Arranca en la CIJ el caso de Gambia contra Birmania por presunto genocidio contra la comunidad rohingya

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha iniciado este lunes la primera vista judicial en el caso presentado por Gambia contra Birmania por violar sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948, de la que el país asiático es parte, ante la "brutal" violencia cometida contra la comunidad rohingya.

"No hemos presentado este caso a la ligera. Lo hemos hecho tras revisar informes creíbles sobre las violaciones más brutales imaginables infligidas a un grupo vulnerable que ha sido deshumanizado y perseguido durante muchos años", ha resaltado durante la primera sesión el ministro de Justicia de Gambia, Dawda A. Jallow.

Jallow ha defendido que el caso fue presentado en 2019 bajo un gran "sentido de la responsabilidad", teniendo en cuenta que Gambia tiene experiencia en soportar las consecuencias de una junta militar, en alusión al golpe de Estado encabezado por el general Yahya Jamé contra el Gobierno del entonces presidente Dawda Jawara en 1994.

"Más de dos décadas de brutal dictadura nos han enseñado que debemos usar nuestra voz para condenar la opresión, los crímenes contra individuos y grupos, dondequiera y cuando sea que ocurran", ha detallado, agregando que "de lo contrario la impunidad garantizará que tales crímenes se repitan una y otra vez".

Las audiencias se prolongarán hasta el próximo 29 de enero. La corte internacional ya ordenó a Birmania en enero de 2020 que adoptara "todas las medidas" necesarias para evitar que se produzca un genocidio contra la minoría rohinghya después de que Gambia pidiera medidas cautelares a la espera de un veredicto definitivo.

GAMBIA PRESENTÓ EL CASO ANTE LA CIJ EN 2019

El caso se remonta a una primera solicitud de Gambia ante la corte internacional el 11 de noviembre de 2019 en la que defendió que el Ejército y otras fuerzas de seguridad birmanas cometieron "operaciones de limpieza generalizadas y sistemáticas" contra la comunidad rohingya desde octubre de 2016.

El objetivo era, según el escrito de Gambia, "eliminar a los rohingya como grupo, total o parcialmente, mediante el uso de asesinatos en masa, violaciones y otras formas de violencia, así como la destrucción sistemática de sus aldeas con incendios", a menudo con los propios residentes dentro de las viviendas.

"A partir de agosto de 2017, estos actos genocidas continuaron con la reanudación por parte de Birmania de operaciones de limpieza a una escala geográfica más masiva y amplia", reza el texto enviado a la corte en 2019, que agrega que estos actos podrían constituir violaciones de la Convención contra el Genocidio.

En este sentido, aseguró que Birmania "ha incumplido y sigue incumpliendo sus obligaciones" en virtud de la citada convención, mientras que también pidió a la corte actuar para prevenir estos actos genocidas y que el Ejército no los siga cometiendo.

Entre los actos descritos en el texto se encuentran "ejecuciones extrajudiciales o abusos físicos; violación u otras formas de violencia sexual; quema de casas o aldeas; destrucción de tierras y ganado, privación de alimentos y otras necesidades de la vida, o cualquier otra imposición deliberada de condiciones de vida que busquen la destrucción del grupo rohingya".

Gambia también señaló en su solicitud que Birmania "debe garantizar que las personas que cometen genocidio sean castigadas por un tribunal competente", a la par que "cumplir con las obligaciones de reparación en interés de las víctimas incluyendo, entre otras, permitir el regreso seguro y digno de los desplazados forzosamente", así como "el respeto a su plena ciudadanía y Derechos Humanos".

"Birmania no destruirá ni hará inaccesible ninguna prueba relacionada con los hechos descritos en la solicitud, incluyendo, la destrucción o la inaccesibilidad de los restos de cualquier miembro rohingya que haya sido víctima de presuntos actos genocidas, o la alteración de lugares físicos donde se alega que ocurrieron dichos actos", agrega.

El paso de presentar la solicitud, resultado de la implicación personal de Tambadou tras visitar los campos de refugiados rohingya en Cox's Bazar y su experiencia trabajando en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), contó con el apoyo de 57 estados miembro de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI).

La antigua líder 'de facto' y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi --otrora considerada como un símbolo de la lucha por la democracia y los Derechos Humanos-- fue duramente criticada por la campaña de sangrienta represión con la que el Ejército birmano respondió en agosto de 2017 a una serie de ataques de milicianos rohingyas en el estado de Rajine.

Como resultado de la misma, más de 700.000 miembros de la minoría musulmana rohingya, a los que Birmania no reconoce como ciudadanos, se refugiaron en el vecino Bangladesh. Una comisión de investigación de Naciones Unidas llegó a la conclusión un año después de que las tropas birmanas tuvo una "intención genocida" en su respuesta contra el Ejército de Salvación del Arakán Rohingya (ARSA).

Suu Kyi sí reconoció los excesos cometidos por las fuerzas birmanas, si bien tachó de "engañosa" la acusación de genocidio de Gambia. El Artículo 94 de la Carta de Naciones Unidas reza que todos los estados miembro deben acatar las decisiones de la CIJ.