Liberados dos hermanos secuestrados por el ELN en el noreste de Colombia

La Defensoría del Pueblo de Colombia ha solicitado la liberación "de manera inmediata e incondicional" de todas las personas que se encuentran en poder de grupos armados en el departamento de Arauca, según informó el propio organismo. Este llamado se produce después de la liberación de dos hermanos, Hugo y Luis González Godoy, quienes permanecieron retenidos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante poco más de una semana en una zona rural del municipio de Tame, cerca de la frontera con Venezuela.

Tal como publicó la Defensoría del Pueblo a través de sus redes sociales, la entrega de los hermanos González Godoy ocurrió este martes en el marco de una misión humanitaria coordinada con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y con la participación de representantes de la Iglesia católica. De acuerdo con el comunicado oficial, la operación humanitaria se desarrolló en la región oriental de Colombia, reinstalando el contacto de los hermanos con sus familias y reiterando la exigencia institucional para que todas las personas en cautiverio sean restituidas a sus hogares.

Según detalló el medio, la liberación de los hermanos se produce en un contexto de creciente preocupación por la persistencia de secuestros en la zona de Arauca. La Defensoría del Pueblo reportó que, desde inicios de 2026, al menos cinco personas han sido privadas de libertad en el departamento. El organismo ha señalado la urgencia de tomar acciones concretas para salvaguardar la vida e integridad de la población civil, implementando medidas que reduzcan el riesgo de nuevos casos de retención ilegal.

Además, el ELN, principal grupo guerrillero activo en Colombia, secuestró a cinco policías el 6 de enero en el municipio de Tibú, departamento de Norte de Santander, mientras se desplazaban en un vehículo de transporte público, informó la Defensoría. El grupo insurgente justificó la captura al afirmar que los agentes ofrecían "apoyo y protección" a la banda narcoparamilitar del Frente 33, una facción disidente de las FARC, aludiendo que esta colaboración se realizaba "por orden presidencial", según consignó la Defensoría del Pueblo.

La presencia de actores armados ilegales en regiones fronterizas como Arauca y Norte de Santander mantiene elevados los riesgos para la seguridad de la población. Las organizaciones humanitarias, como el CICR y la Iglesia católica, participan en comisiones humanitarias para facilitar la liberación de secuestrados y ofrecer acompañamiento a las víctimas y sus familiares, reportó la Defensoría.

El fenómeno del secuestro continúa siendo uno de los principales desafíos para la estabilidad en el noreste colombiano, según detalló la Defensoría, que reiteró la demanda para que los grupos armados respeten el derecho humanitario y garanticen la seguridad de los habitantes en los territorios afectados por la violencia armada. El papel de organismos multilaterales y religiosos cobra relevancia para crear las condiciones que permitan liberar a las personas privadas de libertad, reveló el reporte institucional.

La violencia en los departamentos fronterizos ha generado consecuencias humanitarias graves, incluidas múltiples restricciones de movilidad, desplazamientos forzados y un aumento de la vulnerabilidad para las comunidades rurales, han puntualizado voceros de la Defensoría. Estos incidentes subrayan los desafíos que enfrenta Colombia en relación con la persistencia de actores armados ilegales y la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales y humanitarios para proteger a la población civil y asegurar el respeto a sus derechos básicos.