Navarro (DGT): "En estos momentos si tú paras por una avería o un incidente y no colocas la V-16, te van a denunciar"

El Partido Popular solicitó a la Dirección General de Tráfico (DGT) documentación técnica, jurídica y económica que avale el uso obligatorio de la baliza luminosa V-16 en carretera como medida prioritaria para la reducción de siniestros, según informó Europa Press. Este requerimiento, registrado en la Cámara Baja en diciembre, se produce en el contexto de la reciente entrada en vigor de la obligatoriedad del dispositivo V-16 para todos los vehículos que circulan por vías españolas, medida que ya contempla la imposición de sanciones a quienes no lo utilicen adecuadamente o empleen modelos sin homologación.

De acuerdo con Europa Press, el director general de Tráfico, Pere Navarro, reiteró que en la actualidad cualquier conductor que se detenga por avería o incidente en la vía y no utilice la baliza V-16 puede recibir una denuncia, tal como establece la legislación vigente. Navarro enfatizó ante el medio que la normativa comenzó a regir desde el 1 de enero y remarcó el carácter obligatorio de la señalización, precisando que el periodo de adaptación fue generoso, puesto que afecta a cerca de 30 millones de vehículos. Añadió que el objetivo principal radica en preservar la seguridad vial y reducir la mortalidad, y no en incrementar el número de multas.

Navarro evitó especificar una fecha para dar por finalizado el margen de flexibilidad concedido a los conductores. Tras participar en la jornada ‘Innovación urbana. Movilidad Sostenible y Smart Cities’, el responsable de la DGT afirmó para Europa Press que la meta es salvar vidas por encima de la función sancionadora. Las declaraciones de Navarro se produjeron posteriormente a la retirada de homologación por parte de la DGT de varios modelos de balizas V-16. Esta decisión respondió, según consignó el medio, a la falta de actualización de las licencias de los fabricantes y no a defectos en el funcionamiento del dispositivo.

En relación al importe de las sanciones, Europa Press detalló que las multas por no portar la baliza homologada ascienden a 80 euros, en línea con las aplicadas previamente por no llevar los triángulos de preseñalización. El uso de la baliza V-16 implica además que solo los dispositivos verificados por laboratorios autorizados, como IDIADA o LCOE, se consideran válidos bajo la regulación actual.

Durante la última presentación del balance provisional de seguridad vial, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó a Europa Press que tanto la Guardia Civil como las policías de tráfico actuarán con criterio flexible en la aplicación de sanciones durante un periodo razonable, priorizando la información a la ciudadanía sobre la nueva medida. El ministro subrayó que la intención no es recaudatoria sino preventiva, con el foco puesto en la reducción de la siniestralidad en carretera.

Grande-Marlaska explicó, según reportó Europa Press, que España se convierte en pionera con la implantación obligatoria de la baliza V-16, medida que es seguida con interés por otros países europeos que valoran introducir iniciativas similares en sus normativas. Comparó esta evolución normativa con la tomada por Reino Unido y Luxemburgo, que suspendieron el uso de los triángulos de preseñalización en autopistas al considerarlos un riesgo para los conductores que deben bajar del vehículo en situaciones de emergencia.

El titular de Interior expuso que en 2025 fallecieron 103 peatones en carreteras, cifra que representa cerca del 10% del total de víctimas mortales. Añadió que, en muchos de esos casos, los fallecimientos se produjeron mientras la persona intentaba colocar los triángulos tras una avería o accidente. Europa Press recogió palabras del ministro subrayando que numerosas entidades y especialistas en seguridad vial llevan alertando sobre los peligros asociados a esta práctica al menos desde 2014. De igual manera, en 2019 el sector de auxilio en carretera solicitó al Gobierno medidas de protección adicionales para los operarios de grúas, dada la peligrosidad de las intervenciones en vía pública.

En sus declaraciones, Grande-Marlaska destacó que la baliza V-16 sustituye a los triángulos y disminuye el peligro al eliminar la necesidad de que el conductor descienda del vehículo. Explicó que el dispositivo emite una señal luminosa visible a un kilómetro de distancia y se integra con sistemas de conectividad vehicular para que la incidencia quede registrada en los navegadores de otros vehículos y en paneles informativos de las carreteras.

Acerca de la privacidad, el ministro aclaró para Europa Press que el único dato almacenado por el sistema corresponde a la ubicación del suceso, sin recopilación de información personal adicional. Remarcó que la finalidad exclusiva de esta función recae en la seguridad vial, y señaló que cada año aproximadamente 25 personas fallecen mientras intentan señalizar una avería o accidente.

El nuevo marco regulatorio determina que el transporte de una baliza no homologada o la ausencia del dispositivo está registrado como infracción leve, sancionada con 80 euros. Según Europa Press, los laboratorios IDIADA y LCOE son las entidades responsables de garantizar el cumplimiento técnico exigido para las balizas empleadas en territorio español.

Antes de la entrada en vigor de la normativa, la DGT destituyó la certificación de varias marcas de balizas V-16 debido a la expiración de sus licencias por parte de los fabricantes. La autoridad de tráfico descartó que el motivo de estas retiradas se debiera a fallos técnicos en los sistemas de iluminación.

Ante el nuevo escenario, Europa Press reportó que desde distintos ámbitos, tanto técnicos como políticos, se solicita la evaluación minuciosa de la eficacia y el impacto de la baliza V-16 como herramienta principal para la prevención de accidentes y la seguridad de los trabajadores de servicios auxiliares en carretera. La iniciativa surge en un contexto de transición donde el foco de las autoridades está orientado a combinar la protección de quienes circulan con la necesidad de adaptar la regulación a un parque automovilístico de gran volumen.