El anuncio de la Fiscalía General de Irán, que califica a todos los manifestantes como 'mohareb', es decir, enemigos de Alá, implica la posibilidad legal de sentencias de muerte para las personas detenidas durante las protestas recientes. Según informó CNN, esta calificación se enmarca en una situación caracterizada por una represión sostenida, la interrupción total del acceso a internet a nivel nacional y la denuncia de arrestos masivos. Las organizaciones humanitarias han informado que el número de víctimas mortales durante las protestas ha alcanzado cifras elevadas, mientras la cantidad de personas detenidas sigue aumentando, entre ellas decenas de menores de edad.
De acuerdo con el último informe publicado por la ONG HRANA, con sede en Estados Unidos, al menos 490 personas han perdido la vida desde el inicio de las protestas en Irán, que se desataron hace más de dos semanas en las principales ciudades del país. La organización también cifró el total de arrestos en 10.675 personas, incluyendo a 169 menores. Skylar Thompson, subdirectora de HRANA, ofreció estas declaraciones a la cadena CNN. Esta información aún no cuenta con confirmación oficial por parte del gobierno iraní, y otras organizaciones han proporcionado balances considerablemente más bajos.
El Centro para los Derechos Humanos en Irán (IHRNGO), con sede en Noruega, es una de las entidades que presenta cifras distintas. El medio CNN recogió que esta organización reportó hasta el momento 192 fallecidos, aunque reconoció que parte de los informes que recibe sugieren la posibilidad de que el total supere los 2.000 muertos. Además, IHRNGO indicó que entre los fallecidos identificados por la organización se encuentran al menos nueve menores. El director de IHRNGO, Mahmud Amiri-Moghaddam, fue citado por CNN al advertir que el número real de muertes podría ser mayor ante la falta de comunicación derivada del corte nacional de internet: "Las muertes de manifestantes en los últimos días, en particular desde el corte a nivel nacional de internet, podría ser incluso mayor de lo que nos imaginamos ahora mismo".
La causa inicial de las protestas fue la depreciación sostenida del rial, la moneda iraní, respecto al dólar estadounidense, lo que derivó en el estallido social ocurrido el 27 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán. Según relató CNN, las manifestaciones se expandieron rápidamente a otras ciudades de Irán y se transformaron en expresiones de rechazo contra la clase política en el poder.
Las autoridades han recurrido a la restricción completa del acceso a internet en todo el país desde hace al menos cuatro días, según reportó HRANA y confirmaron otros grupos humanitarios. Este control sobre la información ha dificultado la verificación independiente de las cifras de muertos y detenidos. Además, los medios públicos iraníes han dado cuenta de la detención masiva de personas a las que describen como "alborotadores", en línea con la narrativa oficial que deslegitima las protestas.
El IHRNGO advirtió que el accionar de las autoridades iraníes podría constituir un crimen internacional. Según reportó CNN, Amiri-Moghaddam sostuvo: "La República Islámica está cometiendo un crimen internacional contra el pueblo de Irán y la comunidad internacional está obligada según el derecho internacional a emplear todos los medios para detener este crimen".
La situación de los menores detenidos ha recibido especial atención por parte de las organizaciones humanitarias. De acuerdo con la subdirectora de HRANA, Skylar Thompson, al menos 169 personas menores de edad se encuentran en centros de detención tras su participación en las manifestaciones.
Las discrepancias entre los balances publicados por HRANA y el IHRNGO reflejan las dificultades de acceder a información verificable. A pesar de ello, ambos grupos coinciden en señalar la represión a gran escala y la ausencia de canales de comunicación frente a la imposición de restricciones gubernamentales.
El contexto de crisis económica y deterioro de la moneda nacional sirvió de telón de fondo a las protestas, que rápidamente adquirieron un carácter político. Según consignó CNN a partir de los reportes de HRANA y el IHRNGO, el uso de cargos como 'mohareb' ha incrementado las preocupaciones de la comunidad internacional sobre los derechos humanos y el futuro de quienes permanecen detenidos en el país.
Las organizaciones consultadas por CNN advierten que la persistencia de la falta de acceso a internet supone un obstáculo para la documentación adecuada de lo que sucede en el terreno, mientras aumenta el temor por nuevas víctimas y detenciones. Por otra parte, la tipificación penal utilizada por la Fiscalía General —que establece la pena capital para los acusados— marca un endurecimiento de la respuesta oficial a las movilizaciones.
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