La AN juzgará en octubre a Duro Felguera, su ex presidente y excargos venezolanos por presuntos sobornos

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La Audiencia Nacional (AN) ha fijado para el 19 de octubre el juicio contra la empresa asturiana Duro Felguera, su expresidente Juan Carlos Torres y los ex viceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado por los presuntos sobornos para la construcción de una central termoeléctrica en el país caribeño.

En una providencia, recogida por Europa Press, la Sala de lo Penal señala los días 19, 20, 21 y 22 de octubre para la celebración de la vista oral. Las sesiones, que arrancarán a partir de las 10.00 horas, se celebrarán en la sede del tribunal de la calle García Gutiérrez.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción pide 9 años y 6 meses de cárcel así como multa de 160.000.000 euros para el expresidente de Duro Felguera por un delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales y un delito continuado de falsedad de documento mercantil.

El Ministerio Público solicita que la empresa sea condenada a 160.000.000 euros de multa e inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante dos años por el delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

Para Villalobos, la Fiscalía pide una condena de 8 años y 9 meses de prisión y multa de 3.600.000 euros por tres delitos continuados de falsedad de documento mercantil y por otro de blanqueo de capitales. Por los mismos delitos, Anticorrupción solicita que Ochoa Alvarado sea condenado a 3 meses de cárcel y multa de 1.625.000 euros.

En el banquillo de los acusados también se sentarán las mujeres de los ex viceministros venezolanos, María Consuelo Pardí y Milagros Coromoto Torres, y el exCEO de Duro Felguera Ángel Antonio del Valle.

LA "GRAN CRISIS ENERGÉTICA"

Fue en julio de 2023 cuando el juez instructor, Ismael Moreno, procesó a 12 personas y cuatro empresas. En cuanto a la docena de investigados, el magistrado apuntaba a presuntos delitos de corrupción internacional, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales por hechos que se remontan a 2009 cuando hubo "una gran crisis energética en Venezuela" que llevó a restricciones y una declaración de "emergencia eléctrica".

El instructor relataba que, "como una de las soluciones para paliar dicha emergencia se decidió por la administración venezolana la construcción de la central termoeléctrica 'Planta El Sitio', en Santa Lucía (estado de Miranda)" con el objetivo de surtir a la Gran Caracas, con 4,5 millones de habitantes.

"Para la adjudicación de esa obra, el entonces ministro de Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, consiguió que se designara a la empresa española Duro Felguera" y "ésta, a cambio, se comprometió a realizar varias entregas de dinero a funcionarios públicos venezolanos que determinaron dicha adjudicación", indicaba.

Moreno detallaba que, para la construcción de la central, Duro Felguera actuó como UTE Termocentro, que firmó "una serie de contratos con entidades y personas venezolanas que tenían por objeto encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos, para que se favorecieran los intereses de dicha mercantil".

En concreto, precisaba que se pagaron al menos 105 millones de dólares a Villalobos a través de "sociedades interpuestas" a fin de que "éste usara su capacidad de influencia en la administración venezolana en beneficio de aquella mercantil".

El magistrado afirmaba que fue ese "trato de favor" obtenido mediante presuntos sobornos lo que permitió que Duro Felguera consiguiera el contrato para la ejecución del proyecto Termocentro, valorado en 1.500 millones de dólares.