
Aena ha registrado un nuevo récord de tráfico durante 2025, mientras la disputa pública entre la gestora aeroportuaria y la aerolínea irlandesa Ryanair continúa generando controversia sobre el modelo de tarifas aplicado a los aeropuertos españoles. Según Aena, el debate sobre las tarifas ha cobrado una relevancia que no se corresponde con su impacto real en la operativa aérea ni en la economía del sector. El presidente y consejero delegado de la compañía, Maurici Lucena, expresó su inconformidad con el tono de la discusión durante su intervención en el Foro Nueva Economía. “Intento no apartarme de temas objetivos en la discusión, pero el debate se ha convertido en algo absurdo”, indicó Lucena, de acuerdo con información publicada por Europa Press.
El directivo subrayó su respeto hacia Ryanair, principal operador de bajo coste en el país, aunque mostró su hartazgo con una polémica que, según sus palabras recogidas por Europa Press, se ha tornado “absolutamente estéril”. Ryanair ha acusado a Aena de funcionar como un monopolio y de fijar tarifas poco competitivas, particularmente en aeropuertos de menor tamaño, lo que habría llevado a la compañía irlandesa a reducir millones de plazas en rutas desde esas instalaciones. En contraste, Lucena defendió que el sistema tarifario gestionado por Aena se encuentra “entre los más competitivos que existen” y recalcó que estas tarifas son necesarias para asegurar la calidad y funcionamiento adecuado de las infraestructuras aeroportuarias.
Las disputas han coincidido con un año de crecimiento para Ryanair en el mercado español, según consignó Europa Press, a pesar de que la aerolínea optó por abandonar ciertas rutas. Para Lucena, este hecho demuestra la existencia de elementos de “escenificación, mucho teatro”, en el debate público, mientras que en la práctica las operaciones avanzan en otra dirección. El ejecutivo citó publicaciones recientes para ilustrar cómo, pese al tono de la disputa, el tráfico aéreo y la presencia de la aerolínea irlandesa siguen en aumento.
Al explicar su posición, Lucena empleó una referencia académica al funcionamiento de los aeropuertos: la operación, el mantenimiento y la ampliación de infraestructuras implica costes, y la cuestión central es la asignación de estos gastos. Defendió la necesidad de evitar que el contribuyente asuma el coste final, proponiendo que una regulación adecuada impida el deterioro de las instalaciones y salvaguarde las cuentas públicas. Insistió, conforme detalló Europa Press, en que “el coste de Aena para los españoles es negativo”, ya que el Estado, como titular del 51% de la sociedad, recibe parte de los beneficios vía dividendos.
El crecimiento estimado del tráfico aéreo para los próximos años obliga a adelantarse, ejecutando inversiones en los aeropuertos españoles que, según Lucena, se multiplicarán por 4,5 a partir del siguiente ejercicio. Para el presidente de Aena, resulta lógico que las tarifas se incrementen moderadamente para financiar este esfuerzo inversor, manteniendo siempre la competitividad en comparación con el entorno europeo. “Si alguien piensa que para mantener los aeropuertos de Aena en perfecto estado de revista, pedirles que acomoden el tráfico futuro y que sean cada vez más seguros se van a bajar permanentemente las tarifas, entras en una espiral de debate que creo que es un poco absurdo”, puntualizó Lucena, en declaraciones recogidas por Europa Press.
En cuanto al reparto de costes y la financiación de las inversiones, Lucena negó la idea, que atribuyó a una creencia extendida, de que son las compañías aéreas quienes costean las mejoras en los aeropuertos. Comparó la situación con empresas de otros sectores, como Seat o Inditex, donde las inversiones corresponden a la propia empresa y no se trasladan directamente al cliente final. El presidente de Aena consideró que esta confusión se repite de manera frecuente en el sector aeroportuario y sostuvo que una regulación eficiente debe responder al interés general, al margen de los intereses particulares tanto de las aerolíneas como de la gestora.
La transformación prevista en los aeropuertos españoles, diseñada para un horizonte de al menos treinta años, busca atender las necesidades del país más allá de los ciclos y protagonistas actuales del sector. Lucena advirtió, según consignó Europa Press, que “quién sabe qué aerolíneas va a haber volando dentro de 30 años”, y que, por ese motivo, no corresponde que las empresas aerocomerciales del presente dicten la política futura. Aunque reconoció el papel fundamental de las aerolíneas en el proceso de consulta, matizó que “su opinión no puede ser determinante”, del mismo modo que la de Aena “tampoco puede serlo”.
La cifra de negocio y el modelo operativo de Aena reflejan la participación mayoritaria del Estado a través de la propiedad del 51% de la sociedad, lo que, según Lucena, revierte en beneficio público. De acuerdo con el directivo, los dividendos generados por la empresa retornan parcialmente al ciudadano, lo que disminuye o incluso elimina el impacto financiero de la entidad en las arcas públicas. El enfoque de las inversiones y la revisión de tarifas, insistió, deben atender la sostenibilidad y mejora de la red aeroportuaria nacional, con “un compromiso muy importante” que mantiene a los precios dentro de los más competitivos a nivel continental.
La postura de Aena, reportó Europa Press, se sostiene en la necesidad de adaptar la infraestructura a la evolución sostenida del sector aéreo, utilizando mecanismos de financiación que no comprometan los recursos del contribuyente y garanticen el interés general. El debate actual, planteado por Ryanair y otras aerolíneas sobre la competitividad tarifaria, se enmarca dentro de una disputa más amplia sobre el modelo de negocio aeroportuario y su proyección a largo plazo en España.
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