Las autoridades guatemaltecas atribuyeron a líderes del grupo criminal Barrio 18 la organización de los tres motines simultáneos en las cárceles de Fraijanes 2, Renovación 1 y el sector 11 del Centro de Detención Preventiva de la zona 18. Según detalló el medio Europa Press, los incidentes ocurrieron con la retención de 46 personas, de las cuales 45 eran funcionarios del sistema penitenciario y una era psicólogo. El gobierno argumentó que estos disturbios buscaron doblegar la autoridad estatal e imponer exigencias, entre las que se encontraban el traslado de un cabecilla apodado 'El Lobo', mejoras en las condiciones de reclusión como aire acondicionado y el ingreso de alimentos de restaurantes específicos.
El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, hizo pública la postura oficial durante una rueda de prensa, asegurando que “Este Gobierno, esta Administración del Ministerio de Gobernación, no va a pactar con ningún grupo terrorista. No voy a ceder a esos chantajes y no voy a regresarle los privilegios con el objeto que depongan sus acciones”, según consignó Europa Press. El funcionario señaló que los motines fueron una reacción ante las medidas adoptadas para suprimir beneficios a líderes de organizaciones criminales dentro de los centros penales, en particular los vinculados a la mencionada pandilla, considerada por Estados Unidos como organización terrorista internacional.
El Ministerio de Gobernación indicó en un comunicado citado por Europa Press que, “la fuerza pública está siguiendo con los protocolos de actuación (establecidos) frente a los motines realizados”. Desde el inicio de la crisis, activaron los procedimientos institucionales para proteger la integridad de los retenidos y atender los hechos bajo criterios de rigor profesional y respeto del marco de seguridad democrática. Se desplegaron agentes de la Policía Nacional Civil, del Ejército y del Sistema Penitenciario a los recintos afectados, con la tarea de restablecer el control y prevenir fugas de internos, aclarando que los custodios mantenían el dominio de las áreas donde ocurrieron los disturbios.
El comunicado también reafirmó que “la seguridad y la paz social de todas y todos los guatemaltecos son prioridad absoluta y se defienden con autoridad, decisión y responsabilidad”. El Ministerio sostuvo que la alteración en los centros penitenciarios respondió de manera directa a la política establecida por el gobierno, orientada a eliminar privilegios que anteriormente eran otorgados a jefes de estructuras del crimen organizado, y reafirmó que la administración “no negocia con terroristas ni con el crimen organizado, tampoco se tolera que grupos que han sembrado violencia pretendan imponer sus condiciones”.
Europa Press recordó que en octubre, un grupo de al menos veinte miembros de Barrio 18 logró escapar de una penitenciaría en un episodio que llevó al presidente Bernardo Arévalo a calificar el hecho como “inaceptable”. Aquella fuga motivó una investigación interna y causó la renuncia del entonces ministro de Gobernación, la viceministra de Asuntos Antinarcóticos y el viceministro de Seguridad. Posteriormente, el Ejecutivo anunció el refuerzo de la seguridad en todo el sistema penitenciario con apoyo técnico del FBI, además de planificar la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad con capacidad para albergar hasta dos mil internos.
El mismo comunicado del Ministerio exhortó a la ciudadanía a recurrir únicamente a canales oficiales para informarse sobre la evolución de la situación carcelaria y reiteró su compromiso con el manejo firme e institucional de cualquier amenaza representada por grupos criminales que operan dentro del sistema penitenciario. Según reportó Europa Press, hasta el cierre del reporte la situación en las prisiones permanecía bajo el control de los presos amotinados, mientras las fuerzas de seguridad mantenían el cerco y ejecutaban acciones preventivas para contener posibles intentos de evasión o episodios adicionales de violencia.
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