Víctimas de abusos en la Iglesia aplauden que el Gobierno promueva una reforma para que no tributen las indemnizaciones

El debate sobre la protección a víctimas de delitos sexuales en España tomó un nuevo rumbo tras las recientes declaraciones del portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, quien aseguró a Europa Press que “lo mínimo” es que las personas afectadas reciban la compensación económica “íntegra”, sin que deban tributar por ella. El representante de ANIR resaltó que Navarra ya implementó esta exención fiscal y que el Parlamento español se dispone a aplicarla a nivel estatal, afirmación confirmada recientemente a la asociación. La noticia principal radica en que el Consejo de Ministros acordó este martes llevar a cabo reformas legales necesarias para que las indemnizaciones a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia queden exentas del Impuesto sobre la Renta, conforme detalló Europa Press.

El compromiso del Ejecutivo se remonta al pasado 8 de enero, día en el que, según reportó Europa Press, los obispos españoles comunicaron tras la presentación del acuerdo Iglesia-Estado que el Gobierno había aceptado incluir la exención impositiva en las medidas de reparación. Varias organizaciones consultadas consideran que esta decisión responde parcialmente a una demanda histórica de quienes han padecido agresiones sexuales en entornos eclesiásticos, ya que hasta la fecha las indemnizaciones quedaban sujetas a tributación como cualquier otro ingreso, independientemente del motivo o la gravedad subyacente.

Desde la asociación Lulacris, representantes consultados por Europa Press describieron como “muy positivo” que las cantidades destinadas a resarcir a las víctimas lleguen sin deducciones impositivas. La entidad sostiene que se trata de “una medida de justicia justa, dado el grave daño” provocado por los abusos sexuales en la Iglesia y celebra que el Gobierno haya dado un paso adelante en ese sentido. A su juicio, eliminar la tributación a estas compensaciones constituye una reparación más acorde a la magnitud del daño sufrido.

El primer denunciante del caso de la Abadía de Montserrat, Miguel Hurtado, señaló a Europa Press que una de las “líneas rojas” de las organizaciones de víctimas era conseguir que las indemnizaciones entregadas a quienes sufrieron pederastia clerical no se vieran reducidas por impuestos, de manera que pudieran obtener la totalidad de lo asignado en concepto de reparación. Hurtado valoró como positiva la iniciativa del Gobierno y la intención de reformar la legislación para garantizar este derecho. También expuso la necesidad de ampliar el alcance de las reformas para dar respuesta a situaciones aún sin resolver, reclamando que el Ejecutivo cumpla la promesa de impulsar una ley de imprescriptibilidad civil retroactiva, que permitiría que cualquier víctima de abuso pueda reclamar su compensación, no solo quienes padecieron violencia en el seno de la Iglesia.

El medio Europa Press detalló que el acuerdo de avanzar en la reforma surgió tras meses de presión social, especialmente de entidades defensoras de los derechos de la infancia y la adolescencia y colectivos de personas adultas que denunciaron malas prácticas institucionales. Según consignó dicha fuente, la medida se enfoca en reparar la situación financiera de quienes recibieron indemnizaciones judiciales o extrajudiciales a raíz de condenas por abuso sexual cometido en contextos religiosos, aunque otros grupos reclaman que la exención se extienda a todas las víctimas, independientemente del origen de la agresión.

Diferentes asociaciones han insistido ante España y sus regiones sobre la importancia de que los resarcimientos no sean objeto de tributación, dado que el pago de impuestos limita el efecto reparador previsto en las sentencias condenatorias y acuerdos extrajudiciales. Este punto fue destacado por portavoces de ANIR y Lulacris, que recordaron que la fiscalidad aplicada a las víctimas muchas veces imposibilita que reciban el beneficio pleno de una indemnización acordada.

Durante el anuncio de la decisión gubernamental, varios portavoces reiteraron a Europa Press su expectativa de que la reforma se implemente con celeridad y que se considere el impacto de la reforma más allá del ámbito eclesiástico, solicitando la creación de un marco legal que permita reconocer y reparar los daños a cualquier víctima de abusos sexuales en España. Entidades como ANIR insistieron en que la justicia requiere no solo una reparación económica completa, sino también la eliminación de obstáculos legales y fiscales para acceder a ella.

El debate sobre la retroactividad de una posible ley de imprescriptibilidad civil continúa vigente, después de que en anteriores ocasiones los colectivos demandaran que esta herramienta jurídica posibilite a quienes sufrieron agresiones en el pasado percibir las indemnizaciones pertinentes. Según la información recabada por Europa Press, la falta de imprescriptibilidad constituye una barrera especialmente significativa en los casos de abusos que salieron a la luz décadas después de su comisión.

El acuerdo entre el Estado y la Iglesia Católica, expuesto públicamente en enero, representa un avance para parte de las víctimas y entidades de la sociedad civil, según publicaron los propios obispos y confirmó Europa Press. El documento recoge la voluntad del Ejecutivo de impulsar modificaciones en la regulación tributaria para que no se penalicen fiscalmente las ayudas y reparaciones otorgadas por vulneraciones de derechos. Esta nueva fase legislativa demuestra, según el medio, la presión ejercida por parte de las organizaciones de víctimas, cuya intervención ha incidido de forma directa en los términos del pacto alcanzado.

En el panorama actual, la iniciativa del Consejo de Ministros busca unificar criterios y asegurar que todas las personas afectadas por abusos sexuales en entornos eclesiales reciban el total estipulado sin mermas fiscales. No obstante, la petición de una ley de imprescriptibilidad mantiene en agenda el debate sobre la necesidad de que la protección y reparación alcance a la totalidad de víctimas, más allá de quienes sufrieron violencia en el ámbito de la Iglesia, como han reiterado reiteradamente los portavoces consultados por Europa Press.