Presos de Guatemala se amotinan en tres cárceles de manera simultánea y toman como rehenes a 46 personas

Las peticiones formuladas por uno de los cabecillas de la pandilla Barrio 18 incluyeron su traslado a otra cárcel diferente a 'Renovación 1', además de la instalación de aire acondicionado en su celda y la autorización para ingerir comida proveniente de determinados restaurantes. Según difundió el medio, estos requerimientos se plantearon durante los motines en tres centros penitenciarios de Guatemala, en los que fueron tomados como rehenes 45 funcionarios de prisión y un psicólogo.

El medio reportó que el gobierno de Guatemala, bajo la administración de Bernardo Arévalo, atribuyó los disturbios a la pandilla Barrio 18, la cual Estados Unidos ha declarado organización terrorista internacional. El titular del Ministerio de Gobernación, Marco Antonio Villeda, rechazó cualquier intención de negociar con los responsables de los motines, asegurando en rueda de prensa: “Este Gobierno, esta Administración del Ministerio de Gobernación, en primer lugar, no va a pactar con ningún grupo terrorista. No voy a ceder a esos chantajes y no voy a regresarle los privilegios con el objeto que depongan sus acciones”.

De acuerdo con lo informado, los incidentes ocurrieron de manera simultánea en los penales de 'Fraijanes 2', 'Renovación 1' y el sector 11 del 'Centro de Detención Preventiva de la zona 18'. Los internos lograron tomar el control de áreas relevantes dentro de estas instalaciones penitenciarias y retuvieron a decenas de personas, mientras las autoridades desplegaron contingentes de la Policía Nacional Civil, el Ejército y personal del Sistema Penitenciario con el objetivo de restaurar el orden y evitar la fuga de los internos.

El Ministerio de Gobernación difundió un comunicado en el que responsabilizó a los líderes de la organización criminal por la coordinación de las protestas, y remarcó que “estas acciones son consecuencia de una política clara: en Guatemala no se negocia con terroristas ni con el crimen organizado, tampoco se tolera que grupos que han sembrado violencia pretendan imponer sus condiciones”, según publicó el medio. Las demandas expresadas por los amotinados buscaban restablecer privilegios previamente suprimidos por las autoridades en el contexto de la política de seguridad penitenciaria.

El medio consignó que el responsable identificado como 'El Lobo', uno de los cabecillas de Barrio 18, se comunicó con las autoridades para pedir la satisfacción de sus exigencias como condición para poner fin a los motines. Esta situación se produjo tras antecedentes recientes de crisis en el sistema penitenciario guatemalteco, entre los que destaca la fuga, en octubre pasado, de una veintena de presos pertenecientes también a Barrio 18. Esa evasión provocó la renuncia del entonces ministro de Gobernación, la viceministra de Asuntos Antinarcóticos y el viceministro de Seguridad.

El presidente Arévalo catalogó esa fuga como “inaceptable” y dispuso el incremento de las medidas de seguridad en el sistema carcelario, contando incluso con colaboración del FBI, según recordó el medio. Dichas acciones buscaron corregir fallas y frenar la corrupción en las cárceles, además de la proyección de construir una nueva prisión de máxima seguridad con capacidad para 2.000 internos, dirigida a aislar a integrantes de organizaciones criminales de alto perfil.

Hasta el momento de la publicación, las fuerzas de seguridad mantenían operativos en los tres recintos penitenciarios donde los incidentes seguían bajo control de los detenidos, y las autoridades centraban sus esfuerzos en preservar la integridad de los rehenes y en evitar la propagación de la violencia o posibles fugas. La situación puso nuevamente en el centro del debate el control y la gestión de las cárceles guatemaltecas, así como la capacidad del Gobierno para neutralizar intentos de extorsión organizados por estructuras criminales desde el interior de los penales, según detalló el medio.