La Fiscalía retira la solicitud de imputación al jefe de la unidad de protección de Colombia por caso Uribe

El documento de la Fiscalía, divulgado a través de redes sociales, remite la investigación del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay a un nuevo equipo creado específicamente para esclarecer el caso, el Grupo de Tareas Especiales para la Investigación y Judicialización. Tras esta decisión, la responsabilidad de determinar si se imputan cargos por prevaricación por omisión a Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), pasa a este grupo especial, mientras continúan abiertas las pesquisas sobre el homicidio ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá. La familia de Uribe Turbay sigue reclamando garantías de justicia y expresa inquietud respecto a la actuación de la Fiscalía.

De acuerdo con la información difundida por el medio, la Fiscalía de Colombia retiró el lunes la petición de imputación de cargos contra el titular de la UNP, Augusto Rodríguez. El proceso inicial en su contra se había fundamentado en la denuncia presentada por la familia de Miguel Uribe Turbay —a través del abogado Víctor Mosquera—, que señalaba a Rodríguez por presuntamente no atender hasta 23 solicitudes del senador y precandidato presidencial para fortalecer su esquema de seguridad antes de ser víctima del ataque armado.

Tal como consignó el medio, la fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública justificó el retiro de la solicitud de cargos argumentando que la investigación debe quedar en manos de los “despachos competentes”, con el objetivo de evitar futuras nulidades procesales y centralizar las diligencias por la complejidad y trascendencia de los hechos. El mismo documento institucional señala que, tras la conformación del Grupo de Tareas Especiales el 11 de junio de 2025, la competencia para evaluar posibles imputaciones salió del ámbito de la Unidad de Administración Pública.

La Fiscalía indicó, según reportó la fuente, que este grupo especial se encargará de analizar todos los hechos relacionados con el atentado contra Uribe Turbay. De manera explícita, se aclara que la investigación sigue en marcha y que el paso tomado no implica el cierre del caso, sino el traspaso formal para “concentrar las diligencias de una forma eficiente dada la naturaleza de los hechos investigados y su relevancia”.

El asesinato de Miguel Uribe Turbay, quien fuera senador conservador y figura destacada en la política nacional, generó un amplio impacto en la sociedad colombiana. Uribe Turbay falleció el 11 de agosto de 2025, tras permanecer hospitalizado en estado grave durante dos meses, como consigna el medio original. El ataque, perpetrado el 7 de junio en Bogotá, motivó la denuncia por parte de la familia, señalando que las reiteradas peticiones de protección al director de la UNP no recibieron respuesta adecuada.

El comunicado del bufete Mosquera, difundido tras la decisión de la Fiscalía, admite preocupación por la actuación del Ministerio Público, aunque reconoce que la medida apunta a asegurar el respeto del debido proceso. “Entendemos que se quiere preservar la prevalencia del estricto derecho para evitar nulidades futuras”, precisa el texto, al tiempo que subraya la confianza en que la coordinación entre el Grupo de Tareas Especiales y la Fiscalía garantice una investigación eficaz.

El bufete también plantea la importancia de que el Ministerio Público fije en el corto plazo una nueva cita para la formulación de la imputación, asegurando así coherencia en el desarrollo de la causa, continuidad en las tareas investigativas y pleno resguardo de los derechos de las víctimas, según consta en el comunicado publicado por el medio.

En relación con los avances judiciales, las autoridades colombianas han registrado hasta el momento la detención de nueve personas vinculadas al crimen, incluida la del joven de 15 años que disparó contra el senador. El menor murió el 11 de agosto tras dos meses internado en estado crítico debido au las heridas recibidas durante su aprehensión, de acuerdo con la información proporcionada.

La creación y asignación del Grupo de Tareas Especiales responde, según el informe del medio, a un intento institucional de asegurar la eficiencia investigativa frente a la complejidad del caso, que involucra presuntas omisiones en la protección de funcionarios públicos en riesgo. El futuro desarrollo del expediente queda ahora bajo la órbita de este nuevo grupo, que tendrá la función de abordar todas las diligencias relativas al atentado y a la denuncia por prevaricación señalada contra el director de la UNP.

A lo largo de la cobertura del caso, el medio ha reseñado la preocupación de la familia Uribe Turbay y de su representante legal respecto a la posibilidad de que eventuales dilaciones o nulidades procesales afecten la búsqueda de justicia. Tanto la familia como sus abogados se han mostrado vigilantes ante el desarrollo procesal, reiterando la necesidad de garantizar la transparencia y protección de los derechos de las víctimas, en un contexto marcado por la trascendencia pública del asesinato de un dirigente político.

El traspaso del caso al Grupo de Tareas Especiales marca un nuevo capítulo en la investigación por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, cuyos familiares y representantes legales solicitan avances ágiles y efectivos. La Fiscalía, por su parte, expone la decisión como una medida para reforzar la rigurosidad y eficiencia en el esclarecimiento del crimen.