Israel demuele la sede en Jerusalén Este de la UNRWA, que habla de "ataque sin precedentes"

Philippe Lazzarini, comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), señaló que la reciente demolición de la sede de este organismo en Jerusalén Este constituye “un nuevo nivel de desafío abierto y deliberado al Derecho Internacional, incluidos los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas, por parte del Estado de Israel”. Esta declaración se produjo tras la entrada de fuerzas israelíes a primera hora de la mañana en las instalaciones ubicadas en el barrio de Sheij Yarrá, donde excavadoras comenzaron la demolición en presencia de parlamentarios y del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. Según consignó el medio Europa Press, este acto fue calificado por la UNRWA como un “ataque sin precedentes” y fue acompañado por otras medidas recientes que buscan restringir la presencia y las actividades del organismo en los territorios palestinos.

La agencia de noticias Europa Press recogió que las autoridades israelíes justificaron la demolición mediante una legislación aprobada por el Parlamento en octubre de 2024, la cual prohíbe las actividades de la UNRWA en la ciudad. Según el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, el Estado es propietario del terreno en cuestión y la confiscación del complejo, llevado a cabo por la Autoridad de Tierras, se habría producido en conformidad con el Derecho israelí e internacional. Además, Marmorstein afirmó que antes de la entrada en vigor de la legislación en enero de 2025, la UNRWA ya había cesado sus operaciones en ese lugar y no contaba con actividad o personal de Naciones Unidas en el complejo.

La UNRWA, por su parte, insiste en que Israel está obligado, como Estado miembro de Naciones Unidas y de acuerdo a las normas internacionales, a respetar la inviolabilidad de las instalaciones de la organización. Lazzarini recordó que la demolición se produce después de otras acciones similares de las autoridades israelíes, entre ellas la irrupción militar del 12 de enero en un centro sanitario de la agencia en Jerusalén Este, que terminó con el cierre del establecimiento. Advirtió que próximamente se prevé suspender el suministro de agua y electricidad a diversas sedes del organismo, incluyendo centros educativos y de salud. El comisionado general atribuyó estos acontecimientos a la legislación aprobada por el Parlamento israelí en diciembre, que reforzó las restricciones contra la UNRWA implementadas desde 2024.

Lazzarini enfatizó que estas acciones contradicen el fallo emitido en octubre por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que estableció que Israel, bajo el derecho internacional, debe facilitar las operaciones de la UNRWA en vez de obstaculizarlas. Subrayó también que la corte reconoció la falta de jurisdicción israelí sobre Jerusalén Este y que “no puede haber excepciones” al respecto. El responsable de la UNRWA alertó que lo sucedido con la agencia podría afectar en el futuro a otras organizaciones internacionales o misiones diplomáticas que trabajen en los Territorios Palestinos Ocupados u otras partes del mundo.

Las autoridades israelíes han defendido públicamente la demolición. Oren Marmorstein reiteró en redes sociales que las instalaciones ya no disfrutaban de inmunidad y que la medida representa la aplicación de la legislación nacional vigente. Israel sostiene que funcionarios y empleados de la UNRWA participaron en la masacre del 7 de octubre de 2023 y en el secuestro de ciudadanos israelíes, acusaciones que la agencia ha rechazado en diversas ocasiones. Además, Marmorstein insistió en que “numerosos empleados de la organización son terroristas de Hamás y de Yihad Islámica, y su infraestructura se ha utilizado para la construcción de túneles, el lanzamiento de cohetes y actividades terroristas”. Añadió también que “UNRWA-Hamás dejó hace tiempo de ser una organización de ayuda humanitaria y se ha convertido en un invernadero para el terrorismo”.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, quien estuvo presente en el momento de la demolición, calificó la jornada como un “día histórico” y un “día festivo” para la soberanía israelí en Jerusalén. Manifestó que, a su juicio, “durante años, estos simpatizantes del terrorismo han estado aquí, y hoy están siendo expulsados de aquí con todo lo que han construido. Esto es lo que se les hará a todos los simpatizantes del terrorismo”.

Europa Press detalló que la relación entre Israel y la UNRWA se ha tensado de manera significativa en los últimos años. Las autoridades israelíes han acusado reiteradamente a la agencia de apoyar a grupos armados palestinos como Hamás, aunque una investigación independiente dirigida por la exministra de Exteriores de Francia, Catherine Colonna, concluyó en abril de 2024 que, si bien existen áreas de mejora en materia de neutralidad y transparencia, no se hallaron pruebas que confirmen los vínculos alegados entre empleados de la UNRWA y organizaciones terroristas. A pesar de estas conclusiones, las medidas israelíes contra el organismo no se han revertido, y las fuerzas de seguridad realizaron el 8 de diciembre de 2023 una redada en la sede del barrio de Sheij Yarrá, acción que la agencia condenó como “flagrante desprecio” por el Derecho Internacional.

La UNRWA ha sostenido que las acciones implementadas por las autoridades israelíes forman parte de un esfuerzo sistemático para eliminar la identidad de los refugiados palestinos y obstaculizar su labor humanitaria y educativa. La agencia también ha advertido de los efectos que pueden tener los próximos cortes de servicios esenciales en su capacidad para atender a la población palestina.

Las declaraciones de los funcionarios israelíes y la postura de la UNRWA reflejan el persistente conflicto institucional y jurídico que rodea la situación de Jerusalén Este, un territorio cuyo estatus permanece disputado a nivel internacional. Los recientes acontecimientos, según la cobertura de Europa Press, se enmarcan dentro de la campaña del Gobierno israelí para limitar la presencia y la actuación de organismos vinculados a Naciones Unidas en esta zona, en contraste con los pronunciamientos de los principales tribunales y órganos internacionales.