Sumar y los socios piden al Gobierno que califique de "secuestro" la captura de Maduro y reclaman su liberación

Diversas fuerzas políticas han exigido al Ejecutivo que adopte una postura firme ante la detención del presidente venezolano y rechace cualquier acto que vulnere el Derecho Internacional, pidiendo medidas urgentes y el fin de la injerencia exterior en el país

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Durante la comparecencia en el Congreso para tratar la situación en Venezuela, diferentes fuerzas políticas han puesto el foco en la apreciación del Gobierno español sobre la detención de Nicolás Maduro a manos de fuerzas estadounidenses, poniendo el énfasis en la calificación de "secuestro" para referirse a ese episodio. Según consignó Europa Press, varias formaciones solicitaron que el Ejecutivo español emita un rechazo explícito a la intervención y requirieron la inmediata liberación del presidente venezolano, trasladado por militares estadounidenses para ser juzgado por narcoterrorismo en Estados Unidos.

El medio Europa Press detalló que el grupo Sumar, junto con sus aliados parlamentarios, ha reclamado al Gobierno que adopte una postura pública sin ambigüedades y que reconozca la captura de Maduro como un acto que vulnera el Derecho Internacional. Durante el Pleno del Congreso de los Diputados, Agustín Santos —portavoz de Sumar en la Comisión de Exteriores— argumentó que España debe acompañar a Venezuela para evitar que su soberanía quede a merced de intereses ajenos, en referencia directa a la eventualidad de un protectorado tutelado por Donald Trump. En ese contexto, Santos llamó a propiciar el diálogo entre todas las fuerzas políticas venezolanas, destacando la urgencia de liberar a todos los presos políticos, con mención expresa a Maduro.

Sumar exige también el levantamiento de las sanciones internacionales, alegando que afectan principalmente a la población en situación más precaria. Según publicó Europa Press, Santos subrayó que las sanciones internacionales han tenido consecuencias principalmente adversas para los sectores vulnerables, restando eficacia a una posible solución de la crisis interna.

La intervención del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero también centró parte del debate. Diversos portavoces, entre ellos Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana (ERC), defendieron la labor mediadora de Zapatero y replicaron las críticas del Partido Popular (PP) y Vox, quienes presentaron al ex presidente como un supuesto aliado del chavismo. Rufián recordó acciones pasadas en las que Zapatero defendió a líderes españoles ante dirigentes venezolanos y atribuyó la hostilidad del PP hacia Zapatero a consideraciones políticas e históricas vinculadas a logros electorales y en materia de lucha antiterrorista. Rufián insistió en que la situación reciente en Venezuela debe calificarse sin reservas como "secuestro", pidiendo al ministro Albares que lo haga explícito en su discurso y recordando que la legalidad internacional debe prevalecer sobre diferencias políticas o ideológicas.

Ione Belarra, dirigente de Podemos, denunció la intervención reciente de Estados Unidos en Venezuela, relatando ataques armados sobre Caracas, el fallecimiento de civiles y, en sus palabras, el "secuestro" del presidente. Según manifestó Europa Press, Belarra también acusó al Partido Popular de respaldar a la opositora María Corina Machado, con cuestionada legitimidad en opinión de Donald Trump. Dirigiéndose a la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, Belarra sostuvo que los populares han quedado en evidencia por su respaldo en este contexto.

Jon Iñarritu, portavoz de EH Bildu, utilizó el término "secuestro" y calificó la agresión estadounidense como un hecho que sienta un precedente negativo e incompatible con las normas internacionales, posicionamiento que también reiteró la parlamentaria de BNG, Néstor Rego. Rego atribuyó a la operación militar estadounidense la violación de la soberanía venezolana y la transgresión directa del Derecho Internacional, solicitando al Gobierno español que exija el cese de toda acción hostil por parte de Washington y la excarcelación de Maduro.

Desde el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Maribel Vaquero coincidió en que la intervención militar estadounidense supone una violación del orden internacional, señalando que la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores fue producto de una incursión no autorizada en territorio venezolano. Vaquero matizó, sin embargo, que su partido espera que, llegado el momento, Maduro sea investigado y procesado por una instancia judicial que garantice la independencia y la imparcialidad. Además, sostuvo que el hecho de reprobar la intervención extranjera no implica justificación de lo que denominó un sistema “político-dictatorial” sostenido, en su opinión, por fraudes electorales dentro de Venezuela.

Por su parte, Marta Madreras, diputada de Junts, mostró su respaldo al pueblo venezolano y criticó abiertamente tanto al gobierno de Maduro como la acción militar estadounidense. Para Madreras, la administración Trump vulneró los principios elementales del Derecho Internacional mediante esta “demostración de fuerza”. Remarcó la importancia de distinguir entre legalidad y legitimidad, advirtiendo que asumir acríticamente cualquiera de las posturas enfrentadas implica avalar formas de represión comparables a episodios históricos vividos en España. Según reportó Europa Press, Madreras enfatizó el rechazo a la represión, siempre que esté justificada en la defensa de derechos y libertades democráticas.

Cristina Valido, de Coalición Canaria, manifestó que la ciudadanía venezolana no debe ser considerada rehén de los intereses partidistas, ni de izquierdas ni de derechas, ni tampoco de grandes potencias que buscan explotar recursos locales. Añadió que la única opción viable está en la vía diplomática y en la búsqueda de una solución negociada.

Durante todo el debate, los portavoces reiteraron la necesidad de una reacción inmediata del Gobierno español ante acciones exteriores que consideran ilegales y contrarias a la soberanía de Venezuela. Las fuerzas políticas que intervinieron subrayaron que la calificación de lo ocurrido como “secuestro” reviste importancia jurídica y simbólica en el contexto internacional, e insistieron en emplazar al Ejecutivo a adoptar una respuesta clara, alejándose de cualquier postura ambigua o tibia frente a los sucesos recientes.

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