Cantabria solicita a Planas mecanismos que protejan "realmente" al sector primario frente a Mercosur

La solicitud de crear un fondo de contingencia para compensar las posibles pérdidas que puedan enfrentar los productores agrarios y ganaderos tras la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur se ha convertido en una de las principales demandas transmitidas por la Consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria, María Jesús Susinos, al Gobierno central. Según informó el Gobierno regional, Susinos ha trasladado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la necesidad de que se adopten un conjunto de mecanismos que otorguen protección efectiva al sector primario ante el impacto de este acuerdo comercial. De acuerdo con lo publicado, la consejera ha enfatizado los riesgos que puede suponer para los agricultores, ganaderos y pescadores cántabros la entrada en vigor de nuevas condiciones para las importaciones, reclamando un respaldo claro en los foros europeos y la revisión de las actuales salvaguardas.

La preocupación de la consejera cántabra parte de la percepción de que los productores locales se encuentran actualmente expuestos a una competencia desigual. Tal como publicó el Gobierno regional, Susinos ha recordado que mientras el sector primario de la región “está en las calles reclamando una defensa de su profesión”, las importaciones de productos agroalimentarios y pesqueros desde países del Mercosur podrían no estar sometidas a las mismas exigencias en materia de controles sanitarios, fitosanitarios y medioambientales. Ante este contexto, la titular de Desarrollo Rural ha insistido en que España debe exigir a la Comisión Europea “garantías reales y palpables” sobre el cumplimiento de las salvaguardias pactadas, asegurando que las cláusulas del acuerdo no queden, según sus palabras, “solo en humo”.

Durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Pesca, Agricultura y Desarrollo Rural, y en los consejos consultivos de Política Pesquera y Agraria para Asuntos Comunitarios celebrados el martes, Susinos ha pedido al ministro Planas que atienda las inquietudes del sector de Cantabria. En este sentido, solicitó el refuerzo inmediato de los controles en los puntos de entrada de mercancías a la Unión Europea, especialmente en los puertos de titularidad estatal. Según detalló el Gobierno autonómico, entre las propuestas presentadas destaca la de incrementar tanto el personal como los recursos técnicos en los puntos de inspección fronteriza, para garantizar que todos los productos importados cumplan las mismas normativas a las que está sujeto el sector interno.

La consejera también planteó, según informó el medio oficial, la necesidad de establecer criterios protegidos para la política de importaciones. Para Susinos, la equiparación de exigencias regulatorias y la intensificación de los controles resultan esenciales para brindar una competencia justa a los productores nacionales, mitigando los efectos del incremento de las importaciones derivadas del acuerdo UE-Mercosur.

En el transcurso de las mismas reuniones, Susinos reiteró el apoyo del Ejecutivo de Cantabria a las labores de negociación del Ministerio en torno a la próxima Política Agraria Común (PAC). Según afirmó, “queda mucha negociación” antes de lograr un presupuesto suficiente y de avanzar en la simplificación administrativa, aspectos que considera estratégicos para la sostenibilidad y el desarrollo del sector.

En el ámbito de la sanidad animal, la consejera abordó la problemática de la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad que afecta a la cabaña ganadera. Según consignó el Gobierno autonómico, pidió al Ministerio que liderase una posición común en Europa para solicitar a la Comisión Europea la reclasificación de la enfermedad del grupo A al grupo B, alineándose así con las reivindicaciones del sector. La categoría actual implica la aplicación de medidas de erradicación “sumamente restrictivas”, como la obligación de sacrificar los animales afectados, restricciones de movimiento y suspensión total de la actividad ganadera en zonas extensas. Según argumentó Susinos, “esas medidas fueron comprensibles en los primeros momentos, pero ahora no resultan plenamente proporcionales al riesgo real actual”. La consejera explicó que un cambio de clasificación permitiría estrategias de control menos severas, priorizando la vacunación y limitando el impacto económico y social, sin que eso implique rebajar el nivel de protección sanitaria.

En respuesta a posibles inquietudes sobre la repercusión que tendría la bajada de la categoría de la enfermedad en los mercados internacionales, la titular de Desarrollo Rural citó su convicción de que, si tal medida fuese adoptada conjunto por todos los países de la Unión Europea, “los mercados no van a castigar a la Unión Europea”, según publicó la nota oficial.

Sobre el sector pesquero, Susinos agradeció, de acuerdo al comunicado del Gobierno de Cantabria, el compromiso mostrado por el ministro Planas al recoger la propuesta del sector pesquero nacional para flexibilizar la aplicación de determinadas obligaciones en relación con el reglamento de inspección y control. La consejera calificó como prioritario que la nueva resolución que incluya estas propuestas se publique a la mayor brevedad y que la Comisión Europea acepte las condiciones pactadas entre España y el sector pesquero en la jornada previa.

En cuanto a la delimitación definitiva del Total Admisible de Capturas (TAC) y las cuotas aplicables a la pesquería del verdel, la responsable cántabra coincidió con las organizaciones pesqueras de la región en que la reducción debe basarse en criterios científicos. Según reportó el Gobierno regional, Susinos defendió que la reducción acordada por el sector debe situarse en el 48% y no en el 70% como se había propuesto previamente en Bruselas. Durante su intervención, la consejera alertó acerca de la “incoherencia” que supondría sancionar a los estados que han cumplido la normativa, mientras que aquellos que han practicado sobrepesca durante los últimos años podrían continuar por ese camino, perjudicando a los países que cumplen. Susinos afirmó que la propuesta con la cual España y sus regiones deberían alinearse es la de una reducción del 48%, pues considera que ajustar la cuota en esa magnitud permite preservar los recursos marinos y al mismo tiempo mantener la viabilidad del sector pesquero local.

Según reiteró la consejera y recogió el Gobierno regional en su comunicado, la defensa de los intereses del sector primario cántabro ante el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur requiere la puesta en marcha de controles reforzados, compensaciones económicas efectivas y la modificación de los reglamentos que afectan tanto a la ganadería como a la pesca. Las discusiones en las conferencias sectoriales y los consejos consultivos nacional y europeos siguen marcando la agenda de trabajo del Ejecutivo autonómico en busca de soluciones concretas para los retos que enfrentan los productores cántabros.