Siria anuncia la captura de 81 presos de Estado Islámico tras su "fuga" de una cárcel del noreste

En el contexto de las recientes operaciones militares y disputas de control en el noreste de Siria, se han confirmado acusaciones de cortes deliberados de agua en la prisión de Al Aqtan, ubicada en Raqqa, donde permanecen recluidos miembros del Estado Islámico. De acuerdo con lo reportado por fuentes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), esta medida, atribuida a grupos armados aliados del Gobierno central, ha provocado una escasez severa de agua que se suma a problemas previos de suministros esenciales, elevando las preocupaciones sobre la situación humanitaria dentro del centro de detención. Esta información se conoce en medio del anuncio del arresto de 81 prisioneros fugados de Estado Islámico a raíz de una serie de enfrentamientos y operaciones de búsqueda en la zona de Al Hasaka.

Según informó la agencia estatal SANA, el Ministerio del Interior de Siria comunicó la detención de estos 81 individuos, quienes formaban parte de un grupo de 120 supuestamente fugados de la prisión de Al Shaddadi, situada en el sur de la provincia de Al Hasaka y bajo custodia de las Fuerzas Democráticas Sirias. Las autoridades señalaron que el Ejército sirio llevó a cabo diversas acciones de búsqueda en la localidad y sus alrededores con el propósito de localizar a los prófugos y asegurar la protección de la población local. Como parte de estas maniobras, se instauró el toque de queda en distintas áreas mientras la operación seguía en curso para dar con los reos restantes.

El Gobierno de Siria justificó la intervención militar y las medidas de seguridad señalando su compromiso con la lucha antiterrorista y la preservación de la estabilidad, de acuerdo con lo publicado por la agencia SANA. El Ministerio del Interior subrayó que estas acciones se realizan en coordinación con el Ministerio de Defensa y la Dirección General de Inteligencia, insistiendo en que su deber nacional es perseguir a los prófugos y continuar colaborando con otros organismos de seguridad.

El anuncio de las detenciones se produce poco después de que fuentes oficiales sirias acusaran a las FDS de haber permitido la liberación intencionada de yihadistas que se encontraban en la cárcel de Al Shaddadi. SANA recogió las declaraciones en las que las fuerzas gubernamentales señalaron la negativa de las milicias kurdas a ceder la gestión de la prisión al Ejército, lo que sumó tensión entre ambas partes. Desde la perspectiva contraria, voceros de las FDS aseguraron a la cadena kurda Rudaw que en realidad facciones próximas a Damasco facilitaron la liberación de todos los internos de la referida prisión.

Según explicó Farhad Shami, portavoz de las FDS, dentro de la prisión de Al Shaddadi había aproximadamente 1.500 miembros del Estado Islámico, muchos de ellos considerados líderes tanto sirios como extranjeros, principalmente de origen árabe. Al ser consultado sobre si todos los detenidos habían sido liberados, Shami respondió afirmativamente y sostuvo que los propios dueños de la acción publicaron vídeos que documentan el hecho. Añadió que actualmente existe un debate intenso sobre los riesgos que este episodio implica para la región, asegurando que Estado Islámico ha recuperado presencia dentro de los territorios controlados por el Gobierno sirio y que busca lanzar nuevos ataques en el noreste y el este del país.

El medio SANA también mencionó la denuncia de las FDS sobre intensos ataques de fuerzas leales al Ejecutivo sirio en la prisión de Shadadi durante la mañana del lunes, lo que habría causado decenas de bajas, aunque sin detallar cifras exactas de fallecidos entre las filas de los kurdo-árabes y de los prisioneros. El grupo kurdo-árabe aseveró que, a pesar de la cercanía de la prisión a una base militar de la coalición internacional —distante solo dos kilómetros—, sus llamadas de auxilio no recibieron respuesta.

En paralelo, las FDS informaron ataques por parte de mercenarios afines al Ejército en la prisión de Al Aqtan, en Raqqa, otro centro penitenciario que alberga yihadistas detenidos. Según la organización, se utilizó armamento pesado y drones, resultando en al menos nueve miembros muertos y veinte heridos. Posteriormente, acusaron a delegaciones afiliadas al Gobierno central de rodear, atacar y cortar el suministro de agua a este establecimiento carcelario. A través de un comunicado en redes sociales, advirtieron que estas acciones representan una violación grave de las normas internacionales y colocan en peligro la vida de los internos, responsabilizando totalmente a las autoridades centrales sirias de cualquier consecuencia humanitaria o de seguridad derivada de estos hechos. "Pedimos a las organizaciones internacionales que intervengan de forma urgente para garantizar la cobertura de las necesidades básicas en la prisión", expresaron las FDS en referencia a la crisis en curso.

Durante las jornadas posteriores a los combates, las FDS difundieron imágenes en redes sociales que muestran supuestas ejecuciones por decapitación cometidas por fuerzas progubernamentales sirias contra prisioneros, además de videos que documentan la liberación de internos vinculados con el Estado Islámico. Estos contenidos refuerzan el clima de violencia y descontrol que impera en la zona, según han puntualizado las milicias kurdas.

Otro elemento clave en el desarrollo de la crisis ha sido la presentación de un acuerdo por el que se establecerían cambios administrativos y militares en la región. Tal como recoge la agencia SANA, el acuerdo establece que, en intercambio por la suspensión inmediata de la ofensiva del Ejército en el noreste sirio, tanto la Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria (AANES) como las FDS reconocerán la transferencia total y sin dilación de la administración de las provincias de Deir Ezzor y Raqqa al Gobierno central. Además, las instituciones civiles de la provincia de Hasaka quedarían integradas en las estructuras estatales sirias.

En el marco de este acuerdo, las Fuerzas Democráticas Sirias aceptan retirarse a las áreas situadas al este del río Éufrates, mientras que el Gobierno central asumiría el control de los cruces fronterizos y los yacimientos de petróleo y gas en la región. La protección de estos recursos quedaría a cargo del Ejército regular, con el objetivo de restablecer la entrega de los ingresos obtenidos por la extracción de hidrocarburos al Estado sirio.

Las tensiones y enfrentamientos relatados por ambas partes han tenido impactos directos en la población civil residente en las zonas afectadas y en los internos de los centros penitenciarios. Las denuncias de violaciones a los derechos humanos, la precariedad de las condiciones en las cárceles y las acusaciones cruzadas sobre la liberación de yihadistas subrayan la compleja realidad que afronta la región del noreste sirio.

Las distintas versiones presentadas por el Gobierno y las Fuerzas Democráticas Sirias muestran una profunda desconfianza recíproca y un escenario de enfrentamientos en el que se superponen intereses estratégicos, seguridad fronteriza, recursos naturales y control territorial sobre zonas clave de Siria, una dinámica que, según observa la agencia SANA, complica la resolución del conflicto y agrava los desafíos humanitarios y de seguridad en el país.