocada de las reglas del Derecho Internacional Humanitario, donde se explotan las zonas grises. También lamentó la reiterada omisión de la obligación de emitir advertencias previas y viables antes de proceder con ataques. Según el informe de MSF, las partes enfrentadas muestran menor disposición a salvaguardar a los combatientes fuera de combate —protegidos por el Derecho Internacional— y a las infraestructuras que los asisten, despojando a ambos de sus garantías legales.

En relación con los responsables de la mayoría de estos incidentes, el medio MSF reporta que la Coalición para la Protección de la Salud en Conflictos documentó, en 2024, un total de 3.623 ataques contra la atención sanitaria. Esta cifra representa un incremento del 15% en comparación con el año 2023 y del 62% respecto a 2022. El informe destaca que grupos estatales fueron responsables aproximadamente del 81% de los episodios violentos contra instalaciones sanitarias y personal médico durante el año pasado.

Raquel González, coordinadora de MSF España, remarcó que la implicación del Estado en este tipo de violencia plantea desafíos distintos en la protección de los servicios médicos. Indicó que los actores estatales tienden a emplear bombardeos y explosivos, sobre todo en áreas densamente pobladas, provocando un daño significativo tanto a la infraestructura como a los equipos de salud y a la población civil.

MSF destacó también el efecto desproporcionado que estos ataques tienen sobre el personal local. Entre 2021 y 2025, los trabajadores humanitarios locales representaron el 98% de las víctimas mortales, el 96% de los heridos y el 94% de los secuestrados. En este periodo, más de 1.240 resultaron muertos, cerca de mil sufrieron heridas y cerca de 600 fueron secuestrados en distintas regiones del planeta.

La publicación de este informe tiene lugar al acercarse una década desde que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó una resolución que exigía terminar con la impunidad alrededor de los ataques contra infraestructura y personal médico. Este acuerdo surgió después de la presión ejercida por organismos humanitarios en respuesta al bombardeo, perpetrado por EE. UU. en 2015, contra un hospital de MSF en Kunduz, Afganistán, donde murieron 42 personas.

Según declaró Laan al medio MSF, ese instrumento supuso un avance al ser la primera ocasión en que estas preocupaciones se incluyeron en una normativa vinculante. Sin embargo, de los quince países que aprobaron la resolución, solo seis habían ratificado todos los protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, esenciales para reforzar la protección de las víctimas de los conflictos armados. Desde la tragedia de Kunduz, denunció MSF, la atención médica y la acción humanitaria en las zonas en guerra continúan bajo amenaza constante, con cifras que podrían ser incluso superiores a las de épocas anteriores.

Laan pidió en declaraciones recogidas por MSF que los Estados cumplan íntegramente con el Derecho Internacional y establezcan mecanismos efectivos en el ámbito militar que aseguren la protección de los servicios médicos. Exigió también que los Estados rindan cuentas por el incumplimiento de estas normativas, acepten investigaciones independientes y publiquen los resultados para combatir la impunidad y establecer responsabilidades. MSF considera que la existencia de estos mecanismos resulta imprescindible para esclarecer los hechos y garantizar la protección futura de la atención sanitaria en situaciones de conflicto armado.