Líderes ultraortodoxos culpan a los recortes a haredíes por la muerte de dos bebés en una guardería ilegal

Durante la jornada del lunes, se desarrollaron protestas en Jerusalén y Beit Shemesh, protagonizadas por centenares de miembros de la comunidad ultraortodoxa, quienes mostraron su rechazo a la intención de las autoridades de realizar autopsias a los cuerpos de dos bebés fallecidos en una guardería ilegal. De acuerdo con la información publicada por Times of Israel, la tensión en las manifestaciones se incrementó debido a que la Policía y la Fiscalía israelíes buscaban avanzar en las investigaciones forenses pese a la oposición de las familias, que arguyeron motivos religiosos para impedir cualquier manipulación de los cuerpos.

Según detalló el medio Times of Israel, figuras políticas vinculadas a la comunidad haredí en Israel atribuyeron las muertes de los dos menores —de cuatro y seis meses, hallados junto a otros 53 bebés y niños con lesiones en la escuela infantil no autorizada— a los recientes recortes en los subsidios a la población ultraortodoxa. Los partidos Shas y Judaísmo Unido de la Torá sostuvieron que las reducciones impuestas por el gobierno de Benjamin Netanyahu, tras el fallo judicial que declaró ilegales las exenciones del servicio militar para hombres haredíes, forzaron a muchas familias a buscar ingresos, empujándolas hacia alternativas precarias en el cuidado infantil.

Aryeh Deri, líder del partido Shas, intervino en el Parlamento israelí para señalar que la miseria generada por los recortes obligó a los padres haredíes a usar servicios de guardería no regulados y menos seguros. Según recogió Times of Israel, Deri planteó dudas sobre la responsabilidad social al afirmar: “¿Quién puede decir: ‘Nuestras manos no derramaron esta sangre’?”. El político añadió que, si bien existe una prohibición expresa sobre operar guarderías sin licencia, considera necesaria una “profunda introspección” sobre el contexto social que favorece la proliferación de estos centros ilegales.

En la misma sesión legislativa, Moshe Arbel, también miembro de Shas y exministro del Interior, abordó la diferencia en el trato entre los hijos de inmigrantes ilegales, quienes acceden a cuidado institucional, y los hijos de estudiantes de yeshivá que, según denunció, son excluidos de las guarderías supervisadas. Arbel reclamó un alto a lo que definió como una “persecución” hacia la población ultraortodoxa y defendió que “la vida de los niños debe permanecer al margen de cualquier lucha política”. Además, lamentó que “la sangre de bebés inocentes, niños que aún no han probado el pecado, clama desde la tierra”.

Judaísmo Unido de la Torá, por su parte, divulgó un comunicado, recogido también por Times of Israel, en el que responsabilizó directamente a los recortes estatales del aumento de escenarios de hacinamiento y de la aparición de guarderías no cerradas a pesar de las advertencias. El partido afirmó que, aunque se alertó de manera explícita y reiterada contra las severas políticas implementadas hacia los objetores del servicio militar, las medidas gubernamentales no se revertieron, afectando la estabilidad económica de muchas familias y, en consecuencia, la seguridad de los menores.

En cuanto a la investigación judicial, Times of Israel relató que el tribunal de Jerusalén aprobó la realización de autopsias como parte de los procedimientos legales, pese a la oposición de los padres de los bebés y la comunidad ortodoxa. Para la tradición ultraortodoxa, cualquier manipulación de un cadáver representa un acto de profanación, razón por la cual el conflicto entre los representantes estatales y los familiares se trasladó a la esfera pública mediante protestas. Los manifestantes se enfrentaron a la Policía en distintos puntos, expresando su descontento con el curso de las investigaciones.

El fallecimiento de los bebés ocurrió en una guardería que operaba fuera del marco legal, espacio donde más de 50 menores —además de los dos fallecidos— resultaron con diferentes tipos de lesiones. Según publicó Times of Israel, los recortes en los subsidios motivaron a muchas mujeres haredíes, que previamente se dedicaban al cuidado doméstico, a insertarse en el mercado laboral. Esta situación generó una demanda adicional de servicios de guardería, pero también habría saturado los centros regularizados, abriendo espacio a establecimientos no autorizados y con estándares de seguridad deficientes.

El trasfondo de la polémica involucra la sentencia judicial reciente que privó a los hombres de la comunidad haredí de las exenciones históricas al servicio militar, lo que desencadenó ajustes presupuestarios con impacto directo en los programas sociales y ayudas económicas para familias ultraortodoxas. Las formaciones políticas que representan a este sector recuerdan, según consignó Times of Israel, que ya advertían sobre los efectos negativos que tales decisiones podrían tener sobre el tejido social y familiar.

Los eventos motivaron debates parlamentarios sobre la gestión estatal de las guarderías y la protección de los menores en circunstancias de vulnerabilidad económica. La discusión entre mantener una política de igualdad ante la ley respecto al servicio militar y garantizar mecanismos de protección social a las familias ultraortodoxas continúa ocupando la agenda política y judicial del país, mientras las consecuencias de la tragedia suscitan respuestas desde distintos sectores.

La tensión entre autoridades e integrantes de la comunidad haredí se reflejó tanto en el plano legislativo como en las calles, al tiempo que aumentan los cuestionamientos sobre el alcance y las consecuencias colaterales de las reformas y fallos judiciales recientes. Las investigaciones en torno al centro infantil ilegal permanecen abiertas, mientras familias y representantes políticos vuelven a plantear el debate sobre las condiciones socioeconómicas y las políticas públicas que pueden derivar en situaciones de riesgo para los más pequeños, según la cobertura de Times of Israel.