Chile anuncia la "inminente" extradición desde Argentina de un exguerrillero señalado por la muerte de un senador

El proceso judicial que mantenía suspendida la extradición de Galvarino Apablaza desde Argentina a Chile se destrabó tras el reciente fallo de un tribunal de apelaciones argentino, emitido el 16 de febrero, que decidió revocar el estatus de refugio del exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Este cambio allana el camino para que la Justicia chilena pueda avanzar en la solicitud de traslado, una medida largamente esperada por las autoridades de Santiago y que, según informó el ministro de Seguridad Pública de Chile, Luis Cordero, podría concretarse en breve.

Tal como publicó la agencia Europa Press, el ministro Cordero señaló este lunes que la extradición de Apablaza es "inminente". El gobierno chileno y la Policía de Investigaciones han completado los pasos necesarios y están preparados para llevar a cabo el traslado, de modo que sólo resta la decisión definitiva de las autoridades argentinas para materializar el viaje del exguerrillero hacia Santiago. La coordinación operativa entre ambos países se mantiene a la espera de esa confirmación formal.

Europa Press detalló que Apablaza encabezó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, una organización armada de orientación de izquierda, y está requerido por la justicia chilena por su presunta responsabilidad intelectual en el asesinato de Jaime Guzmán, senador y fundador del partido Unión Democrática Independiente (UDI) ocurrido en 1991. Además, las autoridades lo vinculan con el secuestro de Cristián Edwards, hijo del propietario del diario chileno 'El Mercurio' en el mismo año.

El medio Europa Press explicó que Apablaza obtuvo asilo político en Argentina durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El siguiente mandatario, Mauricio Macri, revocó dicho estatus, pero la defensa del exguerrillero recurrió con éxito a una serie de apelaciones que mantuvieron vigente la protección judicial durante varios años. Esta circunstancia impidió cualquier avance en la cooperación judicial respecto a su extradición.

Con la reciente resolución del tribunal argentino, la situación dio un vuelco. El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, destacó en su momento la importancia del fallo y criticó a quienes ponían en duda las garantías del sistema judicial chileno para los acusados. Kast, quien perteneció a la UDI hasta 2016, afirmó que quienes rechazan la extradición de Apablaza "no conocen el sistema judicial chileno o tienen una visión ideologizada del asunto", reproducen medios chilenos según Europa Press.

La extradición de Apablaza ha ocupado durante años la agenda estatal chilena. El Estado considera de máxima prioridad su comparecencia ante los tribunales nacionales para responder por los cargos vinculados al asesinato de Guzmán y el secuestro de Edwards, dos hechos considerados determinantes en la historia política reciente del país.

Según consignó Europa Press, la Policía de Investigaciones de Chile ya cuenta con los medios logísticos y la planificación necesaria para trasladar a Apablaza tan pronto el gobierno argentino emita la resolución definitiva. Las autoridades chilenas esperan que el acto se produzca en los próximos días, señalando que ya “se encuentran coordinados y estamos a la espera de la decisión del Gobierno argentino”, dijo el ministro Cordero a la emisora T13, citado por el medio internacional.

La detención y eventual extradición de Apablaza podría tener implicancias políticas en ambos países, dada la relevancia de los delitos de los que se le acusa y el historial de fricciones y cooperaciones bilaterales en materia de derechos humanos y asilo político. Apablaza ha permanecido durante años en suelo argentino bajo la protección legal que ha sido objeto de prolongados procesos judiciales y de presión diplomática desde Chile.

El caso de Guzmán, asesinado a la salida de una clase universitaria en Santiago en 1991, sigue siendo foco de atención en la escena política chilena. El senador fundó la UDI y participó en la redacción de la Constitución chilena de 1980. La muerte de Guzmán y el posterior secuestro de Edwards se produjeron en el contexto de fuertes tensiones tras la transición democrática en el país.

Europa Press subrayó que la reanudación del proceso de extradición ha sido recibida con expectativa entre los sectores políticos chilenos y organizaciones relacionadas tanto con la defensa de los derechos humanos como con la lucha contra la impunidad de los crímenes de la dictadura y el periodo posterior.

La Justicia chilena y el Ejecutivo permanecen atentos a la respuesta formal de Buenos Aires, mientras la figura de Apablaza representa un caso emblemático para las discusiones sobre la cooperación judicial regional y el tratamiento de los exiliados y acusados a raíz de hechos políticos violentos del pasado reciente.