Lima, 17 ene (EFE).- La suspendida fiscal general de Perú, Delia Espinoza, deberá presentarse el próximo jueves ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de control de la Judicatura peruana, para ejercer su derecho a defensa como parte de un proceso disciplinario que plantea su destitución definitiva del cargo.
La JNJ informó este sábado que Espinoza ha sido citada para que ofrezca un informe oral ante el pleno del organismo desde las 10.30 horas del jueves (15.30 GMT), durante un tiempo máximo de 10 minutos.
En septiembre pasado, la Junta suspendió a la fiscal durante seis meses, por haberse negado a acatar una orden que le dio para que restituya en el cargo a su antecesora Patricia Benavides, quien también había sido suspendida por la anterior composición del JNJ, al enfrentar investigaciones por presunta corrupción.
"La fecha de la vista de causa es impostergable", remarcó el organismo antes de señalar que la entrevista se realizará en la sede de la JNJ en el distrito limeño de San Isidro y será transmitida por sus plataformas digitales.
Si Espinoza no puede intervenir en persona, podrá designar a un abogado para que ejerza su derecho de defensa.
La JNJ, que durante los últimos meses de 2025 mantuvo un enfrentamiento con la fiscal general, aseguró que conduce los procesos disciplinarios "con criterios técnicos, objetivos y públicos".
El pasado 10 de diciembre, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada una medida cautelar solicitada por la JNJ para impedir la reposición de la fiscal, que había sido ordenada por sendas resoluciones judiciales.
Espinoza ejerció el cargo desde noviembre de 2024 hasta septiembre pasado, en medio de una crisis interna en el Ministerio Público, desde la suspensión de Benavides, en mayo de 2024, por presuntamente haber encabezado una red corrupta al interior del organismo.
En diciembre pasado, el Congreso peruano también desaforó a Espinoza, al aprobar una acusación constitucional para que sea procesada por los delitos de abuso de autoridad, prevaricación, usurpación de funciones y falsedad genérica, por haber impulsado investigaciones contra altos funcionarios, a pesar de que el Parlamento entregó esa función a la Policía Nacional.
Además, el pleno del Parlamento la inhabilitó para ejercer cualquier cargo público durante 10 años.
Mientras tanto, la fiscalía general ha sido asumida de manera interina por el fiscal supremo Tomás Galvez, quien el pasado 6 de enero disolvió los equipos especiales del Ministerio Público que investigaron casos emblemáticos de corrupción en el país, como el que implicó a la constructora brasileña Odebrecht. EFE
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