
Las quejas sobre los posibles recortes en la futura Política Agraria Común (PAC) y la propuesta de imponer aranceles a los fertilizantes rusos, junto con la exigencia de cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, se unieron este viernes a una movilización destacada de productores del sector primario en Burgos. Según la información publicada por la Subdelegación del Gobierno y reproducida por diversos medios, unos 250 tractores y alrededor de 600 agricultores y ganaderos tomaron las calles burgalesas para rechazar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur, en una protesta que las organizaciones agrarias definieron como histórica para el campo local y nacional.
De acuerdo con la información difundida por el medio, la jornada estuvo marcada por la amplia participación social y el respaldo ciudadano a lo largo del recorrido. Los organizadores —entre ellos Asaja Burgos, Unión de Pequeños Agricultores (UPA), COAG, Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) y Agricultores y Ganaderos Unidos (AGU)— señalaron que el acuerdo con Mercosur, que involucra a Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, amenaza tanto a los productores agrarios como a los propios consumidores europeos.
Esteban Martínez, presidente de Asaja Burgos, transmitió que el sector se enfrenta a un problema de gran envergadura con este pacto y reclamó a la representación política que rechace de manera definitiva el acuerdo. Martínez destacó durante la convocatoria que "el campo siempre es quien paga las consecuencias y el coste de otras prioridades como el gasto en Defensa". El dirigente alertó sobre la entrada de carne en los mercados europeos "sin garantías" y de "mala calidad", y cuestionó el enfoque europeo sobre sostenibilidad y productos de proximidad, considerando que las políticas actuales no los protegen.
El medio informó que los convocantes cifraron la movilización en cerca de 500 tractores y alrededor de mil personas, aunque las cifras oficiales ofrecidas por la Subdelegación del Gobierno se situaron en 250 tractores y 600 participantes. Las organizaciones agrarias remarcaron la importancia de la unidad del sector y solicitaron el apoyo continuo de trabajadores del campo y de la sociedad en general de cara a próximas movilizaciones, incluyendo la convocada para el día 29, para defender el futuro del campo y de las siguientes generaciones.
Entre los aspectos más criticados por los asistentes, tal como consigna la prensa, figura la previsión de recortes en la PAC, que podrían suponer hasta el 20 por ciento de los fondos actuales. Los representantes de las organizaciones sostienen que este ajuste presupuestario respondería a otras prioridades europeas, como el incremento del gasto en defensa, asumiendo el sector agrícola la mayor parte del impacto.
Los participantes también expresaron su preocupación por la propuesta de impuestos adicionales sobre los fertilizantes importados desde Rusia, lo que, en su opinión, terminaría por agravar la presión financiera sobre agricultores y ganaderos que ya soportan un notable aumento de costes de producción. Según señalaron varios portavoces durante la protesta, esta iniciativa supondría "la puntilla definitiva" para un sector que, afirman, atraviesa una situación crítica desde hace tiempo.
El cumplimiento íntegro de la ley de la cadena alimentaria fue otro de los temas destacados durante la jornada. Los líderes de las organizaciones asistentes solicitaron que esta legislación se aplique de forma rigurosa en todos los sectores productivos, asegurando unas relaciones justas entre productores, distribuidores y grandes superficies. Junto a esto, se expusieron otras preocupaciones vinculadas a la crisis sanitaria que afecta a la ganadería y a la incertidumbre derivada de los marcos de financiación europeos.
A lo largo del día, las cinco organizaciones que impulsaron la protesta presentaron un manifiesto tanto al delegado de la Junta en Burgos, Roberto Saiz, como al subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente. Les solicitaron que trasladen sus demandas a los responsables políticos de sus respectivos gobiernos, insistiendo en la necesidad de proteger al sector primario nacional frente a cambios legislativos y acuerdos internacionales que consideran perjudiciales.
Según detalló la prensa local, los manifestantes han insistido en la importancia de mantener abierta la vía de movilización y de sumar a la ciudadanía y a nuevos colectivos a la defensa del campo. De mantenerse las actuales políticas y avanzar en acuerdos como el de Mercosur, advierten sobre las consecuencias negativas para la agricultura española y la posibilidad de futuras restricciones económicas derivadas de las políticas europeas.
La protesta de Burgos se enmarca dentro de un contexto más amplio de contestación del sector agrícola español ante políticas comunitarias y pactos internacionales que, según los organizadores, no cuentan con la participación ni el consenso de las bases sociales que sostienen la producción de alimentos en España.
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